Los territorios generan equidad

Desde la alocución de John Kenneth Galbraith, en diciembre de 1972, donde expuso que “cuando incluimos en nuestro
sistema al poder y por tanto a la política, ya no podemos eludir o disfrazar el carácter contradictorio del Estado Moderno.

El Estado es el objetivo primordial del poder económico, es un cautivo”, muchos analistas encontraron otra visión de la economía que no era precisamente los modelos elaborados y sofisticados.

Esta ponencia fue titulada “el poder y el economista útil” donde J. K. Galbraith señalaba que los problemas de la sociedad no pasaban precisamente por la imperfección de los mercados y la falta de información, sino el por manejo del poder y los intereses en disputa.

Esas palabras nunca se comprendieron en la década de los ochenta y noventa para explicar muchos de los problemas
de las sociedades latinoaméricanas, donde el ascenso del neoliberalismo se forjó como pensamiento único siendo la banca, transnacionales y grupos económicos locales los nuevos líderes del sistema capitalista dejando atrás a los obreros y asalariados.

La región, desde finales de los setenta vivió un proceso de cambio donde la receta era la apertura comercial, liberalización de capitales y las privatizaciones.

Siempre se afirmó desde la ortodoxia económica que las crisis económicas pasaban por la falta de gobernabilidad, la mala implementación de las medidas económicas impulsadas desde el stablihsment financiero o exceso del gasto público. Nunca se analizó las disputas hegemónicas por el control del Estado o su desaparición.

A América Latina se le vendió la idea de que mientras menos Estado existía, la mano invisible del mercado acompañaría a muchos de sus pobres a salir de la marginalidad. Los resultados fueron todo lo contrario. Los intentos de una mayor reforma profunda venida de la corriente neoliberal llevó a casi todos los países de Latinoamérica al peor de los mundos.

Se define como crisis a un momento de ruptura en el funcionamiento de un sistema, un cambio cualitativo en sentido
positivo o negativo. Ecuador ha tenido varias crisis que lo han llevado a realizar transformaciones profundas en su economía y en la política.

La crisis de 1983 llevó a socializar las pérdidas generadas por el hiperendeudamiento de los empresarios en los setenta, el cual desembocó en la política del permanente ajuste socio-económico y las reformas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

La crisis de 1999 ocasionó la dolarización total de la economía y la recomposición del neoliberalismo en Ecuador. Este proceso estuvo acompañado de un deterioro de las instituciones y de la desconfianza de la sociedad en sus representantes.

Las protestas ciudadanas en contra de sus representantes y una cada vez mayor concentración del ingreso, a pesar de los altos ingresos generados por el aumento de los precios del petróleo, llevó a la sociedad a crear una ruptura en el sistema político generando un cambio cualitativo, por primera vez, positivo.

El cambio iniciado en 2007 demuestra una nueva época en la correlación de fuerzas donde el stablishment económico y financiero reconfigurado después de la crisis bancaria de 1999 fue desplazado totalmente por los intereses de las clases populares.

La tesis fundamental que marca el proceso de transformación en el período 2006-2007 fue transformar el régimen
de acumulación, entendido como la forma en que se produce y distribuye. Ese cambio se puede generar con la renovación del modo de regulación social.

Los dos ejes que estuvieron en juego en el proceso son: la transformación productiva económica y la transformación
política institucional, que empezaron a tener nueva forma desde 2008 con la aplicación de la nueva Constitución, que de un Estado social de derecho como establece la Constitución de 1998, dio paso a un Estado constitucional de derechos y justicia social.

La reinstitucionalización estatal con la nueva Constitución

A partir de 2008, desde que empezó a regir la nueva Constitución, se pone de manifiesto cambios sustanciales para la construcción de un Estado que reconoce al otro, con el propósito de alcanzar el buen vivir de los ciudadanos.

El diseño de ese Estado se lo enmarca en cinco ejes fundamentales que reconfiguran las relaciones Estado-sociedad:
la instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia; el reconocimiento del Ecuador como un Estado plurinacional e intercultural; la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales de la democracia y de la política pública; un nuevo régimen de desarrollo planificado, participativo y descentralizado que busca la recuperación de la soberanía y la consecución del buen vivir; y una nueva organización territorial del Estado.

El artículo 1 de la Constitución manifiesta que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada (…)”.

Para consolidar ese Estado, el régimen delineó el Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional del Buen Vivir, contemplando los sectores prioritarios del Estado para respetar y hacer respetar los derechos de los ecuatorianos garantizando desde el artículo 12 hasta el 34 como son: ambiente sano, comunicación e información, cultura y ciencia, educación, salud, y trabajo y seguridad social (gráfico 1). Pensar el territorio como el espacio de concreción de la política pública y, a su vez, a las dinámicas territoriales como elementos sustantivos para la planificación pública, es una apuesta y un gran desafío para el proceso de planificación. Requiere un tratamiento de doble vía, en el que la planificación local alimenta y nutre a la nacional y viceversa como parte de un procedimiento de construcción de un nuevo tipo de Estado policéntrico.

