Nuevo precio del diésel regirá desde el 15 de enero
El ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, confirmó que el 15 de enero subirá el precio del diésel para los vehículos privados, mientras que para el transporte público y de carga pesada se mantendrá el precio subsidiado mediante un mecanismo de compensación.
Los transportistas que posean permisos de operación serán compensados con una tarjeta prepago emitida por el Banco del Pacífico, al igual que los taxistas. El cupo para este sector aún está por definirse. Esta disposición constará en un decreto de alcance cuya publicación estaba prevista para este jueves 27 de diciembre, confirmó el Ministro a este diario.
La noticia tomó por sorpresa a la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), pues la semana pasada las autoridades del Gobierno indicaron que las medidas económicas no impactarían en este combustible, manifestó Felipe Vizcaíno, presidente de la agrupación.
El decreto presidencial establece que el precio del diésel se determinará de acuerdo al precio promedio ponderado, más los costos de transporte, almacenamiento y comercialización de dicho combustible.
El precio actual de $ 1,04 el galón se incrementaría hasta $ 2,30, indicó Pérez. El directorio de la Fenatrape sesionará este viernes 28 de diciembre para analizar el impacto de la medida y las vías de compensación.
Les preocupa las repercusiones económicas en las cadenas productivas de los comerciantes mayoristas y minoristas, así como la afectación directa en los costos de transporte de carga.
“Movilizamos todos los productos de la industria, las importaciones, los bienes de primera necesidad; es decir, lo que mueve a la economía. Eso tiene un impacto sobre todos los sectores de la sociedad, incluidos los más vulnerables”, manifestó.
El transporte pesado aporta con el 3,5% al producto interno bruto (PIB) del Ecuador y genera 450.000 empleos directos.
El 60% del subsidio a los combustibles, que bordea los $ 2.500 millones, se destina al transporte pesado de carga. Al retirarse este beneficio, el impacto sería de unos $ 1.400 millones “mientras la compensación no esté clara”, argumentó Vizcaíno.
En efecto, Pérez explicó que el 95% del monto subsidiado se destina al transporte de carga pesada, mientras que el 5% a la industria camaronera, atunera y al transporte privado.
El Estado gastará $ 900 millones en las compensaciones, mientras que ahorrará $ 60 millones.
Aclaró que las compensaciones no aplicarán a los vehículos que prestan servicios dentro de una empresa (placa blanca). Pérez sostuvo que ese sería el único sector en el que podría suceder un efecto inflacionario.
Otra de las medidas económicas es la liberalización de la importación del diésel. Eso se viabilizará con una ley económica urgente que será enviada a la Asamblea Nacional a mediados de enero de 2019. (I)
