Por seis años dos meses operó la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi Unión, con apenas 28 socios. La causal para el cierre inesperado -según su Gerente- fue la competencia de otras cooperativas de la Sierra que llegaron a la ciudad y el hecho que agravó su crisis fue la corrida de clientes que tuvieron con el cierre de la cooperativa Makita Kuk.

Los inspectores del Ministerio de Inclusión Económica Social (Mies), institución estatal que le dio el permiso para operar en junio del 2006, esperan de forma inmediata determinar la realidad de los estados financieros de la cooperativa. Entre tanto, el Mies ya interpuso la demanda en la Fiscalía con la finalidad de salvaguardar los intereses de los cuenta ahorristas.

La medida legal ya determinó la orden de arraigo (prohibición de salir del país) a los directivos de la institución y en los próximos días iniciará los procesos legales en contra de ellos. Ayer nuevamente decenas de clientes de la cooperativa Credi Unión, ubicada en la manzana 4 B de la cooperativa Montebello, se agolparon en las puertas de las oficinas.

Carlos Caisaguana, gerente de la cooperativa, dijo que tienen apenas 800 socios y que solo a 83 de ellos les falta devolverles el dinero. Indicó que ellos pidieron permiso al Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) para cerrar sus puertas y poder cobrar la cartera que tienen. “Una de las razones por la que hemos cerrado, se debe a la presencia de cooperativas de la Sierra que se apostaron por el sector y que se llevaron a los mejores clientes; además de que el cierre de la Makita Kuk provocó una corrida de ellos”, dijo.

Verónica Torres, cliente, indicó que ella tenía poco dinero, sin embargo le causó sorpresa el cierre. “Todo estaba muy bien, nadie se percataba de que había iliquidez, porque los cobradores acudieron hasta el fin de semana a recaudar con normalidad; creo que ni ellos lo sabían. Y la sorpresa se la dio el lunes cuando ya no abrieron”.

La subsecretaria del Mies, Peggy Ricaurte, dijo que según la Ley de Economía Popular y Solidaria y la Ley de Cooperativas, se mantiene en curso un proceso de disolución y liquidación de varias cooperativas de ahorro y crédito, productivas, de servicio, consumo y vivienda inactivas o que no reportan sus balances contables.

En ese contexto, la cooperativa  Credi Unión, registro Nº 0033 de junio de 2006, actualmente ha cerrado sus oficinas de manera unilateral en Guayaquil, por un período de 30 días. Esta situación no ha sido autorizada por la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Por ello, cualquier medida adoptada por la cooperativa Credi Unión es de absoluta responsabilidad de sus directivos, anotó.

Explicó que actualmente la Dirección Nacional de Cooperativas está en funciones prorrogadas hasta que asuma esa tarea la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en su Art. 112, establece el Fondo de Liquidez, mientras que en el Art. 116 determina la creación de un Fondo de Seguro de Depósitos.

Esas medidas serán aplicadas por la nueva institución para regular y controlar al sector de la economía popular y solidaria. Indicó que la transición a la nueva superintendencia se deberá realizar este 30 de septiembre y que en este momento están realizando toda la depuración necesaria. “Las cooperativas tendrán una nueva regulación a la que deberán ajustarse”.