Las aseguradoras continúan recibiendo reclamos de afectaciones generadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Al momento, las empresas han entregado $ 422,1 millones en indemnizaciones por 35.764 casos finiquitados de un total de 39.863 siniestros causados; el 20% correspondiente a instituciones del sector público.

En los últimos tres meses la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) ha recibido 4.099 reclamos por los que pagará    $ 153,3 millones, indicó Patricio Salas, secretario ejecutivo de la agremiación.

Con este próximo desembolso, las indemnizaciones sumarían un monto global aproximado de $ 575 millones, cantidad prevista desde el inicio por la Fedeseg.

La norma legal vigente en el Código de Comercio otorga un plazo de diez días, luego de ocurrido el acontecimiento, para que los afectados presenten sus reclamos.

A raíz de una disposición de la Superintendencia de Compañías y Seguros, las sociedades continúan receptando casos.

Cada uno es sometido a un análisis riguroso que examina la veracidad de los factores que retrasaron la presentación del reclamo.

Los requisitos para las notificaciones dependen de lo estipulado en cada contrato. El trámite hasta obtener el dinero de la indemnización demora, en promedio, 90 días. “Pero las compañías nos pronunciamos y procedemos con el pago dentro de 30 días que se ha presentado toda la documentación”, afirmó el dirigente.

Cerca del 94% de los siniestros atendidos corresponden a seguro de incendio y multirriesgo, el cual cubre edificaciones y contenidos.

Un total de 30 compañías atendieron reclamos relacionados al terremoto provenientes de 17 provincias, principalmente de la Costa. Manabí y Esmeraldas abarcan el 70% del total de siniestros indemnizados.

Solo la aseguradora pública, Seguros Sucre, ha cubierto en las dos provincias más afectadas 10.662 casos, por pérdida parcial o total, valorados en $ 49,8 millones, de acuerdo a información proporcionada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

En el transcurso de los últimos doce meses las empresas descubrieron que más de la tercera parte de las víctimas mortales contaban con un seguro de vida.

Según Salas, en muchos casos, los familiares de los fallecidos supieron de la existencia de esas pólizas por anuncio de las aseguradoras, para que puedan hacer efectiva la cobertura del contrato.

El procedimiento está siendo estudiado por organismos internacionales para incluirlos dentro de sus propios protocolos de actuación.

Salas aseguró que de acuerdo a reportes internacionales, el terremoto de abril “fue el más mortífero que ocurrió en todo el mundo en 2016”. A su criterio, en el país aún no existe la costumbre de contratar seguros privados.

Citó un estudio elaborado por Suiza de Reaseguros en marzo de 2016, el cual sostiene que, en promedio de los últimos 10 años, apenas el 17% de las pérdidas económicas que han sufrido los países latinoamericanos por catástrofes naturales han tenido cobertura de seguros privados. Ecuador se encuentra dentro en esa media. (I)

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En Manabí se abrieron 20.386 nuevos negocios

La Ley de Solidaridad no solo contribuyó a recaudar más de $ 1.397 millones -con corte al 7 de abril- para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto, también aportó a la reactivación económica estableciendo incentivos tributarios para los sectores productivos de Manabí y Esmeraldas.   

El resultado fue una tasa de crecimiento en Manabí y Esmeraldas de 14,4% y 16,9%, respectivamente, porcentaje que supera al promedio nacional del 10%. Este incremento se ve reflejado en la apertura de 20.386 nuevos negocios en Manabí y 7.369 en Esmeraldas, informó el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Incentivos adicionales se otorgaron a los contribuyentes mediante decretos ejecutivos como son: remisión de intereses por mora; exoneración del pago del anticipo del Impuesto a la Renta 2016 y 2017; rebaja del 50% en el pago de las cuotas RISE de abril a diciembre de 2016 y a partir de 2017; exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas y aranceles por un año; y descuento de dos puntos del IVA (Impuesto al Valor Agregado).

En conjunto se registraron 178.739 beneficiarios por $ 214.070. En cuanto a devoluciones, el SRI repartió más de $ 4,4 millones mediante 12.711 operaciones en las dos provincias.

Por otro lado, el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) indicó a EL TELÉGRAFO que ha asignado $ 81,3 millones para financiar, principalmente, obras de reconstrucción en infraestructura, saneamiento ambiental,  equipamiento urbano, y de riego y control de inundaciones. Del monto global, a la fecha, el banco ha desembolsado $ 21,02 millones para las dos provincias.

Así mismo, el 29,5% de créditos entregados ($ 6,2 millones) fueron a desarrollo múltiple y obra civil de infraestructura; el 28,31% ($ 6 millones) para equipamiento urbano; y 16,21% ($ 3,4 millones) y 11,21% ($ 2,4 millones) para  saneamiento ambiental y fortalecimiento institucional, respectivamente.

Otra entidad pública que entregó créditos para la reactivación de las zonas afectadas  fue el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). En préstamos quirografarios la entidad otorgó $ 169,7 millones en 175.430 operaciones. La suma en hipotecarios fue de $ 68,4 millones en 2.143 transacciones. En total, a Manabí se destinaron $ 168 millones y a Esmeraldas $ 69,9 millones. (I)