El Banco Central del Ecuador (BCE) cuenta con el respaldo suficiente para el uso del dinero electrónico. Así lo manifestó Rodrigo Landeta, gerente subrogante del BCE, en la Comisión de Régimen Económico, en el primer día de comparecencias para el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas.

Según los datos disponibles hasta febrero en el BCE, $ 800.000 circulan como dinero electrónico a través de 56.572 cuentas activas. Estas han efectuado 5.601 cargas y 2.805 descargas, registrándose además 7.508 operaciones de pagos y cobros de dinero electrónico.

En cambio, las monedas y los billetes en circulación equivaldrían al 10% del PIB, es decir, $ 10.000 millones aproximadamente.

Para ilustrar el funcionamiento del dinero electrónico y su respaldo permanente, Landeta aclaró que una persona debe contar con $ 20 de dinero en efectivo para crear una cuenta de dinero electrónico por la misma magnitud.

El funcionario del BCE indicó que se puede cargar y descargar dinero electrónico a través de 2.197 centros de transacción activos autorizados, 924 ATM, 134 puntos de pago, 101 locales comerciales y 17 macroagentes. También se establecieron convenios con 10 bancos y 130 cooperativas.

Landeta mencionó que, entre las principales motivaciones que tiene el Gobierno Nacional para proponer la nueva ley, se encuentra evitar la salida de circulante al exterior y disminuir los gastos del Estado ecuatoriano por la compra de dólares a la Reserva Federal. En el último año la transacción implicó un desembolso cercano a $ 7 millones.

Por otra parte, en una entrevista televisiva, Alberto Acosta Burneo manifestó que la devolución del IVA provocaría una variación de precios en el mercado que podría generar una afectación en la economía.

Al respecto de esa opinión, Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), afirmó que la variación de precios no afectará de ninguna manera los mercados, porque los comerciantes seguirán emitiendo sus facturas con el 12% del IVA.

Dio a conocer que la institución analiza el establecimiento de un techo para que el uso de la tarjeta de crédito no provoque un efecto negativo. Este límite sería definido en la reglamentación secundaria que  elaborará el SRI. (I)

Lea el Proyecto de Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas