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OCP analiza las declaraciones del SRI

OCP analiza las declaraciones del SRI
19 de septiembre de 2013 - 16:57

Mediante un comunicado de prensa, la compañía Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) informó que está analizando las declaraciones del director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco. Según la entidad, tan pronto como sea posible se responderá con mayor detalle a las inquietudes.

Esto, luego de que en la mañana de hoy, Carrasco anunciará que presentará una acción de protección constitucional en contra del fallo emitido por la sala de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en favor de OCP, que podría ocasionar un perjuicio al Estado por más de 250 millones de dólares.

OCP Ecuador es una empresa privada que inició sus operaciones en el año 2003, con el fin decontribuir al país con una operación de transporte de crudo. Los trabajos se iniciaron en la estación Amazonas, en Lago Agrio y recorre 485 kilómetros, atravesando cuatro provincias, 11 cantones y 25 juntas parroquiales en los cuales se han impulsado más de 650 proyectos de desarrollo comunitario.

Según OCP, durante estos casi 10 años de operación se ha generado un impacto económico positivo de $26 milmillones por concepto de monetización de reservas de petróleo en beneficio del Estado ecuatoriano y ha transportado más de 500 millones de barriles de petróleo.

Sin embargo, según Marx Carrasco, la empresa no declara impuestos. El funcionario indicó esta mañana que el pasado 18 de julio del 2013, la Sala de lo Contencioso Tributario de la CNJ emitió un fallo respecto del proceso que sigue el SRI por el no pago del Impuesto a la Renta, que incluido los intereses, alcanza los $17´590.241,21, “lo cual es preocupante, ya que la decisión judicial carece de fundamento y estaría en clara contradicción con el ordenamiento jurídico constitucional del país”, dijo el titular del SRI.

Añadio que esta preocupación aumenta, toda vez, que en la Corte aún están pendientes de resolución seis juicios más contra la misma empresa, por lo que, de sentarse jurisprudencia con el primer juicio, el perjuicio al país sería de $252´315.610,75.

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