La historia del manejo de la deuda externa de Ecuador contiene episodios polémicos sobre su negociación y beneficiarios. Uno de ellos fue el capítulo conocido como la ‘sucretización’ de la deuda privada, decidida por el expresidente Osvaldo Hurtado a través del Decreto Ejecutivo 2085 del 23 de septiembre de 1983.

En ese entonces, el Banco Central del Ecuador (BCE) asumió la deuda externa privada -que en ese momento representaba el 25% del total de los pasivos externos del país, lo “que generó elevados perjuicios al Estado ecuatoriano por un monto acumulado de $ 4.462 millones”, según estableció la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) en 2008.

El decreto presidencial de 1983 autorizó al ministro de Finanzas (Pedro Pinto, exvicepresidente de Gustavo Noboa) y al gerente General del BCE (Abelardo Pachano, expresidente ejecutivo de Produbanco) a suscribir los diferentes convenios de refinanciamiento a efectuarse en adelante. Otro actor de la operación fue el entonces titular de la JuntaMonetaria, José Correa (+).

Piedad Mancero, quien fuera vocal de la Comisión Auditora, indicó que este mecanismo se llevó adelante en el marco de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros organismos internacionales que habían obligado a Ecuador a firmar cartas de intención.

De acuerdo al informe de la CAIC, en 1983, por presión del FMI y del Comité de Gestión, el BCE asume el rol de deudor de elevadas obligaciones de entidades públicas y privadas y contrata créditos en el exterior, directamente con la banca privada internacional, destinados a liquidar los pagarés. “Los recursos no venían a Ecuador sino que se quedaban en la banca acreedora para el pago de los contratos anteriores. No hubo contabilización en el Banco Central de estos pagos en el exterior”, señaló la Comisión.

“Entre las recomendaciones de estos organismos estaba que el Estado se haga cargo de las deudas privadas”, indicó Mancero, quien acotó que al principio los deudores debían cubrir el diferencial cambiario de cada devaluación. Esa situación cambió en el Gobierno de León Febres Cordero, quien les liberó de esa responsabilidad.

“El Gobierno de León Febres-Cordero, a través de la Junta Monetaria (JM), expidió la Regulación No. 201-84 del 15 de octubre de 1984, por la cual se extendieron aún más las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa ‘sucretizada’ extendiendo los plazos de pago de 3 a 7 años; igualmente se congeló la comisión de riesgo cambiario, ya que la tasa definida en la Regulación 101, no se ajustó a la ampliación de plazos, adicionalmente se aumentó el período de gracia de 1 año y medio a 4 años y medio”, señala el informe de la Comisión Auditora.

Los perjuicios para el Estado ecuatoriano por la ‘sucretización’ fueron reiteradamente negados por el entonces presidente, quien justificó su decisión. “Cuando en 1983 autoricé a la Junta Monetaria que aprobara la sucretización de la deuda externa contratada por la empresa privada, para salvarla de la quiebra, mantener puestos de trabajo y evitar el colapso del sistema financiero, dispuse que se protegiera al Banco Central frente al riesgo crediticio que asumiría”, escribió el exgobernante en una carta publicada en diario El Universo, en febrero de 2005.

Jorge Rodríguez, analista económico y exvocal de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), dijo que en los ochenta, cuando inició la crisis por el problema de la deuda, comenzó un proceso de devaluación de las monedas de América Latina con respecto al dólar, lo que determinó en Ecuador que los “banqueros”, en la perspectiva de la pérdida adquisitiva del sucre, tomaran medidas para asegurar el patrimonio bancario y evitar que los bancos perdieran.

“La mayoría de gente se endeudó en dólares pero tenía sucres, y los bancos para proteger los activos de las instituciones, le dieron impulso a los créditos en dólares. El empresario y la gente recibieron esos dólares a 25 sucres por dólar, y el momento en que les tocó amortizar la deuda (después del período de gracia), el dólar ya estaba en 30 y 35 sucres por dólar, lo que empezó a afectar a las empresas que vendían y transaban en sucres. Eso al final determinó que la deuda se haya duplicado, y por ende recurrieron al Gobierno de Hurtado”, explicó.

El informe de la Comisión detalla que desde 1984 hasta 1994 el stock de la deuda sucretizada subió de $ 1.371 millones a $1.569 millones. Al incluir pagos por capital más interés el monto llegó a $ 1.327,7 millones (suma correspondiente al 93% de la deuda sucretizada original). El diferencial cambiario se calculó en $ 1.557,10 millones, con lo que el monto global de la sucretización se transformó en $ 4.453,90 millones.

En el documento, la Comisión incluye entre los “mayores beneficiarios” de la sucretización a empresas como Mavesa, Banco del Pacífico, Industrias Artepráctico, Banco de Guayaquil, Continental, Progreso, Amazonas, Cofiec, Pichincha, entre otras.

Las personas naturales que obtuvieron beneficios de esa operación, entre otras fueron: Fernando Aspiazu (expropietario del Banco del Progreso), Gonzalo Córdova Galarza, Ricardo Crespo, Washington Bonilla. Los exministros Roberto Dunn Barreiro y Raúl Baca Carbo, el exvicepresidente Alberto Dahik, entre otros.