Las reformas laborales anunciadas por el presidente de la República, Rafael Correa, en el último enlace ciudadano, despiertan el interés de varios sectores. Para algunos representantes consultados la propuesta es coherente con la situación que vive el país.

La premisa es proteger el empleo en tiempos difíciles. De ahí que las propuestas, sobre todo la de ajustar la jornada laboral, son de carácter temporal y no obligatorio. Es decir, que se aplicará cuando las empresas atraviesen un mal momento y con acuerdo con los trabajadores.

Para Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el paquete de medidas es “una solución efectiva para evitar el desempleo en épocas difíciles”.

Reprochó la actitud de otras agrupaciones sindicales que aseguran que la propuesta vulnera los derechos de los trabajadores. Al menos esa es la postura de Pablo Serrano, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), quien afirmó que al modificar la jornada laboral se estaría violentando el  Código de Trabajo, se perdería “continuidad en la Seguridad Social” y se pondría en riesgo el pago de horas extras.

Aunque el Ejecutivo aún no remite a la Asamblea Nacional el proyecto de ley urgente,  Luis Fernando Torres, asambleísta de CREO,  afirmó que la flexibilización laboral “es un paso importante en esta difícil situación económica para que puedan incorporarse más personas a puestos de trabajo”.

Sin embargo, considera que la flexibilidad debió estar contemplada hace tiempo en la legislación laboral ecuatoriana.

Por su parte, Fausto Cayambe (AP), presidente de la Comisión de los Derechos del Trabajador, explicó que las medidas planteadas por el Ejecutivo son “alternativas frente a las circunstancias económicas que, por efectos externos, vive Ecuador”.

Cayambe puntualizó que son “medidas temporales” para salir a flote en medio de la coyuntura que se atraviesa. Recuerda que el contrato por hora y la tercerización están prohibidos por la Constitución.

La comisión espera recibir el texto oficial la próxima semana para evaluar las alternativas expuestas, conforme dijo el presidente Correa. Para el legislador, el seguro de desempleo y el primer empleo para los jóvenes son opciones viables.

Respecto al contrato juvenil, la propuesta, orientada a jóvenes de entre 18 y 24 años sin experiencia  previa, es que el Estado cubrirá el aporte al Seguro Social que le correspondería al patrono (11,15% del salario básico unificado) -es decir, $ 40-. “Si gana más, esa parte adicional la tendrá que cubrir el empleador”, advirtió el Presidente, al tiempo de mencionar que se analizan las formas de financiamiento.

Nuevas formas contractuales

El paquete contempla, además,  nuevas formas de contratación para tres sectores: construcción, agropecuario y pesquero. La razón es que la actividad en estos segmentos comprende ritmos de trabajo diferentes a los habituales, ya que dependen de factores climáticos, tipo de obra, producto, entre otros.

Si bien la Ley de Justicia Laboral eliminó los contratos a plazo fijo, debido a que, dijo el Presidente “había abuso” de este tipo de contratación, para el sector de la construcción se retoma esta figura contractual “por el tiempo de ejecución de la obra y se cancela el proporcional correspondiente a décimos, vacaciones y desahucio de forma mensual”.

Silveiro Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), precisó que dentro de la Ley de Justicia Laboral  existe el mecanismo de contratación por obra o de servicios determinados dentro del giro del negocio, lo cual les ha favorecido para poder precautelar el empleo.

Sobre la nueva propuesta opinó que resultaría acorde a la forma de trabajo del sector, que depende del tiempo de entrega de la obra. “Toda ley que sea beneficiosa para el trabajador y el empresario siempre la estaremos apoyando”, aseveró.

Para el área agropecuaria, en cambio, se propone un contrato por un año renovable -puede ser discontinuo-. Recargo del 9,33% proporcional de décimos, vacaciones y bonificación por desahucio -factor de ajuste por días de descanso obligatorio 1,36%-.

Ricardo Gómez De La Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, dijo que “los planteamientos conceptuales son interesantes”.

Mencionó que el tema de la adaptabilidad en el sector agropecuario se estructura  hace tiempo, logrando acuerdos ministeriales al respecto. Sin embargo, no han sido aprovechados porque aún no se ajustan a la realidad.

Por eso el gremio espera conocer el documento oficial para elaborar una propuesta que atienda sus necesidades, adelantó Gómez.

Finalmente, para el segmento pesquero la duración del contrato jornada laboral y forma de pago será acordado entre las partes. Se reconocen todos los beneficios y se establece un salario mínimo sectorial.

Al respecto, Jorge Baidal, presidente de la Asociación de Barcos Pesqueros Pomaderos de Posorja, observó que la idea se acomodaría al ritmo de trabajo de los pescadores, ya que “las regulaciones del mar no son las mismas que las de una oficina”.  Como ejemplo, dijo que en el caso del cangrejo, de los 12 meses del año 2 no son laborables por la veda. (I)