Con apenas un hilo de voz, la mañana del miércoles, la guayaquileña Nancy  bajó a la calle y dio gracias a las 150 personas que durante cuatro horas se concentraron delante de su casa, en la calle Sicilia, en Barcelona, para no dejar entrar  a una comitiva judicial que tenía que ejecutar el desahucio.

Los manifestantes, estudiantes, amas de casa, jubilados y viejos luchadores de izquierda, todos miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), lograron su objetivo: aplazar el embargo por falta de pago de esta pareja con cuatro hijos, que tienen entre dos y 12 años.

“Quiero dar las gracias a todas estas personas que han estado aquí ayudando en estos momentos tan duros”, dijo Nancy tras confirmarse la demora, publicó el diario español El País.

La PAH madrileña ha conseguido evitar varios desalojos y su lucha está dirigida  a conseguir que se reforme la Ley Hipotecaria para que se establezca el régimen de dación en pago, de manera que la entrega de la vivienda suponga la cancelación automática de la deuda bancaria.

Tras llegar a España, procedente de Ecuador, en 1999, Nancy se instaló en Barcelona y en 2006 firmó con su marido Ángel una hipoteca con la Caixa Catalunya. Las cosas les iban razonablemente bien: él trabajaba como albañil y ella como empleada de la limpieza. Pero la burbuja inmobiliaria estalló y su cónyuge se quedó sin empleo.  Los 820 euros que ella gana   no pueden hacerle frente a los 1.600 a que    actualmente asciende la hipoteca.

La historia de Nancy es una de las miles que afloran y que se multiplican a velocidad de vértigo. Según consultores españoles,  unas 15.000 familias ecuatorianas serían  afectadas este año por este tipo de procesos.

Congreso aprueba medidas

El pleno del Congreso español  aprobó ayer  un decreto de ayuda a las familias que no puedan pagar sus créditos hipotecarios.

La iniciativa, que pretende frenar el incremento de los desahucios, eleva a 961 euros el sueldo que no se puede embargar por impago de una hipoteca  y crea créditos de 3.400 millones de euros  para deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos.

Al comienzo de la crisis, en los primeros meses de 2008, los desahucios apenas alcanzaban los 5.000, pero esta cifra ha    aumentado debido a la crisis de empleo que vive  el país ibérico. Un total de 15.491 familias tuvo que abandonar sus casas en el primer trimestre del año por no   cancelar la hipoteca, según datos del Consejo General del Poder Judicial. 

En marzo pasado, 36.000 personas se sumaron a la desocupación, lo que eleva a 4,17 millones el número de desempleados. Mientras que el último reporte de 2009 arrojó la alarmante noticia de que el 43,8% de los menores de 25 años no tiene trabajo, el número más alto de   la Unión Europea.