Sobre el ajuste y las acciones para proteger empleo

Días atrás, el Presidente de la República esbozó acciones para proteger el empleo. Si bien advirtió que la propuesta sería sometida a mayor análisis, ese anuncio suscitó reacciones que califican a las eventuales reformas como expresiones de “flexibilización laboral”. Debido a la historia económica latinoamericana, este concepto está tan cargado de connotaciones simbólicas que es difícil debatirlo sin pasiones.

En el ámbito y formas características de la comunicación pública para amplias audiencias, sostener que algo tiene sesgos de “flexibilización laboral” equivale a imputarle intenciones “neoliberales”. En Ecuador, la asociación entre neoliberalismo y flexibilización ha devenido en un reflejo condicionado. Aunque sería inútil intentar disipar creencias arraigadas, sí conviene contribuir al debate con unas acotaciones.

Cuando fueron diseñadas a propósito de la crisis de la deuda de México, las políticas de ajuste estructural abordaron el problema de la balanza de pagos con una motivación rectora: crear condiciones para que los países pudiesen “conseguir dólares” y pagar a sus acreedores externos. A tal efecto, sin dubitaciones, se buscó reducir el consumo y la inversión domésticos. En las generaciones posteriores de ajuste, la flexibilización laboral respondió también a esa lógica fundacional, a saber, exportar más, conseguir divisas y pagar deuda.

A partir de esa experiencia histórica, sin embargo, no se debería inferir que toda acción pública relacionada con la balanza de pagos equivale a reintroducir un ajuste estructural enmarcado en los supuestos y objetivos del Consenso de Washington.

En una economía pequeña y abierta, a corto plazo -es decir en un lapso en el cual no es factible cambiar la relación estructural existente entre factores de producción- los efectos contractivos de un desequilibrio externo en la producción doméstica, y especialmente en la producción de bienes ‘no transables internacionalmente’ como son aquellos del sector de la construcción, podrían ser paliados reduciendo la cantidad o el precio de trabajo. Si no se desea hacer esto último, pero tampoco se prefiere la disminución indiscriminada del consumo y la inversión, una opción disponible para la política pública es encontrar arreglos institucionales que permitan mantener niveles de actividad económica sin inaugurar procesos regresivos de distribución primaria del ingreso.

Esta es, sin duda, una tarea bastante difícil. Pero no intentarla equivaldría a dejar que “el mercado” (léase miles de decisiones individuales descoordinadas entre sí) imponga por sí solo la opción más fácil de apreciar e implementar desde una racionalidad limitada por la información y enmarcada en intereses privados a corto plazo, a saber, disminuir la cantidad y, también, el precio del trabajo. (O)