La sentencia judicial contra el proyecto minero Río Blanco, en la provincia del Azuay, y la paralización de una parte del proyecto Mirador, en Zamora Chinchipe, complican el cumplimiento de los cronogramas previstos por las compañías y el Estado ecuatoriano.

El pasado 3 de agosto la Corte Provincial de Justicia de Azuay notificó la negativa a la apelación presentada por el Estado para reactivar las actividades en el proyecto minero Río Blanco, que confirma así un fallo de primera instancia que reconoce la vulneración del derecho del proceso a la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Molleturo.

El proyecto minero Río Blanco está a cargo de la firma inversionista china Junefield Group S.A. (Ecuagoldmining). Se calcula que en el interior de este yacimiento hay 605.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata.

La vida útil del yacimiento se estima que es de 11 años y estaba prevista una inversión aproximada de $ 90 millones.

Los beneficios directos que recibiría el Estado durante este período por concepto de Impuesto a la Renta, utilidades laborales, regalías e Impuesto a la Salida de Divisas de este proyecto de mediana minería era de $ 191,49 millones, recursos que tras la sentencia judicial, ahora penden de un hilo.

Pese a que aún faltan evacuar recursos para que la sentencia quede en firme, al Gobierno le preocupa el precedente que deja dentro de su campaña para la atracción de inversiones y la seguridad jurídica de las empresas extranjeras que confían sus recursos en el país.
Para el viceministro de Minería, Henry Troya, la sentencia emitida se basa en errores de interpretación, que ponen en riesgo la imagen del país, frente a inversionistas.

“Los inversionistas no piden que se aminoren los requisitos, ni que se bajen los estándares de control y cuidado, sino que se cumpla y haga cumplir la ley. Un fallo contrario a la ley habla muy mal de nosotros como Estado”, señaló el funcionario.
Advirtió que esta sentencia podría conllevar “efectos graves de repercusión jurídica (en cortes internacionales) con el argumento de que a través de los jueces se vulneran los derechos”.

Por su parte, el ministro de Comercio Exterior e Inversiones, Pablo Campana, reconoció que al Gobierno le preocupa el tema del proyecto Río Blanco porque daría un mensaje negativo a los inversionistas, respecto a la confianza y credibilidad del Estado, empeñado en la atracción de recursos, generación de divisas y creación de fuentes de empleo.

“Estamos a favor de atraer inversiones bien habidas y que respeten la ley y normativa vigente en cada sector. (...) Este tipo de sentencias genera preocupación”, expresó el secretario de Estado.

Por otro lado, el proyecto Mirador, ubicado en la parroquia El Pangui, provincia amazónica de Zamora Chinchipe, tiene reservas estimadas por 3,2 millones de onzas de oro y 26 millones de onzas de plata. Operado por la concesionaria china Ecuacorriente S.A. comenzó su construcción en 2015 y para este año estaba prevista su producción, pero gran parte está paralizada.

El viceministro Troya explicó que el proyecto tiene hasta el momento dos suspensiones, una fue interpuesta por la cartera de Ambiente y la otra por el Ministerio de Minería.

En lo que respecta al Ministerio de Ambiente, la Secretaría de Estado tomó la decisión porque habría incumplimientos.

Por su parte, el Ministerio de Minería suspendió otro frente del proyecto tras la muerte de un trabajador de una contratista, causada por un deslizamiento de rocas.
El viceministro Troya enfatizó que no se reaperturará el frente hasta que no se brinden las seguridades. (I)