Los bancos Bolivariano, Produbanco, Amazonas, del Litoral, de Loja, del Austro y la institución financiera Diners Club del Ecuador, fueron notificados ayer por la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) para que presenten sus pruebas de descargo y demuestren que efectuaron los procesos de desinversión de empresas o entidades ajenas al servicio financiero.

Esta notificación fue entregada por escrito a los representantes de las entidades financieras mencionadas, durante una reunión que mantuvieron ayer con la Junta Bancaria y el Superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines.

Paúl Franco, miembro de la Junta Bancaria, indicó que estos bancos tenían un plazo determinado para enviar la documentación que demuestre la venta de las acciones, la cual fue presentada. Sin embargo, destacó que la Superintendencia de Bancos revisó los documentos y en “estos bancos  no existe información suficiente que deje ver claramente que han procedido a la desinversión”.

Si en 60 días los bancos no remedian los incumplimientos, la Junta Bancaria establecerá sancionesSegún él, “por ejemplo, queremos saber cómo se hizo la venta de las acciones de ciertas empresas, qué mecanismos financieros se utilizaron, si pagaron impuestos, entre otros aspectos, para determinar que efectivamente se ha realizado la venta y no existió una simulación”.

De su parte, Solines dijo que después de notificar a los bancos, estos tendrán 15 días para que presenten los documentos que demuestren que las ventas fueron legales. “A lo mejor las observaciones que nosotros tenemos no son compartidas por ellos, y respetando el debido proceso que establece la Constitución, tienen la oportunidad de defenderse y presentar sus descargos”, precisó.

Después de esos 15 días, manifestó el funcionario, si los descargos satisfacen a la SBS, se da por terminado el problema. “Caso contrario, les damos 60 días más para que remedien el incumplimiento y si en 60 días no lo  hacen,  la Junta Bancaria les impondrá sanciones”.

Indicó que dicho organismo puede establecer  sanciones que  van desde multas económicas, hasta eliminar derechos políticos y económicos a los accionistas, destitución del representante legal e incluso, la toma de acciones y venta en subasta pública.

Teleamazonas y Telerama

Tras una investigación realizada por la Superintendencia de Compañías (SC), la SBS denunció ante la justicia que los bancos Pichincha y del Austro simularon la venta de las acciones que poseían en los medios de comunicación Teleamazonas y Telerama, respectivamente.

En el caso de Telerama, la demanda civil se presentó el 22 de febrero del año en curso, en contra del grupo financiero Banco del Austro.

En cuanto a Teleamazonas, respecto al grupo de Banco Pichincha y Diners Club, en su demanda el superintendente solicitó al juez que “declare la nulidad absoluta causada por objeto y causa ilícita de los contratos de fideicomiso Teleamazonas y Teleamazonas II”, en que están involucrados los demandados “como constituyentes, beneficiarios, partes y accionistas de las compañías”.

“No hay información suficiente que deje ver claramente que han procedido a la desinversión”Como consecuencia de tal declaratoria, Solines pidió “la nulidad de los contratos de compra-venta de acciones y los consecuentes contratos de Encargo Fiduciario y de prenda ordinaria de comercio; la nulidad absoluta ocasionada por objeto y causa ilícitos, por los actos jurídicos de simulación en fraude al Derecho Público, por retención indebida en que incurren entidades financieras y personas naturales y jurídicas vinculadas de propiedad accionaria de Teleamazonas”.

Estas acciones van en contra de lo que señala el  artículo 312 y la disposición Transitoria Vigésima Novena de la Constitución del Estado, además de normas del bloque de la constitucionalidad y disposiciones secundarias obligatorias.   

En su demanda, Solines aclaró que la declaratoria de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita de los contratos de fideicomiso, así como de los consecuentes contratos de compraventa de acciones, prenda ordinaria de comercio y Encargo Fiduciario “deberá salvar los derechos de posibles terceros de buena fe que hayan intervenido en negociaciones legítimas relacionadas con las acciones y derechos de las compañías dueñas  de las acciones de Teleamazonas”.

Las personas jurídicas y sus respectivos representantes legales demandados son: Guillermo Talbot Dueñas, por los derechos que representa en Banco del Austro S.A.; Alberto Hernán Peña Moscoso, apoderado especial de la compañía extranjera Cardizales Oroibéricos S.A.; y Augusto Fernando Garzón Viteri, apoderado de la empresa foránea International Motors Company Inc. En cambio, las personas naturales demandadas son: Jorge Eduardo Eljuri Antón, Juan Gabriel Eljuri Antón, Rebeca Judith Eljuri Jerves, Ana Carolina Eljuri Jerves y Jorge Juan Eljuri Jerves.

El artículo 312 de la Constitución fue reformado por referéndum del 7 de mayo de 2011. Dicha reforma estableció que los banqueros no deben tener a su cargo medios de comunicación y tampoco pueden tener ninguna otra actividad ajena al sector financiero.