¿Quién paga el Metro de Quito?

Hace varias semanas el Alcalde de Quito aseveró: “Estamos en capacidad de financiar la diferencia del Metro de Quito”. A primera vista parece ser una decisión coherente la de cubrir la diferencia del proyecto con deuda, porque el Municipio no tiene la capacidad financiera para desembolsar un valor semejante en un solo período. Lo que no dice el alcalde Rodas es que toda decisión a fin de cuentas la pagamos todos en diferente medida, y es la virtud de cualquier líder de nueva impronta tratar de que los costos sean distribuidos de acuerdo a la capacidad económica de los ciudadanos.

En Quito, ahora ocurre todo lo contrario. Y es ahí donde la visión social y de política pública del Municipio es absolutamente injusta: favorece a unas pocas familias de estratos altos a costa de las inmensas mayorías populares de esta ciudad. ¿Por qué? Cuando uno adquiere un préstamo (aceptando la necesidad) y, al mismo tiempo, no busca generar el ingreso suficiente de forma permanente para cancelar dicho crédito (por el contrario, reduce impuestos que pagan los ricos) sucede lo siguiente: (1) el déficit en el futuro provocará que el Estado central deba asumir en el largo plazo, mediante transferencias, el costo de este descalce fiscal o (2) que el Municipio, por pagar el crédito, deje de hacer obras a favor de las comunidades más necesitadas, como alcantarillado, saneamiento, transporte alternativo, cultura, etc. En los dos casos el costo ha sido trasladado hacia la mayoría de ciudadanos, mientras quedan inafectadas todas las clases altas y medias altas de la ciudad que, vía una mayor contribución de impuesto predial, están en capacidad de financiar el nuevo crédito para el metro.

Pongamos algunas cifras para evidenciar la política de la nueva época. En 2013 Quito recaudó $ 85 millones por tributos a los predios (predial, alcabalas, utilidad y plusvalía). Para saber si los ecuatorianos pagamos mucho por impuestos a la propiedad inmobiliaria, es necesario poner en perspectiva comparada. El impuesto predial en Ecuador representa aproximadamente 0,1% del PIB, mientras que en países en desarrollo esta tributación alcanza el 0,7% del PIB, es decir, 7 veces más que Ecuador. Considerando que el predial es uno de los impuestos más justos que existen (quien tiene más riqueza paga más), Ecuador y Quito están muy por debajo de los niveles internacionales de tributación a la propiedad. No es necesario modificar tarifas impositivas, el gran problema es la evasión por subdeclaración en la compra-venta de inmuebles y la falta de catastros actualizados, lo que provoca la erosión de la base tributaria.

De esta forma, la contratación del crédito debió venir acompañada de incremento de los impuestos prediales para garantizar una sostenibilidad financiera en el tiempo. Aún no hay certeza del valor del préstamo, pero según estimaciones, el déficit en la construcción del Metro rondaría los $ 490 millones. Si solo el Municipio plantease incrementar en $ 30 millones anuales adicionales vía impuestos a la propiedad inmobiliaria, ese valor podría ser cubierto en 16 años, tiempo prudente para contratar un crédito de un organismo multilateral.

La capacidad financiera y fiscal del Municipio es evidente, lo que falta es voluntad política para plantear una política justa y responsable con la ciudad. El mensaje demagógico de reducir impuestos para “beneficiar el bolsillo de los quiteños” es falaz: además de favorecer a los que más tienen con la reducción de impuestos, también la nueva deuda hace que, en el largo plazo, la amortización del préstamo significará menos obras para la mayoría de quiteños.

Hay que recordarle al Alcalde que el desarrollo urbano (como es la construcción del Metro) es un esfuerzo colectivo de toda una ciudad, y su papel como autoridad capitalina debería ser el de precautelar que el financiamiento para el desarrollo sea con justicia y equidad: quien más capacidad tiene para contribuir, debe aportar más mediante impuestos. Basta de mentir a la ciudad, el crédito del Metro será pagado por la gran mayoría de quiteños, quienes se verán afectados en el futuro por la carente obra pública. Mientras tanto, aquellos que pudieron contribuir más, vía impuestos, mantendrán sus privilegios inalterados. (O)