La segunda ley económica de la administración de Lenín Moreno, aprobada el martes pasado por la Asamblea Nacional, pretende ser una de las vías por donde transite Ecuador con miras a lograr la estabilidad y alcanzar el crecimiento económico.

Así lo describe Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, en una extensa entrevista concedida a EL TELÉGRAFO en la que desmenuza algunas cifras y las metas a las que aspira llegar el Gobierno, así como los resultados preliminares de cómo avanza la reducción del déficit fiscal.

Lejos de esquivar los puntos que son objeto de críticas dentro de la Ley de Fomento Productivo, Martínez los encara y asegura que se actuará con transparencia y responsabilidad, cuidando cada dólar del Estado.

Para cerrar, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas no dejó de lado otro importante tema de coyuntura:los subsidios. Al respecto, sostiene que el análisis continúa al interior del Gobierno, pero da algunas luces sobre esa revisión.

La Ley de Fomento Productivo está por publicarse finalmente en el Registro Oficial ¿Cuáles serán los resultados que se verán en el corto (este año) y mediano plazo?

Una oxigenación de la economía para que todos los emprendedores puedan aliviar la carga de deudas que los agobian y proyectarse con nuevas ideas. Eso se traducirá en más inversiones, más dinamismo económico y recuperación del empleo. Las mipymes, economía popular y solidaria, agricultores, ganaderos, pescadores, área turística, actividades deportivas, las zonas de frontera y las afectadas por el terremoto se beneficiarán porque accederán a una serie de incentivos. Hemos construido una Ley pensando en el futuro de los ecuatorianos. Pero esto va más allá. La ley beneficiará a los ciudadanos porque les permite limpiar el historial crediticio, así como la remisión de deudas por becas estudiantiles a nuestros jóvenes y deudores del Banco Nacional de Fomento en liquidación.

Dotará además de sostenibilidad a las finanzas públicas, garantizando siempre el cumplimiento de los programas sociales gubernamentales. Es importante recordar que, para garantizar la dolarización, el país debe contar con un manejo económico responsable. La ley garantiza esa disciplina en el manejo fiscal e incentiva la permanencia y llegada de divisas al país.

¿En cuánto se estima aumentará la inversión extranjera una vez que entre en vigencia la Ley?

Solo con la presentación de esta Ley hemos generado un ambiente de confianza que ha permitido concretar acuerdos de inversión con el sector privado por más de $10.000 millones. Por otro lado, tenemos proyectos de inversión privada en sectores estratégicos como los de electricidad, infraestructura, hidrocarburos y minería que se concretarán una vez que se realicen las licitaciones correspondientes de manera transparente.

Este es el círculo virtuoso que estamos promoviendo desde todas las instancias gubernamentales, con el fin de dinamizar al sector productivo y lograr el gran objetivo de la política del Gobierno Nacional que es garantizar mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos y de manera prioritaria para los más necesitados.

Las reglas macrofiscales causan más cuestionamientos y no fueron aprobabas en la Asamblea Nacional. ¿Por qué es importante que en los próximos cuatro años no rija el límite de endeudamiento? ¿Qué garantizará que se llegue a un déficit fiscal primario cero?

El manejo fiscal de un país no es distinto al de una familia. Nadie puede gastar todos los meses más de lo que tiene. Si gasta más tiene que pedir prestado. Y cuando se ha endeudado mucho, difícilmente podrá pagar la deuda de un momento a otro.

En el caso de las cuentas fiscales que hemos heredado, aun cuando la carga de deuda es sumamente pesada, el país requiere de financiamiento para cubrir los déficits de los próximos años hasta lograr el equilibrio fiscal. En la medida en que reduzcamos el déficit reduciremos las necesidades de endeudamiento. No podemos sanar la economía de un año a otro. Tampoco bajar de un día a otro el déficit a cero, eso sería muy traumático para todos. Tenemos que hacerlo de forma gradual pero muy disciplinada.

Hasta el 2021 debe desaparecer el déficit fiscal primario, que es aquel que no contabiliza los pagos por deuda. De esta manera se logrará la racionalización del endeudamiento hasta ubicarnos en el techo del 40% que establece la Ley. ¿Cómo lo haremos? Optimizando el tamaño del Estado, que creció de forma desmedida; si no corregimos a tiempo aquello se pone en riesgo la sostenibilidad de los programas sociales. Como ha señalado el Presidente de la República, el ejemplo debe empezar por casa mismo.

