Un promedio de 10 quejas diarias recibe la DPE contra compañías inmobiliarias

El proceso de obtención de una vivienda puede ser engorroso y de esto sabe bien Jackeline Ortiz, quien aseguró haber sido estafada por partida doble.    

El primer golpe lo recibió en 2008 cuando, junto a su esposo, William Guzmán, decidió adquirir una casa en el proyecto urbanístico Comunidad de Sorrento, ubicado en el km 20 de la vía a la Costa. La pareja entregó aproximadamente $9.000 a la empresa promotora Duplocorp, sin embargo, el inmueble jamás se construyó ni su dinero le fue devuelto.

Los dueños del proyecto salieron del país con denuncias y juicios de por medio,  mientras que Ortiz, en gastos de abogados, asegura que ha desembolsado hasta ahora casi la cuarta parte de lo consignado a Duplocorp.  

El segundo golpe vino 4 años después cuando, “confiada en la trayectoria de Terrabienes”, que había construido la urbanización Veranda en la autopista Terminal Terrestre-Pascuales, Ortiz pagó $ 12.500 como entrada para una vivienda en el proyecto Arcos del Río.

Pero Terrabienes, de propiedad del grupo Ortega Trujillo, incumplió sus compromisos con ella y con al menos 1.200 clientes más, y a inicios de febrero fue intervenido por la Superintendencia de Compañías y Valores (SC) junto con varias empresas del conglomerado por problemas de liquidez. “No sabe cómo me siento”, dijo la mujer la semana pasada luego de colocar en la Fiscalía del Guayas una denuncia por presunto delito de estafa en contra del gerente  de la empresa Jorge Ortega Trujillo.

Algo recurrente      

Las denuncias por temas inmobiliarios  llegan con tanta frecuencia a la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), que a la coordinadora zonal del Guayas, María José Fernández,  no le resultan extrañas.
Siete constructoras tienen quejas en esta dependencia por incumplimiento o por fallas estructurales en los inmuebles entregados. Solo en esa delegación se reciben al menos 10 quejas diarias por diferentes motivos. Las de Terrabienes sumaron casi 400 hasta la semana pasada.

La informalidad con la que se han venido ofertando proyectos urbanísticos en los últimos años ha terminado por sacar a la luz casos insólitos como el de Promaga, promotora de la urbanización Nueva Gran Ciudad, en el km 5 de Durán (Guayas). Las viviendas fueron ofertadas a cerca de 5.000 personas, incluidos migrantes, pero no contaban ni siquiera con servicios básicos, recordó Fernández.

No obstante, haciendo memoria es posible ubicar al menos 4 casos más en los últimos años como el del Grupo 10 Estrellas, que en 2012 ofertaba departamentos, casas, terrenos y proyectos en Quito con entradas mínimas de $ 5.000; Valle Alto, de la inmobiliaria Bella María, que dejó más de 6 procesados por la justicia en 2009; Duplocorp, cuyo gerente fue acusado por la Fiscalía  de estafa en 2013, y Unión Constructora.

Según la titular de la SC, Suad Manssur, esta última empresa no  devolvió el dinero porque no tenía activos y sus bienes están a nombre de terceras personas. “Hay juicios para saber si esos ciudadanos fueron testaferros. Es un proceso largo, donde el que más se perjudica es el comprador”, aseveró.

Si bien la DPE con una resolución defensorial puede viabilizar un acuerdo entre clientes y empresas,  así como la devolución del dinero, para María José Fernández no existe  “un mecanismo fuerte” que  controle el tema y resuelva el problema primordial de los clientes, que es poder acceder a vivienda. Aseguró que se debería trabajar en ello.

Regulación del sector

En 2013 la Superintendencia de Compañías expidió un reglamento de 8 artículos cuya finalidad es regular el funcionamiento de las compañías inmobiliarias y, de alguna manera, proteger a los compradores.

