El Ministerio de Trabajo aclaró que solo los servidores públicos que hayan sido contratados desde el 8 de septiembre de 2017 en adelante deberán presentar una declaración juramentada en la que certifiquen que no poseen bienes y capitales en paraísos fiscales.

La cartera de Estado, a través de un oficio expedido el martes 6 de marzo, explicó que la disposición de notarizar la declaración entró en vigencia en septiembre de 2017 con la publicación en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero de 2017.

Dado que el comunicado no especificaba la fecha de ingreso de los empleados y que el plazo de entrega vencía el mismo martes, de inmediato se generaron largas filas en las notarías. Un empleado de Petroamazonas, que prefirió no dar su nombre, manifestó que recibió en la mañana una notificación, por lo que pidió permiso para realizar la gestión.

El funcionario fue a la notaría 77, ubicada en el centro norte de Quito, donde decenas de servidores públicos realizaban el mismo trámite, que costaba $ 23,90.

De la misma forma, un servidor del Ministerio de Cultura comentó que luego del trámite y de haber realizado el pago en la Notaría, se enteró de que no era necesario, por lo que cuestionó la falta de seriedad de la cartera de Trabajo.  

En Guayaquil, Amarilis Peñafiel, esposa de un Policía Metropolitano, se encargó de agilitar el trámite. “Estuve todo el día y terminé a las 18:30, al día siguiente supimos que no era necesario”.

El trámite también lo hizo Gabriel Bayona, docente de un instituto técnico superior, quien contó que con sus compañeros hicieron una sola carpeta y la enviaron con un familiar y que al finalizar la tarde se acercaron a firmar. Minutos después recibieron el comunicado del Ministerio del Trabajo.

Leonor Elizabeth Cañarte, notaria 25 de Guayaquil, dijo que desde las 10:00 recibió gran cantidad de gente en su despacho. Entonces optó por recibir las cédulas y el papel de votación vía correo electrónico para agilizar el trámite. Solo del ECU-911 atendió 140 solicitudes.  

El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, en una entrevista en Radio Pública lamentó la confusión y reconoció que los ecuatorianos dejan los trámites para última hora.

Recordó que este requisito rige desde septiembre pasado. Además enfatizó que “la interpretación que le ha dado cada unidad de Talento Humano, equivocada o no, “no es responsabilidad nuestra”.

Al identificar que había personas que erróneamente estaban sacando el documento, se aclaró que la disposición aplicaba solo para quienes iniciaron sus labores desde el 8 de septiembre.

El Ministerio de Trabajo resolvió ampliar el plazo 30 días más, hasta el 8 de abril, para que los funcionarios entreguen las declaraciones juramentadas. (I)