El Reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado busca garantizar un  nicho inclusivo, al evitar, corregir, eliminar y sancionar prácticas desleales de comercio como es el abuso de operadores económicos con poder de mercado. La ley plantea definir reglas claras para la competencia justa, afirmó Verónica Sión, titular del Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro).

Sión recalcó que la norma está encaminada a garantizar el bienestar general de la población y consumidores. “Todos los ciudadanos deben tener claro que las sanciones no son necesariamente para los niveles de concentración, pero sí buscan prevenir el abuso de posiciones dominantes del mercado”, dijo.

La funcionaria mencionó que esto no es más que direccionar el acceso de más operadores económicos al ingreso a  actividades de una determinada industria o empresa de productos lácteos, aceites, textiles, plásticos, molineras, entre otros.

Para garantizar que estas actividades económicas sean transparentes y que aporten al sostenimiento de una economía saludable se ha conformado la Junta de Regulación, la cual está integrada por los ministerios Coordinadores de la Política Económica, Desarrollo Social, de la Producción y Sectores Estratégicos.

El ente ayudará a controlar los abusos del mercado y hacer a quienes operan en este sector más eficientes, por lo que se hace necesario “poner reglas claras que eviten prácticas colusorias o desleales que afecten a la sociedad”, manifestó Janeth Sánchez, ministra Coordinadora de la Política Económica.

Así, las sanciones planteadas van de corte leve, grave y muy grave del orden 8, 10 y 12%, porcentajes que se aplicarían si se comprueba el desarrollo de prácticas prelatorias, anticompetitivas o conducta anticompetitivas entre los operadores económicos, luego  del proceso de investigación a nivel del procedimiento que se va a observar.

Sin embargo, para el empresario que haya incurrido en prácticas anticompetitivas se le da la oportunidad de llegar a un acuerdo con la autoridad para que su sanción no se aplique o sea menor a la que le corresponde.

Según Bayardo Poveda, técnico de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), se abre un proceso de juzgamiento y el o los operadores económicos tienen la facultad de solicitar a la autoridad un acuerdo compromiso en el que manifiesta que “deja de incurrir en la práctica anticompetitiva y la autoridad suspende el proceso sancionador”.

Igualmente, “si no se han producido efectos en el mercado la autoridad puede no aplicar una sanción”; de lo contrario se aplica una sanción en proporción al daño ocasionado.

Con esto mencionó el funcionario que la ley y el reglamento pretende buscar una salida óptima al problema generando una conducta competitiva, “presentándole la oportunidad que deje que cometer una infracción a cambio de un beneficio”.

Cabe anotar que el expediente se abre de oficio en contra de una empresa a través de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado o por denuncia de una persona que muestre interés legítimo, luego de que la autoridad lo califique.

Además, está claro que esta ley no es solo para el sector privado, incluye al público, según Fander Falconí, titular de la Senplades, quien mencionó que  “las empresas públicas, que están bajo la aplicación de la ley deben observar todas sus disposiciones, no pueden incurrir en abuso de poder, prácticas desleales o acuerdos colusorios”. En caso de detectarse este tipo de anomalías el operador privado está en el derecho de denunciar al operador público, recalcó Falconí.

Según un estudio realizado por la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), la concentración económica está en ocho áreas de elaboración de productos: lácteos, textiles, bebidas alcohólicas, molinería, productos de higiene, pastas, plásticos y aceite.

El analista económico Fabricio Reyes dijo que al fin se tienen las herramientas para frenar los abusos del mercado en la mal llamada “libre competencia”. “Vivíamos en un régimen en el que el más fuerte o poderoso se llevaba la mejor parte del pastel. Además teníamos una política en la que se ‘dejaba hacer o se dejaba pasar’ lo que sea”, puntualizó.

Reyes destacó la creación de la Superintendencia de Control del Mercado, pues esta autoridad se encargará  de vigilar que se cumpla la ley y aplicar el reglamento.