El Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) está de acuerdo con las reformas propuestas por el Ejecutivo, respecto a los ajustes para los beneficios tributarios que reciben las personas con discapacidad y de la tercera edad.

El Estado detectó casos en los que presumiblemente se está haciendo uso indebido del servicio en beneficio de terceras personas. Para ello usan a aquellos que pueden acogerse a las rebajas tributarias y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En el proyecto de Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, se busca corregir estos abusos, estableciendo nuevos montos acorde a la realidad del país y a los registros del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Conadis.

Javier Torres, presidente del Conadis, durante su comparecencia en la Comisión de Régimen Económico, expuso que el proyecto de ley no elimina el beneficio, sino que está regulando las medidas, donde “han existido muchos abusos”, en su mayoría por las personas, familiares o amigos que asisten a quienes presentan alguna discapacidad.

Actualmente la ley dispone que se exoneren del pago de aranceles vehículos hasta por un monto de 120 remuneraciones básicas unificadas que equivalen a más de $43.000 en valor FOB, “pero eso en el precio referencial del mercado es aproximadamente $ 85.000”, según explicó Leonardo Orlando, principal del SRI.

Lo que se propone es un límite de $ 36.000. Los vehículos ortopédicos se mantendrán exentos bajo un régimen de devolución. En cuanto a vehículos de transporte público, se propone reducir la cantidad máxima de $ 150.000 a $ 86.000, extendiendo su aplicación una vez cada cinco años y no cada cuatro.

Lo curioso es que, de acuerdo a lo mencionado por Orlando, en las bases de datos del Gobierno, tanto en la Aduana como en el SRI, en los últimos años no existen registros de importación de vehículos ortopédicos para el transporte público.

Actualmente, los dos grupos de atención prioritaria tienen derecho a solicitar la devolución del IVA pagado en las compras de bienes y servicios de primera necesidad que se utilizan para su uso y consumo personal, siempre y cuando estén relacionados con vestimenta, vivienda, salud, comunicación, alimentación, educación, cultura, deporte, movilidad y transporte.

En 2015, el SRI desembolsó $ 60,76 millones por devolución del IVA a las personas con discapacidad y de la tercera edad, quienes presentaron 353.837 solicitudes. Mientras que, entre enero y febrero de 2016, se han devuelto $ 7,8 millones.

Las  personas con discapacidad tienen derecho a la devolución de IVA en la adquisición de vehículos ortopédicos o no ortopédicos que estén destinados para su uso y traslado; así como la devolución sin límite en la adquisición de aparatos médicos especiales, materia prima para órtesis y prótesis.

Para acceder a este beneficio, las personas con discapacidad deben certificar en el organismo competente una discapacidad mayor al 40%. El monto máximo de devolución actual es de $ 335,10 mensuales. En el caso de los adultos mayores que hayan cumplido 65 años, se puede solicitar hasta $ 219,60 mensuales.

El beneficio para ambos grupos aplica siempre que el comprobante de venta esté a nombre de la persona con discapacidad (así se trate de un menor de edad) o de la persona de la tercera edad.

Lorena Espinoza, presidenta del Centro Issac para personas con autismo, indicó estar de acuerdo con un mayor control a las importaciones de vehículos, para evitar el mal uso de los beneficios porque “sí ha habido un abuso”, dijo.

“Para las personas que tienen problemas físicos hay equipos muy costosos; en ese caso sí creo que lo que están fijando se debe aumentar. Hay casos muy puntuales que merecen mantener el beneficio”, sugirió.

Casos sospechosos bajo vigilancia

Torres coincidió con Orlando en cuanto a que la exoneración para vehículos, en algunos casos, reduce aproximadamente a la mitad el valor real del bien. “En el país han ingresado vehículos con valores promedio de $ 45.000 liberados de impuestos, lo que significaba que el Estado estaba asumiendo $ 45.000 al exonerar esa cantidad de dinero”.

A su criterio, esto ha permitido que existan vehículos importados de alta gama y con costos elevados, que estarían evadiendo impuestos aprovechándose del beneficio de los grupos prioritarios.

De las 408.021 personas con discapacidad que constan en el Registro Nacional de Discapacidades, tan solo 0,89% han importado algún vehículo (ver infografía).

Para argumentar su postura, Torres mencionó que se han encontrado casos puntuales con claros indicios de abuso del beneficio. Uno de ellos es el de una persona de 100 años de edad, con 75% de discapacidad visual, considerado “muy grave”, que según el Senae en 2015 importó un vehículo de marca  BMW por $ 45.521,93 en valor CIF.

Otro caso es el de un adulto mayor, de 96 años de edad, con 100% de discapacidad física considerada “muy grave”, que el año pasado importó un vehículo marca Land Rover por $ 37.130,11 en valor CIF.

Por las variables de riesgo se han podido determinar eventos en los que personas de 85 a 90 años, que no presentan declaración patrimonial, ni declaración del Impuesto a la Renta, y que tampoco tienen ingresos registrados, estarían comprando vehículos de entre $ 140.000 y $ 230.000 y posteriormente solicitan la devolución del IVA, lo cual para las autoridades constituye una evidencia que hace presumir que existe un abuso.

Pero los casos no son únicamente de vehículos. El SRI señala que  identificó comprobantes de venta por ropa y zapatos para niños, emitidos a nombre de personas de la tercera edad; cursos de ballet para niñas, cuando el solicitante es una persona con discapacidad física de 71%; compra de 10 jabas de cerveza de un adulto mayor, entre otros eventos. (I)