Esta semana la Comisión de Desarrollo Económico iniciará el tratamiento de una ley para el sector artesanal. Entre las propuestas planteadas por diferentes actores, se encuentra un proyecto trabajado entre los artesanos y el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro). Luis Quishpi, presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA), comparte algunos elementos de esa propuesta de norma.

¿Cómo recogieron las inquietudes de los artesanos que plantearon a la Asamblea Nacional?

El proceso de socialización lo hemos hecho con el Mipro hace 5 meses, con 430 organizaciones y 7.548 artesanos a nivel nacional. Además, por nuestra parte, hemos dedicado aproximadamente 1.500 horas, durante los últimos 2 años, para reunirnos con las organizaciones de base de todo el país, para captar sus inquietudes, conocimientos y experiencias y, de esa manera, llegar a un primer consenso.

¿Qué normativas rigen al artesanado, actualmente?

Hoy existe una dispersión de leyes. Por un lado la Ley de Fomento Artesanal y por otro la Ley de Defensa del Artesano. También, de manera indirecta, existen otras dos normativas que regulan nuestra actividad: la Ley de Economía Popular y Solidaria y las políticas el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC).

¿En qué consiste su propuesta para unificar el sector?

Proponemos unificar la normativa artesanal y su institucionalidad. El objetivo es consolidar un solo ente que abarque todas las competencias. Para ello planteamos la conformación de un Consejo Nacional Artesanal que dicte políticas públicas en pro del sector. La unidad ejecutora sería la Junta del Artesano. Además habría una Secretaría Técnica encabezada por el Mipro y un Consejo Consultivo con representantes de todo el país.

¿Cuántos artesanos existen en el país?

Hay más de 180 ramas artesanales reconocidas en la Ley de Defensa del Artesano y más de 3.000 ítems de producción y servicios. Actualmente tenemos registrados 104.000 talleres artesanales, que tienen en promedio 4 personas trabajando. Esto nos da un gran total de 420.000 personas involucradas directamente. Sin embargo hay mucha informalidad y como resultado, personas que carecen de los beneficios de ley, como la seguridad social.

¿Qué porcentaje del sector está afiliado al IESS?

Al momento, estimamos, apenas el 30% de los artesanos. Por eso pedimos una tarifa diferenciada del 10,66% en las aportaciones. Así el 5,77% lo contribuiría el propietario del taller y el 4,89% el operario. Con esta tarifa, que es casi el 50% menos de lo que hoy se paga al seguro general, lograríamos que más artesanos se regularicen.

¿Qué incentivos proponen?

Se mantendrían los incentivos vigentes como la exoneración del pago del IVA en productos y servicios artesanales. Además proponemos que se establezca una línea de crédito específica para el sector, que esté destinada a la renovación de talleres y adquisición de maquinaria. Otra idea es incorporar la figura de aprendices, que sería similar a la de los pasantes. Hoy la ley dice que a un aprendiz se le pague igual que a un operario. Nosotros planteamos que no haya remuneración, pero sí el reconocimiento de transporte y alimentación o el pago de la afiliación al IESS. Esto ampliaría las posibilidades de aprendizaje de la actividad artesanal. (I)