El número de empleados públicos se incrementó de 427.174 en 2006 a 650.000, diez años después, según datos de la Federación de Empleados Públicos.

El Estado destinaba $ 3.000 millones para salarios de este sector, mientras que al final de la anterior administración el monto ascendió a $ 9.500 millones.

El representante del gremio, Miguel García, dijo en una entrevista en Pública FM, que gran parte del crecimiento de la burocracia se dio por “cuota política”.

Indicó que al inicio del Gobierno de Lenín Moreno se encontró que 150.000 personas trabajaban de manera irregular en el sector público, de las cuales 75.000 tenían contrato ocasional; 70.000, nombramiento provisional; y unas 7.000 personas que habían sido contratadas para tareas específicas y aunque las habían culminado, seguían laborando.

Las medidas de optimización que se aplicarán al interior de la Función Ejecutiva apuntan a regularizar a esos trabajadores con nombramientos provisionales.

Por ello, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, informó que desde el primer trimestre del próximo año se realizarán 31.000 concursos de méritos y oposición en todos los ministerios para que los servidores que lo merezcan obtengan su nombramiento definitivo. El resto de concursos continuarán en el transcurso de todo el año.

Otra de las medidas es la reducción de dos escalas salariales de los contratos ocasionales. El ahorro anual que generará esta medida es de $ 300 millones.

Ledesma aseguró que esto significa “cero despidos”. “No estamos en condiciones para mandar ecuatorianos a la calle, pero tampoco estamos en condiciones de pagar lo mismo que pagábamos antes”, confesó.

De acuerdo con la ley, los contratos ocasionales deben durar un año y se pueden renovar un año más si su necesidad está debidamente justificada, como en el caso de médicos o profesores.

Si se renuevan para el próximo año, se lo hará con dos escalas salariales menores.

El representante de los empleados públicos considera que cada institución debe analizar “caso por caso” para determinar si un empleado es reubicado o no.

La tercera medida es no ocupar las 25.000 vacantes que actualmente hay en el sector público y que podían llenarse en 2019. Con esta disposición el Estado dejará de gastar $ 400 millones.

La última medida con menos impacto económico, pero sí políticamente simbólica, según Ledesma, es la reducción del 10% a los salarios de los ministros. “Entendemos la dificultades económicas del país y el ejemplo empieza por casa”, acotó.

Dicha reducción significa $ 18 millones, indicó. (I)