Tras el accidente en la vía Pifo-Papallacta, la Fiscalía de Pichincha formuló cargos en contra del ciudadano Cristian Andrés P., de nacionalidad colombiana, por el presunto delito de muerte culposa. 

El siniestro ocurrido la madrugada del martes 14 de agosto dejó 23 muertos y 22 heridos.

La audiencia de calificación de flagrancia se realizó este miércoles 15 de agosto en la Unidad Judicial de Tránsito de La Pradera. Allí, la jueza Lucy Núñez, ratificó la orden de prisión preventiva en contra el procesado.

Además, ordenó la retención del automotor de la empresa colombiana Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente y la prohibición de enajenar el autobús, con el fin de precautelar los derechos de las víctimas.

En la audiencia, el fiscal de turno en flagrancia de Tránsito, Alejandro Alemán, presentó como elementos de convicción las versiones de algunos heridos que viajaban en la unidad y la certificación de médicos legales que hicieron las autopsias.

También las pericias técnicas del Servicio de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (SIAT), que determinaron que la causa del siniestro sería una cristalización en los tambores de los frenos posteriores (pérdida de frenos).

El autobús contaba con dos conductores, según las investigaciones de la Fiscalía. Uno de ellos perdió el control del vehículo por la falla en los frenos, que luego se dirigió a la cuneta, volcó, chocó contra un jeep y avanzó descontroladamente hasta impactarse con dos postes y tres viviendas en el sector.

La Fiscalía también investiga un contrato que se encontró en la unidad para transportar a un grupo de personas, aparentemente
en viaje de turismo, desde Cali (Colombia), y que tenía como destino final Máncora, en Perú.

La unidad desarrolló la ruta Neiva, Pitalito, Mocoa, Villa Garzón, La Hormiga y San Miguel, hasta llegar a territorio ecuatoriano en
Lago Agrio, donde se hizo una revisión de los documentos del bus. 

Según el artículo 377, del Código Integral Penal (COIP), el delito de muerte culposa se sanciona con pena privativa de libertad de hasta 5 años, cuando el resultado de la muerte se debe por infringir el deber objetivo de cuidado. (I)