Horas antes de partir rumbo a España (ayer), Richard Martínez conversó con EL TELÉGRAFO sobre el veto a la Ley de Fomento Productivo. Anticipó que en las próximas semanas se presentará un plan con definiciones y metas para optimizar el gasto del Estado.

¿A qué se debe su viaje a Europa?
Acercar a la comunidad internacional la visión de este momento del país y compartir detalles no solo del estatus de la economía, sino también de qué pensamos hacer. Vamos a firmar memorandos de entendimiento con dos empresas españolas interesadas en financiar la construcción de viviendas del programa Casa Para Todos.

¿Cuál es el monto del financiamiento?
Es para 80.000 casas. Creo que superan los $ 1.000 millones en total. Son dos proyectos diferentes: uno es para casas de copago y gratuitas; y el otro es sobre la posibilidad de que el Estado garantice terrenos para que se pueda construir.

En el veto, ¿a qué se refiere la meta estructural de largo plazo?
Debe tener varias consideraciones: crecimiento de largo plazo de la economía, condiciones del precio del petróleo, dinámica del gasto público. Es una meta que nos permita encontrar un horizonte.

¿Qué márgenes se analizan?
No le puedo anticipar. Primero tenemos que esperar la definición final de la ley. Trabajamos con asistencia técnica de organismos internacionales.

¿Cómo se calculará la deuda pública? ¿Es la antesala para eliminar el Decreto 1218?
En cuanto al Decreto 1218, ya enviamos a la Presidencia de la República el borrador de eliminación.

En cuanto al déficit fiscal, ¿se mantiene la meta de llegar al 5,3% que usted mencionó en la Asamblea Nacional en mayo?
Esa meta incluso la redujimos un poco, porque seguimos en el proceso de optimización.

Ya hicimos un recorte de cerca de $ 600 millones. Todas las entidades del sector público trabajan para cumplir el Plan de Optimización del gasto corriente cada año de 10% y en gasto de inversión el 5%. Sí vamos a cumplir con esa meta y esperamos que pueda ser algo menor.

¿Se cumplirá el objetivo de reducir el gasto público en al menos $ 1.000 millones al año?
Este año creo que cumplimos, el reto es 2019 porque dado que tenemos que reconocer el 40% de las pensiones jubilares, según el dictamen de la Corte Constitucional.

En nuestras estimaciones preliminares con el IESS eso no será menor a los $ 1.000 millones. En compras públicas diseñamos un plan que permita generar ahorros con más transparencia y eficiencia. Este año solamente en ese rubro esperamos un ahorro de cerca de $ 150 millones. Ese plan estimo que lo presentaremos en agosto.

¿Cómo ve el cierre del año?
El segundo semestre no será muy distinto al escenario actual. En la medida que la economía va dejando la dependencia del gasto público naturalmente tiende a perder dinamismo. Para 2019 aspiramos a encontrar los aceleradores de crecimiento a través de inversión privada.

¿Hay algún plan para la gente que saldrá del sector público?
Trabajamos en un plan de contingencia y reconversión de habilidades con el Banco Mundial. Con el Ministerio de Trabajo actuamos en algunas modalidades contractuales que permitan que la nueva inversión tenga mayor capacidad y facilidad de contratación.

¿Hay discrepancia con el INEC sobre las cifras de empleo?
Hemos definido la necesidad de profundizar en el análisis tal vez con el apoyo de un organismo como la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

El IESS y el Ministerio de Trabajo tienen una linealidad en las contrataciones. De hecho el Ministerio de Trabajo tiene más contratos registrados que el año anterior. No diría que hay una discrepancia, pero sí una sana discusión.

¿Sobre los subsidios, cuál es la opción: eliminar o focalizar?
No es un tema sobre el cual se haya tomado una decisión. En nuestra opinión hay muchas ineficiencias porque hay subsidios que se entregan a personas que tienen capacidad adquisitiva alta. Los subsidios tienen que ser enfocados en los más pobres, los sectores más vulnerables.  

¿Ecuador va por un paquete de financiamiento con el FMI?
Tenemos opciones de financiamiento que este momento están a la espera de la entrada en vigencia de la ley para que se puedan concretar. No se han entablado conversaciones formales para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, al menos por el momento no está previsto.

No somos partidarios de descartar ninguna opción, ni el fondo ni China, mercados internacionales, multilaterales, banca de inversiones. Estamos abiertos a todas las fuentes de financiamiento que podamos lograr en las mejores condiciones para el país. (I)