El Programa Mundial de Alimentos (PMA) entregará al Ecuador -como cooperación no reembolsable- un total de $ 8’100.000 para cubrir por 3 meses el bono de alimentación para un universo de 27 mil familias damnificadas de las provincias de Esmeraldas y Manabí.

Al momento ya se han realizado  las primeras asignaciones de estos bonos mensuales de $ 100 a 11.340 familias de las provincias de Manabí y Esmeraldas; y se espera extender la ayuda -desde agosto- a 13.500 hogares más del sector rural.

Esto es parte de los $ 27 millones que en conjunto la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través de su equipo humanitario, entregó al  Ecuador como cooperación no reembolsable. “De los $ 27 millones, el 43 % se ha destinado a salud, el 17 % a protección de niños, niñas y adolescentes; y un 31 % a seguridad alimentaria”, comentó

Gabriela Rosero, ministra Coordinadora de Desarrollo Social, quien agradeció la ayuda recibida para enfrentar la crisis después del 16 de abril. “Creo que es el momento oportuno para agradecer por ese acompañamiento que sirve para restituir la institucionalidad en territorio”.

Rosero, además, precisó que del llamamiento internacional que hizo la ONU para recaudar $ 72 millones, se logró concretar $ 15,7 millones. “Ecuador gestionó por fuera de ese llamamiento $ 11,2 millones y dentro de los mayores contribuyentes a ese fondo estuvieron los fondos de emergencia con $ 7,5 millones”.

La ministra de Inclusión Económica y Social (MIES), Lídice Larrea, puntualizó que a las familias del sector rural, que no han optado por un bono de alquiler o de acogida, se les entregará un bono de alimentación durante un trimestre.

“Vamos a atender a un total de 27.000 familias con este aporte, que contribuye a mejorar en algo la situación que atraviesan las personas de estas 2 provincias. Esperamos que esto sirva para prevenir una posible desnutrición, que es algo en lo que también capacitamos a los damnificados”, refirió Larrea.

La ministra precisó que el bono es en efectivo y servirá para que cada familia gestione la compra de sus propios alimentos. “Lo que buscamos es que con ese dinero las personas compren a los pequeños comerciantes y de esa forma se incentive la reactivación del comercio en estas zonas”.

Puntualizó también que al momento son 11.240 familias las que se han registrado para solicitar alguno de los bonos que el Gobierno oferta.
Larrea reconoció que paulatinamente se irán cerrando los albergues porque el objetivo es lograr que las personas retomen su actividad cotidiana, para ello tendrán la

ayuda de organismos como el Banco de Fomento y la Corporación Financiera Nacional. Al momento ya se han cerrado 2 albergues y se prevé hacer lo mismo con otros 2 más.

Kyungnan Park, representante del PMA, recalcó que su organización maneja estos fondos, pero para su distribución se apoya en la plataforma social del Gobierno levantada por el Ministerio de Inclusión.

“Es la primera vez que trabajamos de esta manera y es una ocasión para aprender del Gobierno nuevas formas de responder a las emergencias. Hemos adquirido experiencia en situaciones nuevas y las aprovecharemos para prepararnos ante futuros eventos de la región”, comentó Park, quien reiteró que las réplicas recuerdan que la situación no se ha normalizado para los habitantes de Manabí y Esmeraldas”.

Se solicita información a Finanzas

A través de la Presidencia de la Asamblea, el legislador Virgilio Hernández (PAIS) solicitó información al Ministerio de Finanzas sobre  los montos recaudados y la descripción de las transferencias efectuadas con el dinero recabado con las recientes reformas tributarias.

El objetivo, según explicó Hernández a la prensa, es hacer seguimiento a la aplicabilidad de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.

Solicitó detalles de la transferencia realizada el 4 de julio pasado por $ 120 millones, con especificaciones de registro de traslado, disponibilidades de la cuenta Ley Orgánica de Solidaridad a la cuenta del sector público y si su utilización implicó que se destinó a otro propósito diferente a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, como lo insinúa la oposición. (I)

Los propietarios de departamentos del edificio Nerea, en Manta, aprobaron por unanimidad dar apertura a la demolición del inmueble. Foto: Rodolfo Párraga / El Telégrafo

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Implosión del centro comercial de Portoviejo sería hoy

En Manta se usan grúas para eliminar la carga en edificios como Lun Fun y Nerea

En Manta se desechó la idea de usar otro tipo de técnicas (carga explosiva) para la demolición de edificios afectados por el terremoto, que presentan dificultades para derrumbar, como el Nerea y Lun Fun.  

“Se descartó la propuesta de la Escuela del Ejército de debilitar estructuras y colocar las cargas en determinada columna, de tal forma de que sea más fácil al momento que se interviene con la maquinaria en la demolición”, dijo Sara Delgado, directora de Obras Públicas municipal.

Explicó que se había pensado en una posibilidad de hacerlo en esas dos edificaciones, “pero las técnicas que se están empleando son diferentes y dan más garantías, sobre todo la comunidad está más tranquila, entonces está descartado el tema”.

El método que se aplica en ambas infraestructuras consiste en usar las grúas que empiezan a eliminar la carga, para luego demoler paredes. Estas alcanzan una altura mayor a 180 metros. Las losas son retiradas sin que implique que el edificio pueda ceder.

“Una vez que nosotros ya tengamos asegurado el edificio, los contratistas arman la cama y proceden con la demolición normal que hasta ahora ha dado buenos resultados”.

Otro de los edificios que tienen dificultades para demoler es el Lun Fun, que se levanta en la calle principal de la parroquia Eloy Alfaro, más que todo por el adosamiento hacia ciertas edificaciones. “Hay que determinar inspecciones hacia qué lugar debe caer el edificio, pero ya se está trabajando, lo están desmontando y esto facilitará la demolición”.  

Con respecto a las demoliciones en Portoviejo, para hoy está previsto que se realicen las explosiones con cargas controladas en el centro comercial, estructura con 36 años de antigüedad.

En primera instancia los trabajos se realizarían el jueves, pero se aplazaron por la falta de un permiso del COE. (I)