Una vez que la Corte Constitucional negó y archivó el pedido de consulta realizado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, en contra de la minería metálica cerca de fuentes de agua, el funcionario consideró a la resolución como "un adefesio jurídico" y aseguró que se radicalizará la resistencia.

Para lograrlo, el titular del Gobierno Provincial, analiza tres opciones: una Consulta Popular Nacional, una enmienda constitucional al artículo 407, o la Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual se requiere la firma del 12% de empadronados en el Ecuador.

Para apostar por esta opción ya están en conversaciones con algunos sectores, entre ellos que la Confederación de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) en los pueblos.

La Corte Constitucional declaró que la pregunta "no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional".

Pérez asegura que "esta sentencia no tiene nada de jurídica sino mas bien política y económica. Detrás se esconden poderosos intereses, la pregunta es la más simple, objetiva y neutral".

Aclara que la lucha es en contra de la minería metálica cercana a fuentes de agua, no es general.

Aseguró que la Corte Constitucional está subordinada al ejecutivo, las cámaras y a las empresas transnacionales y no garantiza el cumplimiento de los derechos. Además cree que "todavía no se ha descorreisado a las instituciones del país".

Voces a favor de la resolución de la CC
Sin embargo, los gremios aplauden la decisión tomada por la Corte Constitucional. Andrés Icaza, vocero de la Cámara de Minería del Ecuador, considera sano y positivo que la entidad haga su trabajo velando que las cosas que se pregunten no generen confusión y error por parte del lector

"Nos gusta el hecho de que la Corte haga su trabajo impidiendo de que cualquier cosa sea sometida a consulta popular. Hay que comprender que si se causa restricciones a la minería legal, lo que va a pasar es que hayan problemas invasiones y de actividades de minería ilegal", señaló.

Por su parte, Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, aseguró en su cuenta de twitter el compromiso por una minería con responsabilidad.

Hoy, la CCE ha declarado que la pregunta pidiendo una Consulta Popular no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con apego constitucional. Nuestro compromiso con #MineríaConResponsabilidad se ratifica con esta decisión para beneficio de 17 millones de Ecuatorianos.?? pic.twitter.com/K1JMp4thoB

— Fernando L. Benalcázar (@FLBen_VM) September 18, 2019

Santiago Yépez, ex presidente de Cámara de Minería, y experto en el sector, en lo personal no ve como un triunfo a la resolución emitida por la Corte Constitucional, primero hay que entender que la pregunta fue negada por forma, motivo por el cual el fondo de las consultas sigue sin resolución.

Sin embargo indicó que "hay varios temas en los considerandos que deberían preocuparnos y los cuales abrirían posibilidades de nuevas consultas a futuro", sin hacer mención de ellos.

En una entrevista radial, previo a la resolución, el ministro de Ambiente (s), Ramiro Montalvo, dijo que le llama la atención el discurso promovido por Yaku Pérez, quien se refiere a un equívoco. "Las prohibiciones sobre el uso de recursos no cumplen con el objetivo de no explotación".

Montalvo explicó que la actividad minera genera regalías inmensas para el Estado y estas son repartidas a las comunidades afectadas y a todo el país.

Aseguró que el tema fundamental es el control y la prevención. "Para realizar minería responsable debemos aplicar regulaciones que garanticen la protección de los recursos naturales".

El Ministro (s) acotó que la minería legal se realiza cuando se cumple la totalidad de la normativa ambiental vigente, mientras que la minería ilegal genera muchos problemas sociales, como la explotación laboral. (I)