Multas desde 500 hasta 20.000 dólares tendrán las empresas del sector de la construcción que no presentaron, hasta el 15 de julio, el primer reporte de transacciones económicas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Las empresas deben asignar un representante oficial que se encargue de enviar los reportes de las operaciones financieras a la UAF. Posteriormente  se debe ingresar a la página web www.uaf.gob.ec e ir al link “solicitud de código”, descargar el archivo, bajar el manual  y seguir el procedimiento que se indica.

La medida rige para las entidades que superen o igualen los umbrales establecidos en la ley. Los responsables de entregar la información enviarán  los reportes cuyas transacciones sean iguales o superiores a los 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor, cuando sean realizadas en beneficio de una misma persona y dentro de un período de 30 días.

También deben notificar si no tienen transacciones por reportar y las transacciones inusuales e injustificadas.
Helmer Flores, presidente de la Cámara de Construcción de Quito, resaltó que esta medida  se enmarca en  la política del Gobierno para disminuir el lavado de activos.

En este marco, precisó, el área de la construcción es vulnerable a esta actividad ilegal porque tiene una cadena de producción amplia. “Nuestro sector es bastante sensible porque involucra desde la compra y venta de terrenos, de materiales de construcción, de equipos, servicios,  es decir, existe  una cantidad de sectores que están ligados a la construcción”.

Agregó que esta medida no les preocupa ni representa ninguna dificultad. “Es un trámite administrativo adicional que hay que cumplir, solo debemos escoger a una persona que esté pendiente y atienda los requerimientos de la Superintendencia y muchas empresas ya   cumplen  esta disposición”.

José Centeno, titular de la Cámara de Construcción de Guayaquil, manifestó que siempre ha  sido un sector que rinde cuentas al Estado. Señaló que aún existen algunas dudas con respecto a este proceso. “La Superintendencia de Compañías (SC) debe realizar una exposición más amplia sobre la forma como se presentarán estos informes”, dijo Centeno. Aseguró, además, que la contabilidad de las compañías constructoras son transparentes.

Según datos de la SC, existen alrededor de 1.000 constructoras a nivel nacional que deberán cumplir esta disposición los primeros quince días de cada mes.

Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador (Apive),  consideró que esta norma es positiva. Sin embargo, el desarrollo de este proceso generará gastos e inversiones adicionales que serán asumidos solo por el sector constructor formal.

Explicó que hay grupos informales que se disfrazan de constructoras o de promotoras, pero que no son detectadas con el desarrollo de este tipo de regulaciones porque no  cumplen.

Dentro de estos sectores informales, indicó, es donde podría generarse el lavado de activos u otro tipo de irregularidades; por eso es importante que cumplan esta medida  los sectores formales y que este tipo de transacciones se cubra.

Agregó que es primordial controlar a este grupo irregular porque los perjudica. “Con esta disposición de la Superintendencia no se controlaría a este sector y seguiría operando, pero cuando haya problemas, esto afectará nuestra reputación”, subrayó Rumbea.

Las multas se establecen de acuerdo a la Ley de Prevención, Detección, Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.