Fue un golpe brutal, del que aún se respira su horror. En la madrugada del 27 de febrero de 2010, cuando se terminaban las vacaciones de verano, un terremoto de 8,8 grados de magnitud golpeó a la zona centro de Chile, provocando 525 muertos, la mayoría por un posterior tsunami que no fue alertado por las autoridades. Los daños humanos y materiales fueron cuantiosos: familias destruidas y más de $ 30 mil millones en pérdidas.

Tal fue la magnitud del terremoto, conocido como el fatídico 27F, que los daños supusieron el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. El enorme sismo y tsunami dejaron 4.600 escuelas desmoronadas, 50 ciudades y 900 poblados perjudicados, además de un descenso del 70% del turismo en la zona afectada, 80 centros médicos en el suelo, miles de casas destruidas y 1.600 kilómetros de caminos dañados. Solo en la localidad de Constitución hubo más de 20 mil viviendas con daños.

La reconstrucción tomó años y en ese trabajo se involucraron dos gobiernos. Al momento del terremoto gobernaba Michelle Bachelet, quien en marzo de 2010 le entregó la Presidencia a Sebastián Piñera, quien cuatro años más tarde le traspasó el mando a la socialista para su segunda administración.

Recién este año se supo con certeza que en el período presidencial de Piñera se construyeron 199 mil de las 225 mil viviendas afectadas por el terremoto. A su vez, en los dos años de gestión de Bachelet (2014 y 2015) se edificaron 20 mil. Es decir, hasta ahora se ha reconstruido el 97% de los inmuebles afectados.

Pero todo ha sido muy complejo. De hecho en el primer año posterior al 27 F hubo gran desorganización.

De acuerdo con una información publicada en 2011 por el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper), “a un año de la creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, el balance es duro: errores que originaron una engorrosa tramitación de las donaciones impidieron que millones de dólares pudiesen ser utilizados para enfrentar la emergencia en 2010. Aunque el gobierno esperaba recaudar cerca de $ 150 millones, solo ingresó el 10%. Además, los $ 300 millones provenientes de recursos de la Ley Reservada del Cobre que debían usarse en la reconstrucción recién estuvieron disponibles a fines de año, por lo que en vez de gastarse, fueron invertidos en el mercado de capitales”.

El pasado 7 de abril recién se cerró el llamado ‘Caso Tsunami’. Los seis imputados aceptaron un acuerdo propuesto por el Ministerio Público para pagar una indemnización de $ 360 mil, desembolsados en tres cuotas, a los familiares de las víctimas del tsunami de 2010. Se calcula que cada familia recibirá alrededor de $3.500.

Y tareas pendientes hay muchas. Aún no se termina de reestructurar la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), como tampoco la instalación de 300 acelerógrafos, que funcionarán como red paralelamente a los sismógrafos.

También se deben modernizar las 100 estaciones sismográficas con las que cuenta el país. Para el terremoto del 27 de febrero de 2010 había apenas 30 estaciones de este tipo en Chile. Al mismo tiempo, los hospitales en las ciudades de Parral y Cauquenes, en el sur de Santiago, aún presentan dificultades, como problemas de climatización. (I)

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Agricultura argentina afectada

Fuertes lluvias golpean el Cono Sur de América

Miles de afectados, puentes dañados y campos anegados causaron las lluvias que cerca de tres semanas caen en las provincias del centro y noreste de Argentina.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene un alerta por tormentas en la región centro y noreste del país, azotada por intensas lluvias o nieblas bajas que   afectan incluso las salidas y llegadas en los dos principales aeropuertos de la capital argentina.

El Gobierno Nacional anunció la asistencia para las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Santa Fe, las más golpeadas.

En Entre Ríos se registraron unos 12.000 afectados por la crecida de los ríos como consecuencia de las tormentas, mientras persiste la alerta meteorológica sobre la zona, informó la Defensa Civil.

La localidad más afectada es Villa Paranacito, en el sur provincial y a 180 km de la capital argentina, que tiene unos 4.000 habitantes, de los cuales 1.700 resultaron perjudicados por las crecidas. “Hay 1.616 familias afectadas por la inundación, algunas fueron evacuadas y otras se autoevacuaron”, manifestó el gobernador Gustavo Bordet.

En la localidad agrícola prorrogaron los vencimientos impositivos a los productores que tienen sus campos bajo el agua.

En la provincia de Santa Fe, otra de las regiones productoras agrícolas más perjudicadas, la Defensa Civil informó que suman 2.200 las personas evacuadas -o autoevacuadas- a causa de las inundaciones.

El Ministerio de Producción provincial declaró la zona en emergencia por el desastre agropecuario. Las lluvias ponen en duda las estimaciones de la cosecha de soja este año, principal cultivo del país. “La apacible marcha hacia otra cosecha de soja en torno de los 60 millones de toneladas, como el año pasado, quedó súbitamente en suspenso”, indicó un informe de la Bolsa de Cereales.

La Bolsa de la ciudad de Rosario, el mayor polo agroindustrial del país, informó que “las lluvias y lloviznas producidas desde poco después de iniciado abril han retrasado sensiblemente la cosecha de soja”.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y el cuarto proveedor global de maíz.

Las lluvias en esta temporada de otoño austral también afectaron a los países de Uruguay y Chile. En Montevideo las autoridades informaron que el temporal causó ocho muertos y unos 4.000 desplazados.

En Santiago, los habitantes recuperaron el lunes la normalidad luego de que fuertes e inusuales lluvias causaran 3 muertos, 9 desaparecidos, además de masivos cortes de agua e inundaciones. (I)