Las acciones del Ministerio de Economía y Finanzas se enmarcan en el Plan de Prosperidad 2018-2021 con 6 pilares estratégicos: Ley de Fomento Productivo, sostenibilidad fiscal, cumplimiento de los compromisos internacionales, protección social, impulso a la inversión privada y transparencia.

La cartera de Estado dio un giro con el ingreso de Richard Martínez como titular, luego de dos ministros que lo antecedieron. Con amplia trayectoria en el sector privado, este joven economista ofreció clarificar las finanzas públicas y un ajuste gradual en el gasto del Estado, sin afectar programas sociales.

Este diario publicará hasta fines de mes temas referentes a las instituciones públicas. (I)

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La Ley de Fomento Productivo trae inversión

La norma cumple tres meses de vigencia este noviembre. Entre sus metas prioritarias se encuentra la generación de recursos por medio de la remisión de intereses, multas y recargos con distintas entidades públicas y el apoyo a la inversión privada.

Según el MEF, más de 140.000 contribuyentes pertenecientes a micro, pequeñas y medianas empresas, así como personas naturales se han beneficiado de la medida. Se espera que este año ingresen $ 600 millones por este concepto.

La Ley de Fomento Productivo también fue una señal que viabilizó acuerdos de inversión con varias empresas por alrededor de $9.400 millones.

La normativa ofrece incentivos como la exoneración del Impuesto a la Renta en nuevas inversiones: 12 años para todas las ciudades a excepción de Quito y Guayaquil en donde aplican ocho años del beneficio; 15 años si es para una industria básica; 20 años para zonas fronterizas; 15 años para Manabí y Esmeraldas, 20 años si se invierte en turismo.  

Para los sectores agropecuario, acuícola y pesca se estableció tarifa 0 de IVA para insumos, maquinaria, repuestos de tractores, barcos pesqueros, seguros y arrendamiento de tierras de uso agrícola. También impulsan la producción de cocinas a gas y la construcción de vivienda social. (I)

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El déficit fiscal se redujo 57% en siete meses

Entre enero y septiembre de 2018 el déficit fiscal disminuyó en $ 1.664 millones en comparación al mismo período del año pasado (57% menos).

El déficit primario del Presupuesto General del Estado (PGE) en ese lapso de 2017 fue de $ 1.081 millones, mientras que para este año se registra un superávit de $ 861 millones. De acuerdo al Plan de Prosperidad, se busca cerrar este año con un déficit global del 4,1% del PIB y un déficit primario del 1,3% del PIB.

El MEF ha implementado ajustes en diferentes áreas de la administración pública. Por ejemplo se redujo $ 588 millones del Plan Anual de Inversiones aprobado para 2018 en $ 4.739.

En varias ocasiones, el ministro Richard Martínez ha explicado que el recorte se realizó en proyectos que no disponían de financiamiento real o certificación presupuestaria.

Otra acción fue la eliminación del subsidio a la gasolina súper y al diésel industrial en este año, medidas que generarán un ahorro promedio de $ 120 millones anuales al Estado.

La reducción de asesores fue otra disposición del Gobierno para ahorrar recursos. Hasta el momento, el número de asesores en la Función Ejecutiva se redujo de 676 a 241. También se restringieron las contrataciones de servicios ocasionales en el sector público. (I)

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Las fuentes de financiamiento público se ampliaron

En estos últimos meses, la cartera de Finanzas ha realizado nuevas operaciones de financiamiento, como un pago anticipado y voluntario de $ 266,6 millones al Banco de Desarrollo de China de un crédito de $ 2.000 millones contraído en 2011. El alivio fiscal suma $270,75 millones. Además, el Estado evitó cancelar $ 9,34 millones por concepto de intereses.

Se concretó una operación de reporto con Goldman Sachs por $ 500 millones de libre disponibilidad. Con ello se accedió a una tasa menor a la del mercado y representó un ahorro para el país de entre $ 28 y $ 30 millones. “Con esta operación se diversificaron las fuentes de financiamiento y no se comprometieron activos de la República”, sostuvo el MEF.

Así mismo se suscribió un convenio de crédito por $ 368,8 millones con el Fondo Latinoamericano de Reservas.

El Comité de Deuda y Financiamiento aprobó $ 237,6 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejoras en la prestación de servicios sociales; $ 250 millones con el mismo organismo para el Metro de Quito; y $ 150 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para el sector eléctrico, entre otros.

Nuevas operaciones con China se esperarían en diciembre. (I)

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Relación abierta con organismos multilaterales

La política de apertura internacional no ha sido ajena al MEF. Uno de los hitos en este sentido ha sido la voluntad expresa de Ecuador de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ahora ya con un comité liderado por el ministerio para seguir los procesos respectivos para concretar la aceptación del país.

Por otra parte, se retomó el relacionamiento con organismos como Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyos representantes visitaron el país en junio de este año y se facilitó el acceso a información económica para la consulta del Artículo IV, cuyo informe final está pendiente y el MEF prometió hacerlo público. También se accedió a asistencias técnicas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).

Del 6 al 9 de agosto, junto con una misión del BID se hizo un trabajo para la monetización de Activos de Infraestructura Pública.

Hasta el momento, se han definido líneas estratégicas de gestión y un plan de acción que traerá resultados en los próximos dos años, informó el MEF.

Adicionalmente con el BID, CAF y BM se inició un diagnóstico de la situación de las empresas públicas para optimizarlas. Como resultado de estos análisis, el Estado prevé ingresos por $ 1.000 millones en 2019 por concesiones. (I)

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Nuevas líneas de crédito para reactivar la economía

Dos programas de crédito buscan dinamizar las actividades productivas con la banca pública. La iniciativa “Crédito, Inversión y Empleo para la Prosperidad” contempla una inyección de $ 1.300 millones para distintos segmentos: $ 235 millones para micro y pequeñas empresas, a artesanos y a la economía popular y solidaria (EPS); $ 200 millones para el agro; $ 40 millones para fortalecer el Fondo Nacional de Garantía; $ 800 millones se movilizarán para el sector de la construcción; y $ 63 millones para el emprendimiento y talento joven.

El programa “Construimos Empleo y Prosperidad” se enfoca en el sector de la construcción con $ 2.750 millones para préstamos mediante seis líneas: el Fideicomiso Vivienda para la Prosperidad viabilizará créditos con una tasa del 4,99%.

El Banco del Pacífico y la Corporación Financiera Nacional (CFN) destinarán $ 143,9 millones con una tasa entre el 5,5% y el 8,5% con períodos de gracia de hasta 24 meses y un plazo de hasta 5 años.

Banco del Pacífico destinará, adicionalmente, $ 161,7 millones para créditos hipotecarios para vivienda de interés social y para otros segmentos de la población.

El Biess colocará $ 900 millones en créditos hipotecarios y $ 400 millones para financiamiento desde el mercado de valores. (I)