El Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas, contempla el reemplazo de los Certificados de Tesorería (Cetes) por un nuevo instrumento de corto plazo para liquidez, y el establecimiento de un cronograma de pago a los tenedores de esos documentos.

Los Cetes, que son títulos valores de corto plazo para financiar las deficiencias temporales de la caja fiscal, eran emitidos por Finanzas para cubrir obligaciones pendientes del Estado.

Hasta marzo de 2019, existía una deuda por ese rubro de $ 3.524 millones. Esa cifra preocupó al Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual recomendó al Ejecutivo que restrinja su uso.

En la Carta de Intención que firmó Ecuador con el organismo internacional se establece enmendar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) para “restringir el uso de Cetes para el financiamiento a corto plazo”.

Según el Plan de Finanzas, se realizará un informe de la situación de los tenedores de Cetes y preparar una estrategia por tipo de entidad para iniciar el proceso de desinversión progresiva del saldo vigente.

El calendario establece que el documento se presentará en septiembre de 2019. Aunque se pretenden cambios en el Coplafip, la Ley de Fomento Productivo aprobada a finales de agosto de 2018, ya eliminó la capacidad del Banco Central de comprar esos papeles al Estado.

Pero esa legislación no elimina la autorización del Ministerio de Finanzas para emitir deuda interna a través de los Cetes.

Según la ley, el plazo para redimir esos certificados no podrá superar los 359 días. Pero uno de los problemas que se generaron -como destacan varios analistas, entre ellos Walter Spurrier- es que antes de que se cumpliera ese límite, el Gobierno anterior emitía nuevos certificados en vez de pagar, lo que aumentó la deuda a largo plazo.

Verónica Artola, gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), indicó a EL TELÉGRAFO en una entrevista del  31 de mayo de 2019 que los Cetes son instrumentos de mercado válidos, incluso en la misma bolsa de valores de Wall Street.

Señaló que los cetes no son una trampa como afirman algunos economistas. Apuntó que la normativa establece 359 días para cancelar la deuda, pero es posible emitir nuevos papeles hasta un día antes del plazo sin que se contabilice la deuda.

La funcionaria contó que hubo discusiones con el equipo del FMI al cual se le indicó que los Cetes “son instrumentos de política pública que no se pueden prohibir”. Artola puntualizó que “no se van ni se deben eliminar los Cetes”.

Sin embargo, la posibilidad de que se reforme el tope máximo del monto adeudado por concepto de estos certificados está abierta. “Por ejemplo, tener $ 5.000 millones no es viable, pero es un instrumento que no debemos dejar”, aclaró la funcionaria.

Un comportamiento similar pasa con los Títulos del Banco Central (TBC). La gerenta adelantó que dentro de la nueva Ley del Banco Central en la que se trabaja actualmente, se impulsarán las operaciones de mercado abierto, “sobre todo con TBC”.

El analista económico Fausto Ortiz reconoció que el problema no son los Cetes, sino su mala utilización en el gobierno de Rafael Correa debido a que fueron renovados y aumentó la deuda.

Reconoció que ese certificado cubre “baches de iliquidez”. “El concepto de Cetes es útil, pero bien utilizado y no como lo hizo el Gobierno anterior”.

En la reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas se prevé introducir, en vez de ese certificado, “un nuevo instrumento de corto plazo para liquidez del Tesoro”. Su funcionamiento y contabilización dentro de la deuda se analizan. (I)