El 2012 fue año positivo para el Ecuador, pese al recrudecimiento de la crisis económica internacional. El PIB creció en un  4,8%, el  desempleo se ubicó en 4,6% y se iniciaron  proyectos energéticos importantes. Sin embargo, el déficit de la balanza comercial no petrolera y el incipiente  desarrollo de la economía popular y solidaria son  temas que preocupan al Gobierno.   

¿Cómo evalúan las cifras económicas que arrojó el 2012?

Los esfuerzos realizados por el Gobierno para poner la casa en orden, en el ámbito económico, se pueden resumir en tres: la renegociación inteligente de la deuda externa, liberando más de 8.000 millones de dólares en obligaciones futuras para destinarlos al desarrollo nacional en lugar de enviarlos fuera; la renegociación de los contratos petroleros mediante una reforma legal para que el Estado gane el excedente generado  por los altos precios del crudo y no se lo lleven las empresas extranjeras como antes ocurría; y el mejoramiento en la gestión de la recaudación tributaria -pese a la disminución de algunos impuestos y una mejor deducción de impuestos por gastos personales- para  sostener la provisión de servicios básicos e inversión pública.

En el ámbito tributario, con la vigencia de la Ley de Redistribución del Gasto Social también  se produce una redistribución de la riqueza desde  el monopolio bancario -que no son más de 30 familias-  a casi 2 millones de familias  y veremos sus efectos este año.

¿En qué ámbitos?

Particularmente en consumo, porque habrán 2 millones de familias con mayor poder adquisitivo, lo que dinamizará la economía marginal y rural. El riesgo ahí es que  la inyección de recursos  se destine a importaciones, la gran  debilidad de la economía ecuatoriana y que desde la dolarización ha ido empeorando sin que se puedan  aplicar medidas cambiarias para proteger el sector externo. El déficit en la balanza comercial  está creciendo y mantendrá esa tendencia porque actualmente el país no tiene una base tecnológica y productiva suficiente que crezca al ritmo con que lo hace la economía nacional. Por ello, se prevé tomar más medidas restrictivas.  

¿En dónde  se aplicarán esas restricciones?

Haciendo  una lectura de la estructura económica del Ecuador, se seguirá privilegiando la importación de materias primas, bienes de capital, tecnología e insumos para la producción y generación de valor agregado. Se aplicarán   más restricciones administrativas y cuantitativas para bienes de consumo suntuario y se seguirán encareciendo los artículos de lujo, porque un país dolarizado tiene que cuidar sus dólares para la actividad interna.

Por el lado de la economía doméstica, con los incentivos de fomento productivo que se ejecutan  tras la aprobación del Código de la Producción, vemos que la industria está creciendo en un 6% anual.

¿Cuáles son las industrias que más han crecido?

Hablamos de las manufactureras (proceso de agregación de valor), no   petroleras ni minería, sino de transformación de materias primas. Entre esas industrias  están la agroalimentaria, farmacéutica y metalmecánica. En ésta última está, por ejemplo, el ensamblaje de vehículos, porque la economía crece y con ello el poder adquisitivo de las personas. Antes éramos  un país con 14 millones de personas, pero solo con medio millón de consumidores;  ahora ha crecido la demanda y   buscamos   que sea cubierta por la oferta nacional.

Pero todavía persiste el prejuicio de que lo importado es mejor que lo nacional…

Es un problema cultural; pero el primer reto es cambiar ese criterio desde el Estado que  actualmente  consume casi el 80% de productos de afuera. Para contrastar esa práctica trabajamos en reformas legales desde la Asamblea. Una de ellas es la reforma a la Ley de Contratación Pública para establecer requisitos más duros que incentiven a comprar lo nacional. Si algún funcionario público quiere importar,  tendrá más trabas jurídicas; aunque sabemos que no será posible evitarlo en sectores como el energético. Pero les comento: cerca del 70% de los alimentos que se distribuyen a través de los programas públicos de nutrición son importados y no nos pueden decir que en Ecuador no hay alimentos.  Entonces  se trata de fomentar la sustitución de importaciones en los sectores donde sí es posible, mientras que en las otras áreas podemos importar con la condición de que nos enseñen a producirlas, algo que las empresas sí están dispuestas a hacer  porque se trata de contratos millonarios.

¿Cómo afianzar esa política de consumo?

Continuarán mejorando los índices de empleo y la remuneración porque la conjugación de una base productiva sólida permite la formalización del empleo. Los fenómenos de autoempleo, sobre todo generados por el comercio, aún son informales y no permiten una opción realmente viable de superación de la pobreza. Entonces, se trata de impulsar la base productiva a través de la conformación de empresas.

¿Qué pasa con la economía popular y solidaria?

Este año veremos su  consolidación. Luego de cinco años de Gobierno   los criterios son más claros y existen políticas concretas. Hablamos de proveerles de tecnología, abrir mercados y generar asociatividad. En cuanto a tecnología, hay un amplio grupo dentro del sector de la economía popular que tiene vocación emprendedora; pero para aumentar su productividad, tanto en el área urbana como rural,  necesitan acceso a tecnologías de comunicación, maquinarias que les faciliten el día a día y esa será una línea fuerte de fomento productivo de parte del Estado para el sector.

En el sector agrícola, el Ejecutivo ha planteado la necesidad de proveer  a los campesinos de semillas mejoradas, pero  aquello aún no está generalizado….

Desde el ámbito tecnológico, precisamente, se busca que   ese conocimiento sea aplicado; pero ahí estamos atentos para que el  mejoramiento tecnológico no implique un retroceso si se genera una relación de dependencia, como ocurrió con la empresa extranjera Monsanto. Esa mejora productiva debe ir acompañada de mercados, porque hay mucha producción artesanal y de la pequeña empresa, pero no tienen a quien vender. Para eso se aplicará la reforma en Compras Públicas, reducir  la intermediación a través de la Ley de Poder del Mercado y dar facilidades para la exportación a través de la asociatividad o de forma individual a través del programa Exportafácil.

Para cumplir ese reto, ¿cuáles serán los mecanismos?

Habrá un renovado protagonismo para el Ministerio de Industrias al implementar la transformación de la matriz productiva. También será importante el Instituto de Economía Popular y Solidaria, en la ejecución del Plan Nacional del Buen Vivir que  se presentó desde  Senplades.

¿Cuál será el reto de este año?

La reducción del subempleo, pero hago una precisión: si bien corresponde al trabajo informal o a quienes no cumplen la jornada laboral ni perciben el salario  básico, también involucra a las personas que no ganan lo que aspiran. Es un indicador que puede magnificar innecesariamente un fenómeno, pero el reto más grande -después de la superación de la pobreza- será garantizar condiciones de empleo dignas.

Otro de los retos será la desconcentración del Estado para dotar de servicios públicos  en el territorio. Es un programa que tomará al menos 9 o 10 años, pero ya hay resultados importantes en seguridad, salud y educación.