El proyecto de Apoyo Humanitario promueve los acuerdos laborales

Once artículos del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario están destinados a guiar acuerdos entre trabajadores y empleadores para conservar las plazas de empleo.   

Las propuestas las podrán presentar cualquiera de las partes. Y una vez que se suscriba un acuerdo, durante el tiempo que este dure las empresas no podrán despedir a ningún colaborador.

El proyecto propone, por ejemplo, que se apruebe el contrato especial emergente y la reducción emergente de la jornada (ver infografía).

“El Gobierno Nacional tiene como principio garantizar la estabilidad laboral”, dijo Luis Poveda, ministro de Trabajo, en el pleno de la Asamblea. 

Aseguró que debido a la emergencia sanitaria, 22.856 empresas se han acogido a la suspensión, 3.947 a la reducción y 1.331 a la modificación de la jornada laboral. Esto sin que se vulneren los derechos laborales, mencionó.

 “Tenemos el compromiso de precautelar las fuentes de empleo, velar por los derechos de los trabajadores, reactivar la sostenibilidad de las empresas y para ello necesitamos de todos; es el momento de ayudarnos los unos a los otros”, aseguró.

Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, dijo el lunes en su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico que el espíritu de la ley es preservar los trabajos y las fuentes de empleo mediante un marco legal que permita llegar a acuerdos justos y cooperativos entre las partes.

Aseguró que estos procesos se aplicarán solo en aquellas empresas que tengan dificultades.

Por su parte, el Gobierno establece espacios de mediación. Si no se llega a un pacto,  la empresa entrará en liquidación con una protección primaria de los trabajadores. Además, habrá sanciones para los socios o accionistas que perjudiquen a la empresa en su propio beneficio.

Martínez aclaró que los estímulos que dé el Ejecutivo, tanto en financiamiento como en subsidios directos en función de la vulnerabilidad de las empresas, van a estar enfocados prioritariamente a aquellas que lleguen a acuerdos.

Varias voces del sector empresarial aprueban toda medida que sea a favor del trabajo. El Comité Empresarial Ecuatoriano dijo que son indispensables profundas reformas laborales que brinden oportunidades de empleo.

El sector de la construcción se une a este pedido. Creen que la flexibilidad laboral será fundamental para la reactivación de ese sector.

Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos, propone que se activen contratos por horas y obra para todas las funciones del sector.

Trabajadores creen que hay un retroceso en los derechos

Pero representantes de los trabajadores creen que estas medidas se podrían convertir en justificativos para que los empresarios presionen a los trabajadores y se impongan sus condiciones.

Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, considera que para que se den acuerdos reales debe estar presente un inspector de Trabajo.

Además, cree que esta opción de llegar a acuerdos debe darse solo en las pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el también miembro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios se opone a la aplicación de un contrato a tiempo definido porque cree que va en contra de los derechos de los trabajadores.

Agrega que con este tipo de contratos, los empresarios van a despedir o renovar a sus colaboradores cada dos años, sin liquidaciones, lo que causaría inestabilidad laboral a los trabajadores.

Agrega que es una forma más de ir en contra de la jubilación patronal.

Solo el 5% de trabajadores, asegura, accede a este beneficio porque el empleador lo despide antes de cumplir los 20 o 25 años.

Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, concuerda con Gómez. Cree que el obrero se verá obligado a aceptar las condiciones que le imponga la empresa porque sabe que con la coyuntura no va a encontrar otro trabajo. “Están abusando de estas circunstancias en favor de los empresarios”, dice.

Por otro lado, a los representantes del sector trabajador les tomó por sorpresa la cuarta disposición general del proyecto de ley.

Esta señala que cuando concluyan los 9 meses del pago de la contribución humanitaria se propone reducir de forma permanente un 10% la remuneración mensual de los colaboradores de la Función Ejecutiva y empresas públicas, cuya remuneración supere los $ 1.000.

Según García, de esta medida quedan fuera las funciones Legislativa, Judicial, Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “La ley tiene que ser de aplicación general; el descuento no debería ser solo para unos cuantos del sector público”, comenta.

Asegura que esta reducción es inconstitucional e impactaría en los aportes a la seguridad social y, por ende, a otros beneficios como fondos de reserva.

José Villavicencio, presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, que forma parte del Frente Unitario de Trabajadores, asegura que con el proyecto se busca recaudar más del 65% con el aporte de los obreros.

Señala que quienes ganan menos del valor de la canasta básica no deberían hacer ninguna contribución.

Cree que se deben mantener los derechos de los trabajadores con jornadas de lunes a viernes, y pago de horas suplementarias y extraordinarias los fines de semana. (I)

Ley promueve transparencia
La secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotty, se presentó el lunes ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para hablar sobre los alcances del proyecto de Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas.

Aseguró que el objetivo central del proyecto, que está ligado al Plan Nacional de Desarrollo, es promover la transparencia y corresponsabilidad.

Explicó que se propone crear un Comité Nacional de Coordinación Fiscal. Este medirá cómo se va a vincular la sostenibilidad fiscal de inversión pública con la planificación-presupuesto. En ese proceso, el Sistema de Planificación da la directriz de política pública, ejerce la rectoría sobre la planificación e inversión pública y analiza la construcción, viabilidad, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública.

Dentro del proceso, dijo, el Sistema de Finanzas Públicas define los instrumentos que se van a aplicar, la rectoría en la gestión de finanzas públicas y define la aplicación del ciclo presupuestario, administración de ingresos y gastos, sistema único de cuentas del tesoro, contabilidad gubernamental. Después, da seguimiento a lo presupuestado. Frente a esto, Argotty aclaró que de ninguna manera con esta medida se perdería la rectoría de planificación, sino que se manejaría el ciclo de planificación vinculado con el sistema de finanzas públicas. (I)