La Constitución de la República de Ecuador, en su Art. 286, señala que  “las finanzas públicas, en todos los niveles de Gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos permanentes”.

Además, establece que “los egresos permanentes para salud, educación y justicia serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes”.

Bajo este enunciado, el Gobierno indica que es  falso que se necesite el petróleo de las reservas ubicadas en el Parque Nacional Yasuní para pagar sueldos de burócratas, ya que este tipo de gastos  debe  ser cubierto  con ingresos permanentes, como los tributos.

De acuerdo al Presupuesto General del Estado (PGE) de este año, los ingresos por concepto  de impuestos  alcanzarían 12.869 millones de dólares, de los cuales hasta la fecha han sido devengados   8.381 millones de dólares. El Servicio de Rentas Internas (SRI) prevé recaudar este año  12.200 millones de dólares en tributos. “Con el petróleo no se puede pagar burocracia (...), eso es gasto permanente y es prohibido constitucionalmente cubrirlo con gastos petroleros”, indica Correa.

En 2012, los gastos permanentes ascendieron a 12.212 millones de dólares, según la proformaEn  este año  los gastos permanentes ascienden a 19.542 millones de dólares, de estos 7.941 millones de dólares son destinados al pago de personal. De acuerdo a cifras actualizadas del Ministerio de Finanzas, hasta el momento se han destinado 4.933 millones de dólares en gasto de personal.

El asambleísta Juan Carlos Cassinelli, miembro del Movimiento PAIS y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico,  destaca que los ingresos provenientes del petróleo son exclusivamente para cubrir los proyectos de inversión. “Por lo tanto cuando hablamos hoy de lo que ingresa por el crudo o mañana lo que puede ingresar por la explotación del ITT -si es autorizada- son valores que no se utilizarán para pagar sueldos de empleados públicos, sino precisamente para inversión y desarrollo”, dice.

Explica que más del 87% de lo que se destina de los ingresos corrientes son para pagar salud, educación, seguridad, que son los tres rubos que se llevan gran parte del presupuesto.

Burocracia

Según un informe publicado el año pasado en el sitio web del Ministerio Coordinador de la Política Económica, de acuerdo a la proforma 2012 el número de servidores públicos era de 455.214, mientras que en  2011 fue de 488.656.  Hasta el 28 de agosto de este año la cifra de empleados públicos era de 499.000.

El asambleísta Cassinelli reitera que la burocracia no es mala, el problema es cuando no se utiliza adecuadamente el recurso humano. Agrega que se ha mejorado definitivamente el tema de los sueldos de los profesores, médicos y de la fuerza pública, que ahora están más capacitados y ofrecen un servicio de calidad. “Hay una policía técnicamente equipada y calificada, y, además, aumentó el número de sus efectivos. Por lo tanto, el incremento en ese sentido lo que refleja es algo totalmente positivo para la ciudadanía, salud, educación, seguridad”, subraya Cassinelli.

Proceso de transformación

Para el economista Julio Molina Flores, exdecano de la Facultad de Economía  de la Universidad Católica de Guayaquil, al interior de los ministerios y en todas las dependencias gubernamentales se ha generado un proceso de transformación en los últimos años.

Señala que en el país existe una adecuada organización en las entidades del sector público. “Hay un ordenamiento en el sector administrativo, una racionalización en el sector financiero, es decir, la distribución de los ingresos que obtiene el funcionario público, además se ha dado su jerarquización de acuerdo a su capacidad”, alega.

Molina expresa que es obvio que ha aumentado el número de trabajadores del sector público, pero que “es necesario para poder atender al usuario  que concurre para obtener un servicio en cualquier institución, como el Seguro Social, Servicio de Rentas Internas (SRI), Registro Civil, la Corporación Financiera Nacional (CFN)  etc.”.

Esta opinión es compartida por la ciudadanía que acude a  las dependencias para realizar algún trámite. Una de las usuarias es Carmen Peñafiel, quien estaba satisfecha por la atención que obtuvo en el momento de tramitar un  nuevo documento de identificación. “Antes  sacar la cédula era difícil, porque  había que madrugar y dormir afuera de las oficinas para  coger un turno, sin contar los malos tratos de los funcionarios. Ahora todo es distinto, es mejor y más fácil”, dice la ciudadana.

Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas y Unitarias de los Trabajadores (Cedocut), indica que “hay importantes avances en las obras de infraestructura para que funcione el sector público, como por ejemplo el Ministerio de  Relaciones Laborales  y  el Registro Civil”.