Los $ 1.600 millones que el Gobierno espera recaudar con las medidas económicas anunciadas la semana pasada por el Presidente de la República vendrán principalmente de la tasa de control aduanero y los aranceles que serán aplicados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae). 

El segundo grupo más grande de ingresos vendrá por la lucha contra la defraudación fiscal. El titular del Ministerio de Economía, Carlos de la Torre, dijo días atrás que esta medida no es solo recaudatoria, sino que al controlar estos mecanismos se corrige un problema que genera pérdidas de unos 200.000 empleos y $ 2.000 millones anuales.

Según datos de Finanzas, el incremento del impuesto a la renta para sociedades y personas se ubica en tercer puesto (ver infografía).

Expertos consultados coinciden en que las medidas dirigidas hacia las micro y pequeñas empresas (mipymes) son positivas. Sin embargo, aún hay otros parámetros que generan inquietud.  

Juan Carlos Jácome, analista de EMS Consultores, considera que “los grandes ganadores de estas propuestas son los exportadores y los micro y pequeños empresarios de alguna manera, pero creo que la conjunción de todos estos elementos no nos llevan a una línea clara de la reactivación económica”.

Para el economista, la devolución de impuestos a los importadores, cuyos detalles aún no se definen, no tendrían un impacto agregado en la economía, pero son ‘bocados’ para oxigenar al sector empresarial.

Sobre la tasa de $ 0,10 de control aduanero a los bienes que ingresen al país y el arancel que se aplicará a  375 partidas (que significarían  unos $ 500 millones según el Senae), Jácome dijo que “son las de mayor impacto al empresariado,  pero también considero que en el entorno de una economía dolarizada expuesta a los choques externos era algo que había que hacerse”. 

Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura Zona I, ve con preocupación el programa económico del Gobierno porque según él no existe un beneficio real para todo el sector  productivo.

“Son medidas tibias que no advierten un escenario a mediano y largo plazo. Se sigue pasando la responsabilidad al sector privado, en lugar de asumir la responsabilidad de reducir el aparato del Estado en términos reales”, manifestó.

Felicitó la decisión de exonerar del pago del anticipo del impuesto a la renta a aquellos negocios que no generan más de $ 300.000.

Pero advirtió que si bien con eso se  beneficiará al 82% de las empresas, su peso dentro de la recaudación tributaria es mínimo. Las organizaciones que están dentro del 18% que continuarán pagando el anticipo aportan con más del 70% del Producto Interno Bruto industrial y comercial. “Seguimos gravando (impuestos) a los generadores de mano de obra, a los que generan impuestos”, acotó.

Del mismo modo se refirió a la eliminación del impuesto a las tierras rurales. Recordó que la derogatoria de este gravamen se solicitó desde 2009 y aunque ahora esto se hizo realidad, no significa mayor aporte para el desarrollo del sector agrícola ni tampoco un sacrificio fiscal importante porque rinde apenas $ 3  millones.

Por su parte, Wilson Araque, director del Observatorio de la Pequeña Empresa de la Universidad Andina Simón Bolívar, reflexionó sobre las discrepancias en torno a  la continuidad del impuesto a la salida de divisas (ISD). Dijo que a pesar de ser una limitación a la producción y atracción de inversiones, lo cierto es que genera importantes ingresos para el país (más de $ 1.000 millones al año) que resultarían difíciles de sustituir.

También reconoce que el programa representa incentivos para la micro y pequeña empresa, así como para los actores de la economía popular y solidaria, pero para alcanzar los objetivos de generación de empleo también se debe trabajar en fortalecer las exportaciones y abrir nuevos mercados internacionales.

A pesar de que el Ministro de Economía indicó que el plan económico generará 16.000 plazas de empleo cada año, Byron Villacís, exdirector del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos dijo que no se conoce cuál será el impacto en subempleo y desempleo porque las nuevas modalidades de contratación aún no se definen. Considera que las medidas planteadas se concentran más en lo normativo que en lo institucional. (I)