$ 102'089.630 recibió la economía popular y solidaria con los 'catálogos inclusivos'

Los catálogos dinámicos inclusivos (CDI) son una herramienta 100% electrónica creada para la participación de los emprendedores de la economía popular y solidaria (EPS) en las compras públicas.

“Se trata de un proceso simplificado y desconcentrado a través del cual las entidades públicas eligen preferentemente los bienes o servicios catalogados como ‘producción nacional’. Es decir, los CDI son la única opción de compra que tiene el Estado para adquirir cierto tipo de bien o servicio”, indicó Santiago Vásquez, director general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)

Los procedimientos de inscripción son fáciles y rápidos

Para formar parte de los catálogos, los emprendedores deben estar registrados en el Sercop, en el registro único de proveedores (RUP) y contar con el registro único de contribuyente del SRI (RUC). No se requiere presentar ningún otro documento porque el Sercop toma la información del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Cuando se registran en el Sercop para obtener el RUP, el emprendedor identifica qué tipo de bien o servicio oferta y también indica cuál es su capacidad de producción.

Dependiendo de la información que ingrese recibirá invitaciones a participar en los procedimientos de contratación, siempre y cuando una determinada entidad contratante haya generado un requerimiento.

Los artesanos deben presentar un certificado de la Junta de Defensa del Artesano. Cuando son actores de la EPS, el Sercop cruza información con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) o con la Superintendencia de Compañías.

Los CDI fomentan la participación equitativa de los emprendedores, puesto que todos tienen la oportunidad de ser contratados por el Estado. Por tanto, el sistema de catálogos inclusivos genera órdenes de compra que hacen rotar a los proveedores para las adjudicaciones. Esto significa que el primer catalogado no vuelve a recibir una orden de compra hasta que el último haya sido contratado. Habrá órdenes de compra con diferentes montos de contratación; este esquema rotativo depende de la capacidad productiva que demuestre el emprendedor. En el caso de la EPS, el incentivo es que las personas logren asociarse sin importar un número límite de trabajadores.

El catálogo inclusivo aumentó en 60% con respecto a 2015

Desde enero a octubre de 2016, los CDI facilitaron la adjudicación de   $ 102’089.630 en compras públicas a favor de actores de la EPS, cifra  que representó un aumento del 60% con respecto a los $ 63’879.088 contratados con ese sector en 2015 (ver infografía).

Hasta fines del mes anterior, a su vez, se generaron 22 catálogos desarrollados y 655 productos específicos ofertados. Al momento, un 66% de emprendimientos catalogados cuenta con órdenes de compra y son proveedores del sector público.

Entre los bienes y servicios ofertados en los CDI se encuentran: confección textil; alquiler de vehículos de transporte; limpieza de oficinas y hospitalaria; alimentos; metalmecánica y elaboración de pupitres; mantenimiento de parques y jardines; pintura; servicios de conexión eléctrica; servicios de limpieza; fabricación de calzado; transporte de carga pesada y transporte institucional; construcción y bienes asociados a esta; servicios asociados a un sistema de medición y control; difusión de cuñas publicitarias en radios comunitarias; instrumentos musicales y servicio de centro de llamadas.

En promedio, los emprendimientos registrados en los CDI tienen, por lo menos, 10 trabajadores en su nómina. “Esto implica que, actualmente, unas 100.000 personas están trabajando en la provisión de bienes y servicios públicos facilitada por los CDI”, dijo Vásquez. (I)

$ 21'837.171 se generaron a través de ferias

Las ‘ferias inclusivas’ están destinadas a visibilizar a emprendedores que ofrecen bienes y servicios de producción nacional normalizados o no normalizados.

Entre 2015 y 2016, el número de ferias inclusivas realizadas por las entidades del sector público aumentó de 313 a 592.

En los primeros 10 meses del año en curso, a través de este procedimiento promocional se logró un monto de contratación por $ 21’837.171.

En estos eventos, el 53% de los ingresos fueron dirigidos hacia personas naturales identificadas como micro y pequeños emprendedores y el 47% hacia asociaciones de la EPS.

En ese mismo lapso, y con respecto a ese total, el 49% de la demanda de las entidades públicas estuvo relacionada con el servicio y preparación de alimentos.

Al preguntársele sobre su experiencia con la contratación pública, Rosa María Garcés, presidenta de la Asociación De Producción Textil Creaciones Pedernales (Asoprotexpeder), comentó que ella y 24 socios participan activamente y con entusiasmo en este emprendimiento.

“Antes la oportunidad de ser contratada por el Estado dependía de tener contactos en una entidad. Ahora, con los CDI, tenemos órdenes de compra de manera automática y directa. Con esos ingresos estamos reconstruyendo el taller de costura que se cayó con el terremoto”.

Por su parte, Antonio Gómez, representante de los 36 miembros de la Asociación de Servicios de Mantenimiento Arte y Pintura (Asoarpin), cuenta que tienen actualmente un contrato de más de 20.000 metros cuadrados en la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y asegura que “esa y otras órdenes de compra pública nos dan una oportunidad real de mejorar la calidad de vida de los socios”.

En Loja, Ruth Becerra, representante legal de la Asociación de Producción Textil La Puntada Artesana (Asopuntal), calificó a las compras públicas como ‘excelentes’ para impulsar a los actores de la EPS. Contó también que, gracias a las órdenes de compra que han recibido, los 30 socios de su organización han logrado recursos para mejorar su maquinaria y, de esa manera, la calidad de sus productos.

Según datos proporcionados por el Sercop y correspondientes a las adjudicaciones efectuadas en 2016 a través de los catálogos inclusivos, el 61% de los proveedores del sector público fueron mujeres que actuaron o bien como representantes de organizaciones o bien como emprendedoras directas.

Apreciados en términos etáreos, el 41% de todos los proveedores tiene entre 42 y 64 años; el 38% son jóvenes adultos que tienen entre 30 y 41 años; el 19% son personas entre 18 y 29 años y el 2% son adultos mayores de 65 años. (I)