La tienda de abarrotes de Martha Cedeño está casi vacía. En marzo pasado, comercializaba gaseosas, enlatados, dulces, galletas, verduras y papelería. Hoy los estantes están cerrados, porque la venta se desplomó.

Su familia fue una de las afectadas por la violencia que desató alias Guacho y su Frente Oliver Sinisterra en San Lorenzo. Ella vive en el barrio Las Delicias que fue afectado por la bomba que la narcoguerrilla detonó en el cuartel policial de San Lorenzo.  

Su casa fue afectada por el estallido y su esposo perdió su empleo porque el empresario que lo contrataba se alejó por miedo a la violencia.

En San Lorenzo hay una aparente tranquilidad. Los recorridos de los patrulleros de la Policía son las 24 horas y los operativos con los militares constantes. Eso ha dado seguridad a la población, que aún busca recuperar sus ingresos y negocios.

Martha Cedeño reconoce que hay créditos para reactivar sus ventas, pero sostiene que deben agilizar los trámites para lograr los recursos.

En el barrio Las Delicias trabajadores ultiman detalles para entregar las 14 casas afectadas por la detonación del cochebomba.  Once meses después del atentado, muchos no aguantaron la espera y entraron a sus viviendas antes de que se terminaran.

Eso ocurre con la familia de Luz Páez. Sus 10 miembros no esperaron que terminen los trabajos y ahora habitan en su hogar. No está de acuerdo con las decisiones que se tomaron en la reconstrucción y se siente perjudicada.

Antes vivía en una casa de dos plantas. Hoy es una pequeña de siete metros por siete metros, con dos habitaciones, cocina y un baño. Otros en cambio celebran su nueva vivienda, que son pintadas para entregarlas la próxima semana.

CIDH no llegó a Mataje

El equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la muerte del equipo de El Comercio, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra no llegó a Mataje.

Trascendió que el viaje se suspendió por razones de seguridad. El líder del equipo de la CIDH, Édison Lanza, en su cuenta de Twitter, agradeció a las autoridades nacionales, familias de las víctimas y los grupos de la sociedad civil por la información y documentación para el seguimiento del caso.

Está previsto que el informe final se entregue en diciembre. (I)