La recuperación de un Estado inmerso en el neoliberalismo a un Estado Democrático que privilegia el interés de toda una población y no solo de un pequeño sector, le obligó al nuevo gobierno a tomar decisiones políticas y pragmáticas diferentes. ¿Cuál fue el porceso de reforma del Estado que se trabajó desde 2006?

La propuesta de reformar el Estado es un proyecto sustantivo que le da forma y fuerza al proyecto político, porque de lo que hablamos es de la recuperación del Estado en toda su extensión: autoridad pública, la institucionalidad, una nueva normativa pensada bajo cánones distintos al modelo neoliberal.

Lo primero en que trabajamos fue en la recuperación del Estado, dónde podemos distinguir la existencia de la autoridad pública en un Estado sin autoridad pública.

Eso significa recuperar autonomía en la toma de decisiones, liberándolo del secuestro de los grupos de interés y de presión y pensando en el interés público.

La segunda es la revolución normativa. En la década 1996-2006, ningún presidente terminó su periodo, existió una
profunda crisis política e institucional, ahora tenemos un gobierno que culmina su período promulgando varias leyes que van en sintonía de lo que manda la Constitución.

La tercera es la reestructuración de la Función Ejecutiva con nuevo organigrama donde la administración pública se
encarga de la gestión, de los procesos de la calidad; mientras la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) se encarga de la planificación e inversión.

¿Cómo se logra la recuperación de esa autoridad pública, perdida en el modelo neoliberal?

Creo que hay unos ejes que nos interesa profundizar, además es importante, terminar con los residuos de ese Estado
burgués y de acercarnos a uno popular -democrático. Nosotros lo llamamos el Estado democrático del Buen Vivir y para eso hay que continuar eliminando los resquisios de poder de las élites económicas y políticas.

Tenemos pendiente aprobar la ley del sector eléctrico, la ley de telecomunicaciones, los cuales deben continuar eliminando el resquicio de los grupos de poder, de presión de los espacios de toma de decisiones.

Para avanzar en la reestructuración estatal, ¿cuál ha sido el costo en recursos humanos y económicos?

No tengo una valoración detallada, pero es un proceso de alto impacto y seguramente de bajo costo porque en todos los ministerios se ha revisado su modelo de gestión, pero eso no necesariamente implica una inversión económica.

Lo que sí hemos hecho es una inversión implementando herramientas como gobierno electrónico, gobierno por resultados, un tablero de control para todos los ministros que puedan ver como van sus metas.

El neoliberalismo no pudo sacar al país del subdesarrollo. ¿Cuál es ese costo para salir del subdesarollo?

El neoliberalismo nos estancó como sociedad y generó un proyecto útil para unos pocos y no para toda la sociedad
ecuatoriana. Detuvo nuestra posibilidad de desarrollo y buen vivir.

Nosotros (Senplades) hicimos un trabajo que analiza las fisuras que debemos cerrar en salud, educación, vivienda, sanidad, agua potable y alcantarillado, y creemos que para sellar esas brechas requerimos una inversión de 40 mil millones de dólares y unos gastos recurrentes o corrientes de 5 mil millones de dólares.

Es decir, hasta 2021 -que es nuestra meta - necesitamos alrededor de 45 mil millones de dólares para alcanzar el Buen Vivir. Como eso no se puede hacer inmediatamente, hemos realizado un análisis dónde sus resultados estiman que con un 5% de crecimiento económico promedio hasta 2021 podríamos cerrar las brechas de desarrollo en el país.

¿Cuál sería el camino a recorrer en los próximos ocho años, de mantenerse este modelo de gobierno?

Esto supondría seguir con la tendencia de crecimiento antes descrita, para aquello habría que destinar en promedio el 12% del PIB para atender las necesidades básicas de la población, desatendidas durante décadas.

¿Para sostener ese crecimiento del PIB y cumplir con las demandas insatisfechas de la población, qué debe cambiar o hacia dónde hay que apuntalarse?

Debemos implementar “la sociedad del conocimiento”, donde el peso de la educación parte desde el inicio con el desarrollo infantil integral y termine en la universidad. Sostener la universalidad de la educación básica, mejorar la educación secundaria, democratizar el acceso a la universidad gratuita, y eso ligado a la investigación,
ciencia y tecnología.

Para crecer adecuadamente necesitamos transformarnos de una sociedad rentista a una sociedad del conocimiento.
Segundo es el sistema económico.

Creemos que el ser humano no tiene que estar al servicio del capital sino al revés, eso implica tener una concepción distinta del sistema económico y social, implicando un cambio de la matriz productiva.

Tenemos que avanzar en la sustitución selectiva de importaciones, entrar cada vez más a procesos de generación de valor agregado.

¿Entonces, para sostener estas prioridades, se brindará más y mejores beneficios a los sectores pobres y a la clase media?

Es un gobierno pensado para todos, pero tiene prioridades en la población pobre, en la movilidad social. No hay gobierno que no sostenga una visión de desarrollo sino se realiza con pactos distributivos.

Para alcanzar ese Estado se necesita de una activa participación ciudadana que recoja las necesidades de esos sectores y se plasme en la política pública

La participación ciudadana (PC) es un eje. Desde la transformación del Estado la PC fue elevada a función estatal, pero el objetivo es conseguir un aporte que fomente el desarrollo.

¿Esa planificación va a generar igualdad, equidad e inclusión?

Sigue siendo una obligación para países como el nuestro temas como erradicación de la pobreza y generar inclusión,
movilidad social, para esto seguramente vamos a necesitar arreglos institucionales, tal vez deberemos crear una secretaría técnica que dinamice el conjunto de los ministerios, ahora tenemos mecanismos como la campaña acción-nutrición.