Ayer, en las oficinas del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) de Bogotá, se suscribió un convenio para otorgar a Ecuador un crédito de liquidez por el valor de $ 156,5 millones, a un plazo máximo de tres meses.

El convenio fue firmado por la presidenta del FLAR, Ana María Carrasquilla; la viceministra de Finanzas del Ecuador, Madeleine Abarca, y el gerente General del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez Vinueza. Para el efecto se contó con el respaldo de un análisis técnico que adelanta el organismo para la toma de estas decisiones.

Carrasquilla aseguró que para la institución que representa “es fundamental apoyar a sus países miembros en los momentos que lo requieran, ya que así contribuyen en la estabilidad macroeconómica de la región”.  

El FLAR es un organismo multilateral regional que hace aportes de capital a sus países miembros  durante eventos de balanza de pagos. Fue fundado hace 38 años, en 1978, como Fondo Andino de Reservas (FAR). Nació en el marco del Acuerdo de Cartagena, como respuesta a la necesidad de disponer de una institución financiera propia que, a través de la cooperación mutua, ayude a fortalecer el sector externo.

Se transformó en Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) para permitir la participación de todos los países de América Latina.  

En la actualidad, el FLAR cuenta con la membresía de ocho países de América Latina: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.   
Ecuador recibirá este crédito en un contexto macroeconómico en el cual el Presupuesto General del Estado (PGE) se ajustó en unos $ 400 millones a inicios de marzo, debido a la caída de los ingresos petroleros.

De acuerdo a declaraciones del ministro de Finanzas, Fausto Herrera, la baja de los precios del crudo disminuye la liquidez, lo cual se ha traducido en un menor consumo y en el incremento del desempleo. Debido a la coyuntura, las prioridades del Gobierno se enfocan en mantener activos los servicios de educación, salud y bienestar social.
Le sigue el cumplimiento de obligaciones mensuales -principalmente sueldos a servidores públicos- y la cancelación de atrasos. (I)