2015 ha sido un año de concreciones, afirma el ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Rafael Poveda. Para el próximo año, se espera la entrada en operación de 8 hidroeléctricas y el avance de grandes proyectos como el poliducto Pascuales - Cuenca y el desarrollo de la banda 4G concesionada.

Desde su despacho, en el norte de Quito, también analiza el panorama financiero de 2016 con un bajo precio del barril del petróleo y la posibilidad de un nuevo acuerdo con China para el financiamiento de la Refinería del Pacífico.

¿En qué contexto está inscrito el contrato de servicios específicos firmado con Schlumberger?

La contratación del bloque 61 es parte de una estrategia de optimización de los activos petroleros y de los campos maduros que han estado en producción durante algunos años. Esto hace que registren una caída en la producción y que requieran inversiones para detener su declinación e incrementar su producción. Esto ya lo hicimos antes.

En 2011 firmamos el bloque Shushufindi y el Libertador; a fines de 2014 firmamos otro bloque de campos maduros donde estuvieron 18 contratos con 7 consorcios internacionales y se comprometieron inversiones por $2.300 millones para desarrollar estos contratos de campos maduros.

¿Se efectivizaron las inversiones?

En Shushufindi y Libertador ya se han ejecutado. Son proyectos que entre 2012 y 2015 arrojaron 40 mil barriles incrementales en Shushufindi y 13 mil barriles en Libertador. En su momento se comprometieron inversiones de $400 millones para Libertador y $900 millones para Shushufindi que ya se han ejecutado. Se están empezando a ejecutar los planes de inversión de los proyectos firmados a fines de 2014. Los resultados se verán en 2016.

¿Qué se estableció en el contrato para el bloque 61? ¿Cuánto dinero liberaría esta operación del Presupuesto General del Estado?

Con Schlumberger suscribimos un contrato por $ 4.900 millones. De forma directa son $ 1.000 millones que se entregan de inmediato. Y son $ 2.100 millones de inversión en los 9 años siguientes. Estos flujos se liberan a favor del Estado ecuatoriano.

¿Y el resto de las inversiones?

Los $ 1.800 millones adicionales son inversiones que se efectuarán durante 20 años y corresponden a capital de trabajo, desarrollo de nuevas tecnologías, exploraciones para buscar nuevas reservas, transferencia de conocimientos y capacitación al personal de Petroamazonas.

¿Cuándo se ejecuta el contrato y qué compromisos conlleva?

En enero comienza la ejecución. Por nuestra parte, tenemos el compromiso de pagar una tarifa por los servicios que le permitirá a la empresa tener una rentabilidad razonable que se estima será del 15%. Es un proceso transparente que es parte de nuestra Ley de Contratación de Hidrocarburos y del Reglamento de Contratación de Petroamazonas. Se trata de una figura contractual utilizada en los últimos años en algunos casos.

¿Cuál sería esa tarifa?

Durante los 3 primeros años, la tarifa inicia con $ 24 por barril. En los siguientes 6 años se incrementa a $ 25,80 y luego a $ 27,60. Esto en términos generales porque la determinación de la tarifa depende del volumen de reservas en el bloque. Si encontramos más reservas, el descubrimiento tendría un impacto en la fórmula de cálculo y la tarifa bajaría. La tarifa promedio ponderada sería de $ 26 aproximadamente.

¿Qué sucedería si el precio del petróleo es inferior a la tarifa?

La legislación de hidrocarburos prevé la regalía petrolera. En los contratos de servicios específicos, el 18,5% de cualquier barril exportado ingresa como regalía al Presupuesto General del Estado. También tenemos las deducciones de ley que segregan ciertos recursos para fines específicos. La tarifa se paga considerando el ingreso disponible. Si en algún momento este ingreso es menor al valor de la tarifa, el contrato prevé una cláusula ‘Carry Forward’. Por ejemplo, si la tarifa es $ 24 y el ingreso disponible es $ 20 en un mes determinado, los $ 4 por pagar se acumulan a las siguientes facturas. Si sucede lo mismo en el siguiente mes, los $ 4 se acumulan para pagarse cuando el precio del crudo suba. El contrato especifica que esa deuda no genera intereses.

