Bajo la célebre frase del filósofo húngaro Karl Polanyi: “el mercado es un buen sirviente pero un pésimo amo”, la segunda propuesta económica para el período 2013-2017 del Gobierno reelecto busca  dirigir los mercados, controlar los monopolios y regular los capitales.

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Con la finalidad de que el dinero que manejan la banca y las demás Instituciones del Sistema Financiero (IFIS) se destine al servicio “del bien común y del trabajo”, según el documento enviado por el movimiento de gobierno al Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de que se realizaran las elecciones presidenciales el pasado 17 de febrero.

Las regulaciones que realiza la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) para el sector financiero continuarán durante el mandato que iniciará el próximo 24 de mayo, pues como ha dicho en reiteradas ocasiones el presidente Rafael Correa: “No permitiremos que nuevamente haya una crisis como la de 1999”.

Ello se relaciona con una limitación del poder económico y su vinculación con el político de la banca, seguros y otras instituciones financieras, “pues el capital privado debe estar al servicio del sistema productivo y la generación de empleo”, señaló Correa.

Para ello, la Constitución de Montecristi prohíbe el congelamiento de depósitos y los salvatajes bancarios, por lo que se ha implementado una red de seguridad financiera que permitirá la prevención de futuras crisis.

Ello se complementa con cifras presentadas recientemente por el Banco Central del Ecuador (BCE), que indican un crecimiento en la liquidez del sistema financiero del país, que el año pasado alcanzó los 10.397 millones de dólares.

Esta cifra da muestra del buen momento que hay en  la economía nacional, pues en los últimos cinco años ha registrado un crecimiento del 150%,  indicó el titular del organismo, Diego Martínez.

Para ello se cuenta con el saldo de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), que hasta el momento tiene 3.308 millones de dólares, es decir, un 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) versus los 1.432 millones de dólares (4,5% del PIB) de 2006.

Según el criterio del catedrático universitario Juan Serrano, las cifras presentadas son un buen aliciente para la economía ecuatoriana. “Ello demuestra que se va  por el camino correcto, con ello se podrá solventar el circulante, el crédito y otros requerimientos financieros de la población”, explicó.

Agregó que permitirá que los sectores productivos tengan un mayor acceso al financiamiento de parte de las instituciones públicas y privadas del sector. En ese aspecto coincidió con la propuesta gubernamental que califica como prioritaria la facilitación para el emprendimiento de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.

Por otra parte, en este eje se contemplan las sanciones a los abusos de  poder del mercado, allí entra en escena la Superintendencia creada para este fin en 2012,   cuyo titular es Pedro Páez, ex ministro de la Política Económica. La entidad nació con el fin de evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, especialmente en el sector privado.

Según estadísticas presentadas por un estudio del organismo de control, al analizar 400 sectores económicos se determinó que un 44% está altamente concentrado, mientras que el 15%, moderadamente concentrado.

A inicios de este mes, la Superintendencia había detectado 17 casos de actividades monopólicas y oligopólicas, pero para incrementar la cifra se da talleres en las provincias para que conozcan el tema. Además, se lanzó una red nacional de capacitación sobre los derechos de la población frente  al fenómeno.

Para ello, AP planteó un Gobierno en contra de las acciones que afecten el funcionamiento de los mercados, por medio de la promoción del acceso equitativo a los medios de producción, por lo que “se verán los resultados de la disminución de las rentas a los actores que saquearon al país en el pasado: transnacionales petroleras y especuladores de la deuda externa”, dice el documento del partido político.

Serrano considera que este tipo de sanciones puede generar un impacto ambivalente en el país, pues la inversión extranjera podría ralentizarse en la primera fase, aunque a largo plazo experimentaría importantes crecimientos por  las colocaciones de capital público.