El veto presidencial propone nueva sanción a las empresas

Los acuerdos entre el empleador y el trabajador para preservar las fuentes de empleo no podrán afectar el salario básico o los salarios sectoriales determinados para jornada completa o su proporcionalidad en caso de horarios reducidos.

Esta es una de las disposiciones que el Ejecutivo incluyó en su veto en el capítulo sobre las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo planteadas en el proyecto de Ley de Apoyo Humanitario.

En total el Gobierno incorporó cambios en cinco articulados de los 10 que conforman este apartado.

En el veto, enviado a la Asamblea Nacional el 9 de junio de 2020, se mantiene la opción de que los trabajadores y empleadores lleguen a acuerdos con modificaciones a las condiciones económicas de la relación laboral.

Sobre el contrato especial emergente y la reducción emergente de la jornada de trabajo, el Ejecutivo propone que se aplique hasta por un año, renovable por el mismo periodo por una sola vez.

En el documento original se establecía que la aplicación sea de dos años, renovable por el mismo periodo. 

Juan Sebastián Roldán, secretario de gabinete, dijo el miércoles en una entrevista en Teleamazonas que de este modo estos contratos y medidas podrán extenderse hasta dos años y no cuatro años.

“Un empleado que trabaja bajo una modalidad emergente hasta dos años ya puede pasar a una modalidad diferente. Pensamos que cuatro años era demasiado”, dijo Roldán.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, cree que es un desacierto esta reducción porque los efectos económicos que deja la emergencia sanitaria no desaparecerán en el corto plazo.

Xavier Siza, representante del sector empleador en el Consejo Nacional del Trabajo,  explica que la reactivación económica tomará de tres a cuatro años, por lo que la aplicación de estas modalidades de empleo deben mantenerse por dos años con dos años más por renovación porque permitiría a las empresas costear nuevas contratos.

Por su parte, José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores, considera que el documento pretende legalizar una flexibilidad laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores. Solicita que se archive todo el proyecto.

Villavicencio, quien además es presidente nacional del sindicato Unión General de Trabajadores, cree que estas medidas rompen la regla de las ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho horas de recreación.

“En la práctica es un contrato a plazo fijo que viola la estabilidad laboral. La flexibilidad laboral no reactiva el aparato productivo del país”, asegura Villavicencio. 

Para Siza, también director jurídico de la Cámara de Industrias, los acuerdos y la flexibilidad laboral son positivos para las empresas que tienen dificultades económicas pero quieren mantener a sus trabajadores. 

Según Siza, todas estas medidas son para preservar el empleo y para permitir que las personas que se quedan sin trabajo puedan incorporarse en otras actividades.

Agrega que la visión moderna de la legislación laboral acompaña tanto a las empresas como a las personas para que tengan oportunidades de generar y preservar empleos. “Sin empresas sostenibles no hay trabajo”, comenta.

 Por otro lado, aunque Siza opina que el veto que ha hecho el Presidente al proyecto es positivo porque aclara la normativa, piensa que hubo un abuso en la facultad de colegislador del Presidente al agregar una sanción que no estaba contemplada. 

En el veto se propone que además de las sanciones establecidas en el Código del Trabajo por incumplir un acuerdo, en el caso de que un juez determine que se usó de manera injustificada el causal de fuerza mayor o caso fortuito para terminar una relación laboral se aplique la indemnización por despido intempestivo multiplicada por 1,5.

Siza asegura que el Presidente puede proponer textos alternativos sobre los temas que aprobó la Asamblea.

Según Roldán, la medida es un castigo al abuso de este instrumento. Puede acogerse a este una empresa que perdió todo, pero la que solo tiene inconvenientes y se acogió para despedir a trabajadores puede entrar en un problema serio, explica. (I)

Decreto para pago anticipado de impuestos
El secretario de gabinete, Juan Sebastián Roldán, reafirmó que el primer mandatario, Lenín Moreno, prepara el decreto ejecutivo para solicitar el pago anticipado del impuesto a la renta. 

La medida fue anunciada por el Presidente el 24 de mayo pasado. La medida aplicaría a aquellas empresas que registren ventas superiores a los $ 5 millones y que no hayan presentado afectaciones económicas durante la emergencia sanitaria. “Necesitamos una contribución de esas empresas para apoyar a las otras (que lo necesitan)”, agrego Roldán.

El funcionario explico que esta medida no se incluyó en el veto al proyecto de ley humanitaria para respetar los acuerdos entre las bancadas políticas de no pedir contribuciones dentro de esta propuesta legal. Sin embargo, Roldán dijo que la emisión del decreto cuenta con el respaldo constitucional.

Entre otro de los puntos que el Secretario del Gabinete destacó del veto al proyecto de ley consta la creación de incentivos para la afiliación voluntaria a la seguridad social. La propuesta establece que el Instituto de Seguridad Social debe reglamentar mecanismos para que las personas que han perdido sus empleos no pierdan sus beneficios.

Además se propone que se den facilidades de pago para las personas naturales y jurídicas que entre abril y junio de 2020 no pudieron cumplir con sus obligaciones. (I)