Durante un conversatorio efectuado con medios de comunicación el martes pasado, tras la polémica generada por sectores de la oposición sobre el traslado de $ 120 millones de la subcuenta de la Ley Solidaria hacia la Cuenta Única del Tesoro Nacional, el presidente de la República, Rafael Correa, explicó el uso y destino de esos recursos.

La operación se dio para compensar $ 155 millones extraídos del Presupuesto General del Estado (PGE), previo a la aprobación de la Ley Solidaria, y que fueron empleados en la reactivación de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 16 de abril, a través de la emisión de créditos y pago a proveedores.

“Podemos adelantar plata del presupuesto general, pero necesitamos liquidez y eso tiene que ser compensado por la ley de solidaridad, siempre y cuando vaya para las zonas afectadas”, subrayó Correa.

En este sentido, cerca de $ 30 millones sirvieron para fondear Banecuador; $ 27 millones para el Banco del Estado; $ 10 millones recibió la Corporación Nacional de Finanzas Populares (Conafips); $ 66 millones se otorgó a la Corporación Financiera Nacional (CFN); y $ 21,4 millones se repartieron entre los proveedores. En total suman $155,4 millones.

Con el egreso por $ 120 millones de la Cuenta Corriente Única de la Ley Orgánica de Solidaridad, registrado el 4 de julio, aún faltarían $35 millones por trasladar a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

“Se está utilizando (el dinero) exactamente para los fines por los cuales se hizo la ley”, recalcó el Mandatario.

De su lado, la ministra de Finanzas subrogante, Madeleine Abarca, agregó que la transacción del 4 de julio dio cumplimiento al artículo 13 de la propia ley que dispone el fomento al crédito en las zonas afectadas por el terremoto.

Hasta ayer, la cuenta de la Ley Solidaria registraba ingresos por $ 394’447.275,11 y egresos por $ 166’812.695,18, con un saldo final de $ 227’634.579,93. Las cifras están disponibles para el público en la página web: www.finanzas.gob.ec. Allí se detalla el flujo de los fondos.

Según la norma, la Contraloría General del Estado informará anualmente a la Asamblea Nacional sobre el control a1 manejo de los recursos. En cambio, el Comité de Reconstrucción rendirá cuentas de sus acciones trimestralmente. (I)