Punto de vista
¿Por qué sectores como ABPE y Comité Empresarial se oponen al COMF?
1. La Asociación de Bancos Privados (ABPE) se oponen a que la actividad financiera sea un servicio de orden público y con potestad del Estado. Dice que eso significaría “publicar una actividad sustrayéndola de la esfera privada y reservando su prestación únicamente para el Estado, pudiendo este solo delegar tal prestación a privados…”. En estas expresiones se evidencia una grave confusión conceptual que reduce lo público solamente a lo estatal y el orden público a los controles; su verdadera angustia es evitar la adecuada regulación y control del capital (art. 143 del COMF).
2. En las observaciones de la ABPE señalan que el Estado debe ser responsable de un posible mal manejo por establecer regulaciones y dicen: “Este límite de responsabilidad nos parece injusto y desproporcionado a la luz de que las instituciones del sistema están obligadas a cumplir con las disposiciones normativas y legales emanadas de esta ley y de la Junta”. Tal parecería que la crisis de 1999 solo fue un espejismo.
3. Pretenden que el COMF determine que los recursos del Fondo de Liquidez se inviertan en entidades con calificación internacional AA+ o superior. Esto es que por mandato legal exclusivamente sea en instituciones privadas del extranjero.
4. El Comité Empresarial repite una falacia de la década del 90:que el manejo de la economía es un asunto técnico y no político. Pensadores como Jürgen Habermas señalan que una perversidad de política moderna es pensar que los asuntos políticos son técnicos, con lo que se excluye de la discusión a la mayoría de ciudadanos. Los sectores de poder también se oponen a la moneda electrónica porque -señalan- no se precisa su alcance y mecanismos de conversión; a pesar de que el proyecto dice que estará respaldada por activos del Banco Central y su utilización será siempre contra el saldo de las personas.
5. La ABPE y el Comité Empresarial rechazan la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Digamos las cosas como son. Los sectores de poder aún extrañan cuando las juntas monetarias y los directorios del Banco Central estaban dominadas por los banqueros, sus empleados o, en el mejor de los casos, por quienes no tenían capacidad para enfrentar el poder fáctico de los grandes grupos financieros. Ahora la Constitución impide que los regulados integren los órganos de regulación, pero insisten en plantear que el Consejo Consultivo tenga 2 representantes del sector financiero privado y tengan información privilegiada antes de que las regulaciones se implementen. Según la ABPE, la banca cumplió eficientemente sus funciones de intermediación y el crédito va a actividades productivas, pero de corto plazo, es decir, el comercio. A su criterio, hacerlo a mediano y largo plazo minaría la expansión crediticia.
6. La ABPE -en el comunicado que inspiró a varios asambleístas- señala que la dolarización debe ser considerada “un principio constitucional o legal, es ordenador del sistema jurídico… de allí la importancia que en el artículo 4 se incorpore en primer término la preservación y fortalecimiento de la estabilidad del sistema financiero y en términos adicionales la preservación del sistema de dolarización y del sistema nacional de pagos”. Lo increíble es que la misma ABPE, páginas adelante, aceptan que es necesario conservar un nivel de liquidez adecuado que promueva el crecimiento y el trabajo, pero piden que la Junta de Regulación No podrá obligar a mantener en el país una proporción superior al 60% de la liquidez total. Con ello están diciendo a los ecuatorianos: mantengan la dolarización pero nosotros sacamos el dinero afuera del país.
7. La ABPE, que ahora defiende el Fondo de Liquidez cuando en 2008 se oponía a su creación porque “restaría liquidez a la banca y afectaría el crédito”, asegura que el COMF desnaturaliza el fondo, puesto que si bien están de acuerdo en que el Banco Central realice operaciones de redescuento, les parece inadecuado que los depósitos de la banca en ese fondo sean garantía de dichas operaciones, con lo cual el Estado no tendría como cubrirse de eventuales afectaciones.
8. La ABPE dice: “el direccionamiento u orientación del crédito podría generar distorsiones en los mercados de crédito, incorporando negativos aspectos en la evaluación, tales como presiones de cualquier índole al establecerse créditos o cupos obligatorios en segmentos sin que se consideren aspectos necesarios tales como el riesgo, la evaluación del cliente, del sector económico, de la actividad, garantías, etcétera, esto a mediano y largo plazo minará la expansión crediticia”. La ABPE confunde orientación y otorgamiento del crédito. Realmente les molesta que la Asamblea Nacional no acoja “sus orientaciones”, pues dicen no estar contrarios al direccionamiento sino que este consista en la rebaja del “10% de la tarifa del Impuesto a la Renta”.
9. La ABPE dice que la finalidad del sistema financiero es la preservación de los depósitos, de allí que la evaluación del riesgo del crédito es fundamental al concederlo… Por tanto, el COMF debería establecer que en todo préstamo requiera una garantía de al menos 140% del monto otorgado. Es decir, la ABPE no distingue las garantías requiere un crédito hipotecario de otras operaciones menores, que podrían respaldarse con la firma de los individuos, quienes quieren preservar limpio su historial crediticio.
10. La ABPE dice: “este límite a la responsabilidad al Estado nos parece injusto y desproporcionado a la luz de que las instituciones del sistema están obligadas a cumplir con las disposiciones normativas y legales emanadas de esta ley y de la Junta de Regulación”. Así pretenden dejar abierta la puerta para que el Estado asuma las consecuencias de un eventual mal manejo de las instituciones financieras, prohibido en la Constitución de 2008.
