Los recortes en gastos de capital y en el Plan Anual de Inversiones, más el aumento de los ingresos fiscales, serían los principales factores que explican esta reducción.

Entre enero y septiembre de 2018 y el mismo periodo de 2017, el déficit del Estado se redujo de $2.894,93 millones a $1.230,19 millones (57% menos). Mientras que el déficit primario pasó de $ 1.081 millones a un superávit de $ 861 millones.

Si bien los resultados son positivos, el problema estructural más difícil de resolver es el gasto corriente: sueldos y compra pública, indicó el ministro de Economía, Richard Martínez, en el foro sobre Incentivos a las Inversiones realizado en Guayaquil.

Dijo que en este escenario se ratifican los objetivos fiscales establecidos en el Plan de Prosperidad de llegar a un déficit global del 4,1% del PIB y un déficit primario del 1,2%. “Uno de los factores para llegar a estas cifras ha sido la reducción del gasto de capital; que es fácil y rápido de acortar, aunque tiene un efecto recesivo. Logramos equilibrar las cuentas, pero hay un sacrificio de crecimiento económico”.

Para alcanzar estas metas la Cartera de Estado propone implementar procesos más transparentes de compras públicas y se evalúan “línea por línea” los gastos en que incurren las entidades. Para el próximo año se trabaja con directrices en un “Presupuesto cero”, es decir, que no va a gastarse más allá de lo estrictamente necesario.

Otro rubro que se redujo fue el Plan Anual de Inversiones aprobado para 2018 en $4.739 millones, del cual, al momento, se han reducido $588 millones. Martínez explicó que el ajuste se realizó en proyectos que no disponían de financiamiento real o certificación presupuestaria. Señaló la posibilidad de contratar algunas operaciones con organismos multilaterales, mercados de bonos y bancos de inversión.

Otro objetivo es reconstituir las reservas internacionales vía inversión extranjera directa y ampliar acuerdos comerciales. Las asignaciones en gasto corriente destinadas a Educación, Salud e Inclusión Social no se han detenido, indicó el ministro. Por ejemplo, el Bono de Desarrollo Humano, que sobrepasa los $700 millones, se atiende normalmente.

Para el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, Larry Yumibanda, el desfase entre el crecimiento del gasto corriente y la reducción del gasto de inversión ocasiona que todos los ingresos se destinen a gastos permanentes y no haya margen para financiar obra pública.

Considera que las políticas de austeridad están cumpliendo la meta de reducir el déficit fiscal, pero están generando estancamiento productivo. “Se debe generar un clima de negocios adecuado para que la inversión privada genere mayor movimiento económico”.

José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), agregó que la reducción del déficit se debe al fuerte recorte del gasto de capital y también al incremento de los ingresos petroleros y tributarios al Presupuesto General del Estado (PGE).

Hidalgo adelantó que en los últimos meses del año el déficit fiscal tiende a aumentar porque las instituciones ejecutan una buena parte del gasto que no hicieron en los meses previos. Cree viable que el déficit cierre este año con el 4,1% del PIB, aunque no descarta que sea menor a lo proyectado.

Medidas de austeridad

Los gastos permanentes del Gobierno se redujeron en $361 millones con la aplicación del Decreto Ejecutivo 135 (optimización y austeridad del gasto público), vigente desde septiembre de 2017.

A través del Ministerio de Trabajo se prohibió nuevas contrataciones bajo la modalidad de servicios ocasionales hasta el cierre de 2018 y todo el 2019. El número de asesores se redujo de 676 a 241 en toda la Función Ejecutiva.

Continúa activa la reducción del 10% de las remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior y están suspendidas las remuneraciones variables por eficiencia y los viáticos por gastos de residencia. Se prohibió también la compra de vehículos de alta gama. Inmobiliar remató 62 vehículos de este tipo por un monto aproximado de $ 962.000.

En relación con los gastos no permanentes, Finanzas dispuso el recorte en proyectos que no disponen de financiamiento real y que se hará un análisis, caso por caso, entre las instituciones y esa cartera de Estado de nuevas inversiones financiadas con créditos externos o internos no identificados o no contratados.   

Trabajan además en un diagnóstico de optimización de las empresas públicas con la asistencia técnica del BID, CAF y BM y en el proceso de unificación de la escala salarial de estas empresas con el resto del sector público. (I)