Según esta normativa, entre las obligaciones de estas empresas están: ser propietario o titular de los derechos fiduciarios de los terrenos en los cuales se desarrollará el proyecto, tener la autorización previa de los organismos públicos competentes, contar con el presupuesto económico para cada proyecto, construir dentro de los plazos establecidos y suscribir las escrituras públicas de compraventa definitiva a favor de los compradores.  

Para Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), esta normativa es buena, sin embargo no evita que existan estafas. “No es un tema de legislación, porque el incumplimiento pasa al ámbito civil como un delito de estafa, así que todo depende de la empresa”, dijo.

Lo que sí queda claro para los expertos es que la ciudadanía debe tomar mayores precauciones antes de involucrarse en un proyecto urbanístico.  Lo esencial -aseguraron- es verificar que este tenga los permisos municipales, y también investigar sobre los estados financieros de la compañía promotora.

La superintendenta Manssur enfatizó que siempre hay riesgo en todo negocio, pero cuando ya existe un permiso municipal quiere decir que el constructor ha cumplido con ciertos requisitos formales que son importantes.

Medio ideal para la estafa

La construcción es uno de los sectores productivos más importantes para la economía del país. Según el último reporte del Banco Central del Ecuador (BCE), en el segundo trimestre del año pasado se ubicó en el primer lugar con un aporte del 0,27% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).   
Esto, a criterio de Hermel Flores,  ha hecho que la actividad constructora se convierta en un “buen negocio”, aun para quienes no tienen vínculo con el tema inmobiliario. Este fenómeno -dijo- se está viendo con mayor frecuencia en Quito.

Según datos de la Camicon, de  580 compañías inmobiliarias, 170 son personas naturales. “Hay gente que tiene dinero, compra terrenos, contrata a un ingeniero y construye”, apuntó.
En tal caso, para Flores, es bueno que la gente “afine” bien el tema del contrato de compraventa, ya que este debe especificar las características de la vivienda y el tiempo de entrega, así como las sanciones y responsabilidades de las partes, pues  son las que definen las penalidades. “Esto debe quedar perfectamente claro”, aseguró.

Caso Terrabienes

El gerente de la Inmobiliaria Terrabienes, Jorge Ortega Trujillo, anunció el viernes pasado que la empresa firmó una carta de intención de negocio con un grupo empresarial que se encargará de terminar la construcción y entrega de casas del macroproyecto Arcos del Río, ubicado en el km. 1.6 de la autopista Terminal Terrestre, pero no se ofreció información sobre su identidad, ya que tienen “un acuerdo de confidencialidad”.

En un comunicado, Ortega aseguró que los clientes “pueden estar tranquilos” y que para finiquitar exitosamente la firma del contrato es importante la calma del público y el apoyo de las instituciones del Estado. Según el empresario, la Superintendencia de Compañías conoce del acuerdo.
Vía correo electrónico, el empresario le dijo a EL TELÉGRAFO que posee un acuerdo de confidencialidad con el grupo empresarial que terminará las obras de Arcos del Río. Señaló que dicho grupo se hará cargo “tan  pronto  terminen los análisis correspondientes y autorizaciones pertinentes”. También pidió “la colaboración y comprensión de nuestros clientes  y autoridades, a fin de poder cumplir a cabalidad los compromisos adquiridos”.       

En una entrevista, la titular de la SC, Suad Manssur, había adelantado que existían empresas interesadas en concluir el proyecto y que habían solicitado información. Sobre el reciente comunicado del gerente de Terrabienes, la funcionaria señaló que al parecer es real “pero nosotros no avalamos nada. Estamos esperando que se concrete y que ellos mismos hablen con la gente”.

Manssur afirmó que “nos han comunicado y están esperando que el Municipio de Guayaquil apruebe las etapas” y se aclare por dónde va a pasar el puente que unirá a Samborondón con Guayaquil, ya que está cerca de los proyectos de Terrabienes.        

Hasta el miércoles, durante una audiencia en la Defensoría del Pueblo, los representantes legales de la compañía propusieron devolver a los clientes su dinero en terrenos, y terminar la construcción en el conjunto Olivos del Río, siempre que se cancele un 10% más de la entrada, sin embargo, muchos de los compradores rechazaron esta opción.