Mejorar la puntuación del riesgo país, así como aumentar la liquidez son los principales efectos positivos que traerían las medidas anunciadas el martes 10 de marzo por el presidente de la República, Lenín Moreno, según analistas.  

Algunos expertos justifican las acciones que pondrá en marcha el Gobierno Nacional, pues aseguran que el efecto que tiene la caída del precio del petróleo a la economía del país es fuerte.

Este miércoles 11 de marzo de 2020 el precio del barril de crudo cerró en alrededor de $ 32,98; cuando el Presupuesto General del Estado se lo calculó con un precio de $ 51,3.

Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas, dijo que el impacto de las medidas económicas es de cerca de $ 2.252 millones, aunque puede variar por factores impredecibles.

Fausto Ortiz, analista económico y exministro de Finanzas, considera que el riesgo país debería reaccionar rápidamente hacia abajo si percibe que las medidas tienen una posibilidad exitosa, aunque algunas no estén aprobadas porque deben pasar por la Asamblea Nacional.

“El Gobierno tenía que empezar a tomar medidas para tratar de mejorar la percepción de su capacidad de pago y tener acceso a mercados internacionales”, dice Ortiz.

Para el experto, estas decisiones ayudarán a obtener liquidez para cumplir con las obligaciones más cercanas. Martínez justamente reconoció que marzo “es un mes desafiante” porque se tiene que cubrir $ 1.000 millones por amortizaciones de capital e intereses. Apuntó que el 85% de esa deuda no fue contraída por este Gobierno.

Para financiar estas obligaciones, Finanzas aseguró que entre este y el próximo mes (abril) el país recibirá $ 2.000 millones netos. La documentación para este préstamo está en trámite y pasará al Comité de Deuda posteriormente.

En este mes de marzo también ingresarán recursos por la contribución única de las empresas que fue aprobada en la Ley de Simplicidad Tributaria en 2019 y que representa $ 170 millones.

Asimismo, se renovarán automáticamente Certificados de Tesorería por $ 500 millones. Los pagos de marzo se completarán con ciertas acciones implementadas en las empresas públicas y el compromiso de algunas compañías de pagar el anticipo del Impuesto a la Renta.

José Orellana, asesor empresarial y exviceministro de Comercio Exterior, asegura que hay estudios que calculan que el precio del crudo se mantendrá en un promedio de $ 32 este año.

Si la crisis financiera por el precio bajo del petróleo va a perdurar un tiempo, junto con el fenómeno que ha causado el coronavirus, Orellana cree que las acciones del Gobierno Nacional quedarán un poco cortas.

“Las medidas son para enfrentar el problema actual y no a largo plazo. El accionar del Ejecutivo tiene que ser bastante fuerte para poder estar precavido por lo que pueda pasar”, dice Orellana.

Con él coincide Ortiz. Considera que el problema del país no es solo una consecuencia de la caída del precio del crudo, es un problema estructural: elevado déficit fiscal y acceso restringido a endeudamiento externo.

El déficit fiscal para 2020 estaba calculado en $ 3.384 millones. “El plan de liquidez del Gobierno, que es una necesidad inmediata, quizás no sea suficiente. Yo creo que habrá una segunda fase con más medidas”, dice Orellana.

Agrega que a medida que todo evolucione se deben seguir tomando decisiones, las necesarias para -además- apoyar la producción y el consumo en el país.

Orellana cree que también se deben analizar los efectos y tomar medidas para los problemas que surgen en comercio exterior por la reducción en las exportaciones de camarón, banano, cacao, flores y pitahaya.

Frente a este panorama, Juan Pablo Jaramillo, analista económico, teme que estas políticas no reanimarán la demanda al interior del país, necesaria para el crecimiento económico. “No se fomenta el consumo ni la inversión”.

Jaramillo considera que el Ejecutivo debe aclarar un poco más las medidas que pondrá en práctica. Por ejemplo, está en duda cuál sería el ahorro fiscal que generaría la fusión de algunos ministerios o la eliminación de empresas públicas.

Para el analista, el problema del país no se lo debe leer solo desde el lado fiscal. “El problema es de reservas internacionales y de falta de liquidez doméstica asociado a la caída del precio del petróleo”.

Por otra parte, las medidas sobre los aportes de los funcionarios públicos que perciben un salario sobre los $ 801 siguen en análisis en el Ministerio de Trabajo para decidir los mecanismos para su aplicación. (I)

Las reformas limitarán el uso del dinero público

La reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) sería la primera en llegar a la Asamblea Nacional. Este proyecto ya fue analizado en octubre de 2019 por el Legislativo, y según el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, no existieron mayores observaciones.

Las modificaciones proponen más políticas de transparencia en el manejo de recursos, eliminar la posibilidad de aumentar el gasto del 15% dentro del Presupuesto General del Estado y poner techos al uso de recursos en algunas entidades públicas. Además, viabiliza un seguro petrolero que “justamente permite amortiguar golpes en estas circunstancias”.

Posteriormente, entre mayo y junio, se enviarán las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. La gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, indicó que tentativamente este proyecto ingresará por la vía ordinaria y no como ley urgente. “Con eso hay más tiempo de socializar”.

Estas reformas persiguen la independencia del BCE y también fue analizada en 2019, pero no se consiguió aprobación. Artola acotó que “es importante tener un Banco Central independiente que pueda abrir líneas de contingencia para cualquier emergencia”.

La principal observación a este código fue acerca de la selección de los miembros del directorio del BCE. Artola indicó que se mantiene la contrapropuesta del Ejecutivo, que es que la terna para este ente sea enviada por el Presidente de la República y que la Asamblea se ratifique. (I)