La minería ilegal, que se desarrolla en el país, afecta  más  a  los ciudadanos que habitan  en los alrededores   y el medio ambiente, indicó el viceministro de Minas, Federico Auquilla.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional, a través de la Comisión Especial para el control de la minería ilegal, busca erradicar esta actividad  porque afecta a miles de ecuatorianos, recalcó el funcionario.

La Comisión está integrada por un equipo interinstitucional (ministerios de Recursos Naturales No Renovables, del Ambiente, Seguridad Interna, Fuerzas Armadas, Policía y Fiscalía), que actúa    inmediatamente  cuando se detecta  una actividad ilícita.

El director de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), Jaime Jarrín, manifestó que la  mayoría de las inspecciones se ha  realizado en la parroquia Tobar Donoso,   provincia  de Esmeraldas,   y en el Napo, porque  con facilidad migran los empresarios de actividades mineras ilegales.

Otros  lugares que han sido inspeccionados son las provincias de El Oro (Portovelo y Zaruma), Loja  y Zamora Chinchipe, donde hay  zonas devastadas por la destrucción de cientos de hectáreas de la capa vegetal y contaminación de los ríos.

La minería ilegal está asentada en los yacimientos de  aluviales,  que están formados por  el oro  que es arrastrado por la arena y los ríos, los cuales son explotados con maquinaria pesada, dijo Jarrín.

Hecho que, según Jarrín, se da porque la gente se ve atraída por el precio de la onza de oro que en la actualidad es de 1.600 dólares.

De acuerdo a Auquilla, “esta actividad en seis meses registró  una producción de  oro de alrededor de 300 millones de dólares, comercializados de forma ilegal, y dejó un pasivo ambiental de un   millón de dólares”.

Estos datos son  estimados por los análisis realizados en base a los pasivos ambientales: destrucción de las riberas de los ríos por excavaciones y porque los obreros excavan en las zonas afectadas donde  la   maquinaria ha dejado residuos.

El destierro de la minería ilegal implicará un proceso, acotó el director de la Arcom, por lo  que los habitantes de las zonas afectadas por esta actividad, que   ha contaminado los ríos y  afectado su hábitat, han apoyado la decisión del Gobierno.

Porque esta actividad tiene, de acuerdo a investigaciones,  estrecha vinculación  con delitos de  narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia transnacional y trata de blancas.

“Una de las medidas drásticas para terminar con este tema  es la destrucción de la maquinaria y la incautación. Luego de estas medidas  no hemos tenido ni un solo juicio de parte de los supuestos perjudicados, lo cual significa que reconocen que trabajaban ilegalmente”, acotó Auquilla.

Además, ahora se controla el ingreso de maquinaria pesada a las zonas que hubo actividad minera ilegal, se realizan operativos puntuales y hay más  entidades para  controlar.