Con el propósito de darle mayor énfasis en el mercado de valores, el Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil propone que al nombre de la Superintendencia de Compañías (SC) se le agreguen los términos “y Valores”.

Este documento fue enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional a inicios de abril, y es uno de los proyectos primordiales que serán analizados por la nueva Legislatura. Este cambio de denominación a la entidad no le resta competencias a las funciones de control que ejerce hasta la actualidad.

Las competencias de la SC, en relación al mercado de valores, se desarrollan de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República: ejercer la vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades de los partícipes del mercado, en especial de las entidades reguladas por la Ley de Mercado de Valores.

Además, para adecuar el ordenamiento jurídico del mercado de valores a la nueva Constitución, el proyecto de ley plantea la creación de la Junta de Regulación del Mercado de Valores, ente que determinará  las políticas  para el mercado de valores, las regulaciones y normas necesarias para la correcta aplicación de la Ley. Esta Junta sustituiría a lo que actualmente  es el Consejo Nacional de Valores, y estará integrada por el Ministro Coordinador de la Política Económica, Coordinador de la Producción y un delegado del Ejecutivo.

Al respecto, Mónica Villagómez, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, considera que el hecho de que esta Junta sea independiente y no esté adscrita a la Superintendencia, “es un paso inmenso, porque el actual Consejo, al estar adscrito a la entidad desde 1993, ha generado una serie de distorsiones, porque no demuestra la fortaleza de la institucionalidad del órgano regulador,  y en ese sentido ahora sí la va a tener”.

De acuerdo a este proyecto, el mercado de valores es un segmento muy importante de la economía de un país, y si es aprovechado con una adecuada regulación, podrá desarrollarse para contribuir a la estabilidad económica, complementándose con el sistema financiero”.

Por su parte, Patricio Moreano, gerente de la Casa de Valores "Moreano Borja", manifestó que si bien el proyecto establece que la Junta de Regulación del Mercado debe estar integrada por miembros del sector público, sería importante que también exista por lo menos un representante del sector privado.

Dentro del mercado bursátil, la normativa plantea la conformación del Registro Especial Bursátil (REB), que permite la participación de pequeñas y medianas empresas (pymes) y de las organizaciones de la economía popular y solidaria, las cuales poseen necesidades específicas, y por lo tanto requieren de un mercado especial con una regulación determinada.

El proyecto menciona además la creación del Sistema Único Bursátil (SIUB), administrado por una sociedad anónima. Este sistema busca la institucionalización de un mercado bursátil único a través de la utilización de un solo sistema de negociación por parte de las bolsas de valores del país.

El documento propone que las bolsas de valores pasen de corporaciones civiles a sociedades anónimas de capital abierto, cuyas acciones serán libremente negociables en el mercado bursátil.