¿Esa eventual deuda se pagaría en efectivo o en bonos?

Se pagaría de los recursos emanados del petróleo. Es importante mencionar que el petróleo que sale del bloque Auca es el que sirve para pagar la tarifa y todos los demás valores que debamos invertir ahí. El concepto de ‘Carry Forward’ está incorporado también en los contratos que la Secretaría de Hidrocarburos mantiene con Repsol, Agip o Andes. Partimos de los indicadores de rentabilidad asumiendo que durante el próximo año el barril de petróleo estará en $ 35, en un escenario de precios bajos.

Cualquier incremento del precio del petróleo irá en beneficio del Estado ecuatoriano.

El Presidente dijo en su último enlace ciudadano que este año el petróleo no dejó ningún ingreso. ¿Se refería al ingreso disponible?

En las cuentas del sector de hidrocarburos utilizamos también los recursos petroleros para la compra de gasolina y diésel que consumimos en el país. En esa asignación de recursos, la renta que genera el crudo ecuatoriano se compensa con la compra de combustibles. En la diferencia entre exportaciones e importaciones se alcanzó un punto de equilibrio en el cual los recursos del petróleo no han sido para asignar al Presupuesto General del Estado sino únicamente para la industria misma.

¿Cuál es el costo de producción en el campo Auca? ¿Cómo podría influir en la ejecución del contrato un incremento de ese costo?

El costo de producción de un campo está directamente relacionado con el volumen de las reservas y con la inversión efectuada porque cuando costeo un bloque tengo que recuperarla en el tiempo. En 2015, como promedio de los activos de Petroamazonas, el costo de producción es $ 23. Estos se utilizan para invertir, recuperar inversiones y pagar costos operativos. El campo Auca se encuentra en el rango de esos promedios.

Se ha dicho que la operación con Schlumberger implica la venta del campo Auca, que eso no le permitirá al Estado tener ningún rédito en los próximos 20 años y que jurídicamente la figura contractual no es la adecuada...

Desafortunadamente la crítica llega por todo. Si hacemos con nuestros recursos del Presupuesto General del Estado se critica, aduciendo por qué no se privilegia la inversión extranjera y que nosotros no deberíamos hacer las inversiones. En esta ocasión, cuando buscamos una alianza estratégica con una empresa para que invierta y de esa forma liberar recursos de Petroamazonas para destinarlos a otros fines, así como liberar recursos del Presupuesto, se dice que hemos entregado el campo. No hemos entregado nada. En estos nueve años, por nuestras acciones, hemos demostrado que somos un gobierno soberano, que defiende y maneja en forma responsable sus recursos naturales. Aquí no ha habido ninguna entrega. El bloque petrolero 61 sigue siendo de Petroamazonas, que opera y representa al Estado ecuatoriano. Lo que se hizo es contratar servicios específicos con financiamiento, una modalidad contractual que existe en nuestra legislación desde siempre y que la hemos utilizado en este caso para que la empresa invierta, gestione ciertos activos del bloque, pero seguimos siendo administradores y operadores.

Pasando a otro tema, con respecto al viaje que usted realizó hacia China, ¿qué objetivos lo motivaron y cuáles fueron alcanzados?

Después del viaje, al cual fuimos con el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, queda claro que China es el principal aliado y socio estratégico del Ecuador y que ha sido un actor importante en todos los proyectos de infraestructura desarrollados en estos 9 años. Con ese país, tenemos una relación complementaria, importante y sólida. Estamos buscando nuevas oportunidades además de aquellas que ya hemos conseguido. Nuevas estructuras de financiamiento para proyectos hídricos, carreteras y del proyecto más grande en la historia del país: la Refinería del Pacífico.

¿Qué se prevé el próximo año con respecto a la refinería?

Nuestra última visita fue muy positiva. Existe un respaldo total del gobierno chino que cuenta con una serie de institucionalidades donde se aprueban los proyectos, se determina una estrategia país y su orientación hacia ciertas actividades en otros países. Estamos en una etapa en la que recibimos la oferta de un consorcio de empresas coreanas y chinas de nivel mundial que nos permitirá en las próximas semanas evaluar esa oferta. Estamos discutiendo y aclarando ciertos temas de la oferta, ya en un proceso de negociación. Paralelamente trabajamos en el financiamiento de la refinería. Es una megaconstrucción no solo para Ecuador sino a nivel mundial. Un banco está liderando ese financiamiento en China.

