¿Cómo ha sido el control para evitar el contrabando de hidrocarburos en el país en los últimos cinco años?
Es difícil cuantificar un hecho ilícito; sin embargo, podemos leer el fenómeno desde las acciones implementadas para combatirlo: incautaciones, número de operativos contra el tráfico de combustible en territorios de frontera e incluso en aquellos años donde los datos son difusos (por ejemplo: 2015-2016) se puede encontrar un paralelismo con el incremento de actividades ilícitas en territorios de frontera norte por parte de grupos criminales al margen de la ley. Esto nos habla de la ausencia estatal y sus mecanismos de control.

¿Se justifica la liberación de los subsidios a los combustibles para terminar con este contrabando?
Es una medida estructural que da aire a las debilitadas finanzas públicas.

El despilfarro irresponsable del gobierno anterior con la complicidad de todos sus funcionarios, algunos involucrados todavía en las esferas políticas, hicieron imposible seguir manteniendo un subsidio que como se ha visto trae consigo altas consecuencias políticas y sociales para el gobierno; no se diga para los sectores más vulnerables del país, como los trabajadores y los indígenas.

Insisto, esto no soluciona un problema que viene de años atrás y que tiene sus raíces en la pobreza y desigualdad social.

¿Cuánto se estima que pierde el Estado ecuatoriano por esta actividad?
El Ministerio de Economía y Finanzas ha levantado un cálculo basado en el consumo de galones de combustible por persona en las provincias fronterizas de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, El Oro, Loja y Zamora.

El consumo de gasolina por persona en estas provincias es de 14 galones; cuatro más que los 10 galones que se estiman usa en promedio cada persona en el resto del país.

Según los datos del Ministerio, son 9,5 millones de galones que no tendrían que haberse consumido, en números, son 114,6 millones de galones anuales y que equivalen a $ 212 millones  de perjuicio para el Estado ecuatoriano. (I)