A propósito del debate  sobre la magnitud y composición del presupuesto, Christian Castillo Peñaherrera (foto), consejero de gobierno de la Presidencia de la República, resume las acciones desplegadas por el Ejecutivo para mejorar el balance fiscal.

Los costos de la reconstrucción y rehabilitación de las zonas afectadas por el terremoto, ¿obligarán al Gobierno a replantear su gasto corriente?

Las iniciativas para aumentar la eficiencia administrativa comenzaron tiempo atrás y no después del terremoto. Se olvida con facilidad que desde 2012 no se han incrementado los salarios de los funcionarios públicos de carrera y del jerárquico superior. Más aún, en 2015, el Presidente de la República dispuso reducir un 10% el sueldo de todos los ministros, subsecretarios, directores y demás funcionarios del rango superior. El año pasado, también, los asambleístas tuvieron una reducción de 17% en el sueldo.

Por otra parte, en términos globales se logró un ahorro de $ 516 millones en 2015 y para 2016 se prevé alcanzar ahorros por $ 969 millones en rubros como adquisición de vehículos y equipos; servicios sin relación de dependencia; mantenimientos de edificios; estudios de proyectos, capacitaciones o publicidad. Además, desde inicios del año se cesaron en funciones a 16.000 servidores públicos, lográndose con este recorte un ahorro de $ 70 millones. Esto sucedió como parte de políticas de mejoramiento de la eficiencia del gasto e identificando ámbitos en los cuales se pueden prestar servicios con la misma calidad pero con menos personas.

¿A cuánto asciende y cómo está distribuida la nómina pública?

En lo que corresponde al Gobierno Central y a otras funciones del Estado, la nómina asciende a $ 9.000 millones. A fines de abril existen 475.517 servidores públicos, el 84% de los cuales son educadores, profesionales de la salud, militares, policías, jueces y defensores públicos. El 90% de esa nómina está destinado al pago de sus remuneraciones.

¿Esas cifras abarcan a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD)?

No. En los GAD laboran unas 150 mil personas adicionales. Sobre esos gastos, la opinión pública no suele decir nada. Por ejemplo, el GAD provincial de Azuay duplicó su nómina y el alcalde Nebot aumentó en 50% su nómina. Y nadie dice nada. Sin embargo, nos apuntan y califican como ‘Estado obeso’ y como el nivel que más gasta cuando, en realidad, tenemos un Estado eficiente que presta los servicios que un Estado moderno debe dar. ¿Acaso un Estado moderno no debe proveer seguridad, salud o educación?

¿En qué otros ámbitos podrían constatarse las iniciativas de eficiencia administrativa?

En octubre de 2015 teníamos 1.850 asesores y desde enero su número se redujo a 425, lográndose así un ahorro de $ 3,8 millones. Ahora, los asesores representan apenas el 0,3% del número total de funcionarios públicos. Estos u otros ahorros similares se pueden efectuar, pero de un día a otro no se puede reducir una nómina de $9.000 millones a $ 5.000 millones. Por eso, les pregunto a los sectores de oposición: ¿De quiénes quieren deshacerse? ¿De policías? ¿De médicos? ¿De profesores? Estos funcionarios son parte del núcleo de la función pública y representan cerca de $ 6.600 millones por año en la nómina.

¿Se ha efectuado una reducción en el número de entidades públicas?

En 2007, cuando empezó el Gobierno de Rafael Correa había unas 200 entidades públicas. Desde ese entonces eliminamos 100 instituciones y creamos 35. Actualmente, 138 entidades hay en la Función Ejecutiva.

Y esto ha sido posible porque iniciamos un proceso que no tiene que ver con ‘austeridad’, sino con ‘eficiencia’. Hemos trabajado para identificar cómo las organizaciones cumplen su ciclo y cómo podemos mejorar la organización pública y la prestación de servicios. Como consecuencia de esto, desde septiembre de 2015, suprimimos 8 entidades, entre las cuales están la Secretaría Técnica del Mar, la Secretaría Técnica para la Transparencia de Gestión, el Instituto de la Meritocracia y la Empresa Pública Importadora.

A su vez, se fusionó el Instituto de Provisión de Alimentos con la Unidad Nacional de Almacenamiento. Por las supresiones y las fusiones se ahorrarán $ 3 millones en 2016. (I)