Manejaremos el dinero con ética y responsabilidad. Es importante mencionar que la Ley no afecta al financiamiento de los municipios y prefecturas. Los programas y proyectos que necesiten impulsar podrán realizarse sin problemas con los criterios de eficiencia y equidad.

Los asambleístas exigieron un seguimiento anual al cumplimiento de las metas fiscales, ¿acogerá esta recomendación?

Me parece un pedido muy coherente. De hecho, antes de ese pedido, incluimos en el veto una disposición para que exista un reporte periódico al respecto.

El problema de fondo es que en Ecuador, el deber ser, se convirtió en la excepción. Hablo de la transparencia. Lamentablemente, las administraciones anteriores olvidaron que el Estado maneja recursos de todos los ecuatorianos, de lo que cada uno de nosotros, como ciudadanos o como empresas, aportamos en impuestos, así como de los recursos que ingresan por el petróleo, que es de todos.

Al contrario, nosotros vamos a actuar con transparencia. Cada dólar que maneja el Estado es sagrado.

Varias medidas implementadas en el Ministerio de Economía y Finanzas corroboran lo que comento. Por ejemplo, publicamos los Boletines de Deuda que no se habían publicado desde enero. Hemos avanzado de forma intensa para cumplir con las recomendaciones de Contraloría sobre el manejo de la deuda. Para la optimización del gasto público y la reducción del tamaño del Estado hemos parado proyectos que no contaban con el debido financiamiento.

Estamos haciendo grandes esfuerzos para ordenar las finanzas públicas. Tenemos buenas noticias que darle al país en el ámbito fiscal, pues hemos logrado reducir en 66% el déficit durante el período enero-julio de 2018 versus igual lapso de 2017. El déficit cayó $ 1.500 millones pasando de $ -2.285 millones a $ -788 millones.

¿Cuál es el compromiso de los empresarios para que generen plazas de empleo adecuado y poco a poco sean el motor de la economía?

Los empresarios cuentan hoy con una serie de incentivos que les garantizan competitividad. Los compromisos de inversión del sector privado se están formalizando en función de su responsabilidad y rol como dinamizadores de la economía.

Entre los meses de enero a junio de 2018 se aprobaron 22 contratos de inversión por $ 874 millones. Aunque eso es bueno, aún es insuficiente. Somos optimistas de que las señales que estamos enviando a los emprendedores pronto van a revertirse en inversión generadora de empleo.

El Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones (MCEI) tiene un catálogo muy potente de más de 100 empresas dispuestas a invertir poco más de  $ 9.000 millones en los próximos cuatro años en sectores como alimentos y bebidas, industria, inmobiliario, turismo, comercio, tecnología y servicios. Se estima que esas inversiones generarán más de 61.000 empleos por año.

Tenemos que sellar una alianza público-privada para que el empleo y la riqueza surjan y combatir la pobreza.

El Presidente envió un alcance referente al arbitraje internacional luego de haber remitido el veto parcial. ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que ahora las disputas que se presenten entre el Estado y los inversionistas se podrán resolver en sedes internacionales como las de París y La Haya?

Nos parecía indispensable contar con normas que ratifican el compromiso de establecer como mecanismo de solución de controversias el arbitraje internacional para contratos superiores a $10 millones. Los mecanismos establecidos en la Ley son reconocidos a escala mundial, tienen larga vigencia y han sentado precedentes a través de fallos razonables. Con ello, el Estado ecuatoriano envía un mensaje potente de respeto a las reglas de juego, a la seguridad jurídica y generación de confianza de los inversionistas.

¿Cuál es su postura frente a los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que fueron denunciados en la administración pasada? ¿Cómo influyó en la llegada de nuevas inversiones?

Haberlos denunciado sin tener un instrumento alternativo para la renegociación de un nuevo tratado fue un error. El no tener garantías para las inversiones siempre será una limitación para su llegada.

El Gobierno se ha preocupado por enviar señales positivas a los inversionistas y mercados internacionales y ha enviado un nuevo modelo de TBI a los distintos países, ya que reconocemos la importancia de tener este instrumento en plena vigencia, como un factor vital para brindar seguridad y previsibilidad.