¿Ese financiamiento podría concretarse en 2016?

La meta es concretar el financiamiento y la firma de la construcción del proyecto en 2016. Estamos trabajando para ello.

¿Cómo evalúa los resultados del 2015?

Fue un año de muchas concreciones. Además de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, tenemos 8 hidroeléctricas que operarán en el 2016. El llenado del embalse del Coca Codo Sinclair permitirá ir probando las turbinas que entrarán en operación paulatinamente. Lo mismo está pasando en Sopladora. Estamos cambiando la estructura energética y eso le permitirá al país exportar energía en volúmenes importantes. También se inauguró el proyecto Daule-Vinces, una megainfraestructura de regulación hídrica que beneficiará a más de 170 mil hectáreas productivas, que es parte del plan integral de recursos hídricos.

En Telecomunicaciones, la asignación de la banda 4G significó $ 330 millones para el Estado y compromisos de inversión por $2.000 millones en los próximos 9 años. La construcción del poliducto Pascuales-Cuenca está por finalizar y permitirá transportar combustibles con seguridad desde Guayaquil hacia Cuenca, beneficiando a 7 provincias del Austro y de la Amazonía.

¿La Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) facilita procesos de inversión en sectores estratégicos?

La Ley de Hidrocarburos, la Ley de Electricidad, la Ley de Minería, la Ley de Telecomunicaciones ya prevén las modalidades de relación con el sector privado. La Ley de Alianzas Público - Privadas contribuye para generar condiciones transversales para estos sectores como los principios de estabilidad tributaria y ciertos incentivos tributarios. En el sector eléctrico, la ley incluye normas que benefician el desarrollo de infraestructura hidroeléctrica en manos del sector privado.

¿Qué se propone en minería a gran escala?

La minería a gran escala ya es una realidad. Se están construyendo los primeros grandes proyectos y posicionando a Ecuador como destino de inversiones a nivel mundial. En Zamora empezará la construcción de una vía de 20 kilómetros para ingresar a la mina del proyecto Mirador y que beneficiará a las poblaciones aledañas. Al finalizar este año, la empresa ya habrá ejecutado una inversión de $ 130 millones. En 2016 se invertirán $ 500 millones en la construcción de la mina y se efectuará otra inversión similar en 2017. En Azuay, la construcción del proyecto Río Blanco comenzará en enero y se prevé una inversión de $80 millones. También, en 2016 comenzará el proyecto aurífero Fruta del Norte a cargo de una empresa canadiense.

En los próximos 5 años la minería podría convertirse en un eje de desarrollo que generará miles de puestos de trabajo e ingresos para el Estado. Hasta 2021 el país podría recibir $ 2.000 millones para la construcción de estas minas. A futuro, cuando los proyectos estén consolidados y operando simultáneamente, la minería podría generar unos $ 800 millones anuales para el presupuesto y exportaciones de $ 2.000 millones por año. Además, al tener el concepto de regalías mineras, estas se invertirán en las zonas de influencia cambiando los niveles de servicios para las poblaciones.

¿Persisten trabas legales, institucionales o económicas a las inversiones mineras?

Con las reformas y adaptaciones realizadas durante los últimos años, el sector minero cuenta con las condiciones e incentivos para su desarrollo. Como cualquier otra industria, la minería es dinámica.

¿Qué pasará con la minería artesanal?

Como Gobierno trabajamos para fortalecer la minería artesanal dentro de un marco de legalidad, controlando efectos ambientales, regularizando y capacitando a los mineros y fomentando la asociatividad.

En el debate sobre la optimización de los recursos estatales, se ha cuestionado la existencia de ministerios coordinadores. Con toda esta planificación, ¿se podría eliminar el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos?

La decisión de crear ministerios coordinadores ha sido muy positiva porque constituyen un apoyo fundamental en un gobierno que opera por resultados, metas e indicadores. (I)