El debate sobre la remisión de intereses continúa. Por un lado, se insiste en que se están perdonando las deudas a los grandes empresarios; pero por el otro se asegura que pequeños empresarios y personas particulares sí se benefician. ¿Cuál es la ventaja global de la medida?

La ventaja es que el Gobierno accede a recursos que estaban en litigio, mientras que los ciudadanos y empresarios se quitan un peso de encima. No es como se señala, una condonación de deudas puesto que los contribuyentes deben pagar el capital para la remisión de intereses y multas. Este proceso es mejor que el aprobado en 2015, se ha colocado un candado por 10 años para que no exista la percepción de que este tratamiento va a ser recurrente y se da más plazo a los pequeños contribuyentes. Genera un alivio a ecuatorianos por diversas circunstancias -muchas veces ajenas a su voluntad-, han caído en mora con el SRI, IESS, ANT, exBNF y con el IECE.

La Ley ha sido pensada no solo en los grandes contribuyentes sino en todos. Sí nos ha llamado la atención escuchar a algunos asambleístas que en el 2015 defendían fervorosamente la remisión y que ahora la critican, cuando esta tiene más beneficios. Cada cual guarda en su conciencia su coherencia.

Los asambleístas propusieron que la remisión de intereses, multas y recargos aplique también a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, pero finalmente será opcional. ¿Por qué no incluirlas?

Porque nos parece que cada GAD debe decidir de acuerdo con su realidad. No creemos que sea lo más conveniente obligarlos. Los GAD que consideren conveniente podrán ejecutar procedimientos similares, pero para ello deberán analizar su situación y emitir una normativa específica.

¿Cuál será el impacto de la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a los importadores de insumos y bienes de capital? ¿No se afectará a proveedores nacionales que producen ciertos insumos en el país?

Al contrario, el objetivo es mejorar la competitividad de las empresas de todos los tamaños, reduciendo sus costos.

La mejor forma de promover el crecimiento de los proveedores nacionales es aliviar las cargas excesivas y mejorar el acceso a financiamiento. La Ley de Fomento Productivo con todos los incentivos y otros instrumentos que se están desarrollando desde la banca pública, apuntan en ese sentido. Se establece un incentivo temporal para que las nuevas inversiones productivas que suscriban contratos de inversión tengan derecho a la exoneración del ISD en los pagos realizados al exterior por concepto de importaciones de bienes de capital y materias primas necesarias para el desarrollo del proyecto, hasta por los montos y plazos establecidos en el referido contrato.

¿En qué plazo la Junta Monetaria deberá reducir los costos de los servicios financieros? ¿Podría adelantarnos cuáles se revisarán?

Vamos a trazar la hoja de ruta en el seno de la Junta en la próxima sesión. Vamos a precautelar que todo sea definido sobre la base de un estudio técnico y con mucho diálogo con todos los actores involucrados, a fin de cumplir el mandato de la ley sin afectar la estabilidad del sistema, que es vital para el buen desempeño de la economía en su conjunto y para los ciudadanos.

Tenemos entendido que el Ministro de Hidrocarburos ya presentó un informe para su análisis sobre la focalización de subsidios. ¿Qué opciones se analizan? ¿Cuándo conocerá el país la decisión final sobre el tema?

Lo que se analiza es focalizar subsidios sin afectar a los que menos tienen. Procuramos una conversación razonable, respetuosa y transparente, sin apasionamientos ni falsas premisas políticas. Hay subsidios que son más eficientes que otros. Por ejemplo, los subsidios entregados en el Bono de Desarrollo Humano, en el Bono Joaquín Gallegos Lara, en las pensiones para adultos mayores – Mis Mejores Años o en las pensiones para personas con discapacidad, son subsidios que garantizan la protección social de los más pobres. Por otro lado, más de  $ 1.700 millones se destinan a subsidios en combustibles cuando debemos a nuestros jubilados cerca de $ 500 millones. De esos $ 1.700 millones hay temas muy sensibles como el gas y el diésel pero existen subsidios a vehículos de gama alta que lo lógico sería que destinemos esos recursos a programas sociales, a educación, salud, a combatir la pobreza. Debemos evaluar todas las salidas ante el endeudamiento excesivo que sufrió el país durante la última década. Sin embargo, aún no existe una definición final sobre el tema. (I)