Al partir de esta concepción, la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) identificó al territorio como un sistema complejo y dinámico que se transforma continuamente, en donde se deposita la historia económica, política y
social de un país.

La distribución del Ejecutivo en el territorio evidencia la correlación de fuerzas políticas, sociales y económicas, las
cuales se visibilizan en la organicidad del Estado y en la repartición del poder en el territorio, que históricamente su manejo estaba centralizado a favor de élites económicas. Como estrategia para cambiar de un Estado centralizado a uno más democrático, la técnica más democratizadora frente al centralismo estatal es la descentralización en diferentes niveles de gobierno y la desconcentración de las unidades administrativas del Ejecutivo con miras a superar la histórica inequidad territorial.

La descentralización significa entregar responsabilidades y recursos desde el Gobierno Central hacia los gobiernos
seccionales (prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales) denominados GAD’s.

Con la descentralización las instituciones actúan con autonomía y bajo su propia responsabilidad, cumpliendo las demandas ciudadanas. Con la desconcentración, en cambio, se trasladan los servicios que ofrece una entidad de nivel nacional (ministerios) hacia el territorio cercano a los ciudadanos a través de zonas, distritos o circuitos (gráfico 2).

De esa manera, la institución nacional es la que controla y asegura la calidad y cumplimiento de los servicios.

Desde la visión neoliberal la descentralización es un proceso de reducción del tamaño del Estado, desregulación y ajuste. La propuesta era que las instituciones pertenecientes al Gobierno central pasen a niveles subnacionales
o a la empresa privada, bajo el supuesto de lograr una mayor eficiencia y eficacia de la gestión
pública .

Las formas y mecanismos de redistribución no son temas prioritarios en el debate de la perspectiva neoliberal.

Varios analistas consideraron que la Constitución de 1998 fue profundamente descentralizadora, pues declaró que todo era descentralizable, excepto: la defensa y la seguridad nacional; la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales; la política económica y tributaria del Estado; y la gestión de endeudamiento externo. No obstante, en diez años de vigencia de esa Constitución, el país poco avanzó en términos de descentralización. En la práctica, solo los gobiernos locales de las ciudades más grandes del país (Quito, Guayaquil y Cuenca) y algunos
municipios pequeños que previamente contaron con gran apoyo de la cooperación internacional (como Cotacachi)
asumieron competencias adicionales, mientras la gran mayoría de municipios del país continuaron desempeñando sus
roles tradicionales por falta de apoyo del gobierno de turno.

En otras palabras, la descentralización establecida en la Constitución de 1998 perseguía el debilitamiento del Estado
central y la profundización de las desigualdades territoriales. Desde la promulgación de la Constitución de 2008, la descentralización es un tema que toma forma y fuerza en el país, más aún con la vigencia del Código Orgánico de Organziación Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el cual distribuye al territorio nacional
en nueve zonas, constituidas por distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente a las entidades del sector público.

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos, en total son 14. Coincide con un cantón o unión de al menos cuatro cantones que engloben unos 90 mil habitantes. El Circuito, es la unidad más pequeña, existen en total 1.134. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias de unos 11.000 habitantes en promedio.

La acción descentralizada que se practica ahora está más cerca del ciudadano, al entregarle y garantizarle servicios públicos de calidad (atención en las instituciones públicas, provisión de servicios básicos –alcantarillado, agua potable, energía, entre otros-). Así se pueden garantizar la equidad, esto porque los servicios y su administración se planifica
desde cada rincón del Estado con una visión local.

Esto funciona cuando la acción estatal está alineada a los principios establecidos en la Constitución, y en la medida en
que se fortalece la participación activa de la ciudadanía, se genera un cambio paradigmático que desestructura las viejas relaciones sociales garantizando el desarrollo integral del ser humano. En los tres años de ejecución del primer
plan de desarrollo planteado por la nueva Constitución, se ha buscado dar un giro total al modelo de Estado neoliberal
por uno democrático, que priorice el desarrollo social, el bien común de la ciudadanía y deje atrás el privilegio entregado a intereses particulares.

Ahora se trabaja en la cimentación de los pilares para una nueva gestión eficiente, profesionalizada, meritocrática, comprometida con la satisfacción de las demandas de la población, alejada de viejas prácticas burocráticas, logrando
recuperar la rectoría de la gestión pública para la regulación y control del talento humano a fin de promover la calidad
de la gestión pública.

Para hacerlo existe un marco normativo para el mejoramiento del servicio público y sus prácticas, la Ley Orgánica
del Servicio Público; hay tiene una norma técnica de procesos que homologa los trámites administrativos en el nivel
central; se ha invertido en la renovación, cifra que asciende a 267’720.272,72 dólares durante este año, e integración de talento humano cualificado, con lo que se ha mejorado la capacidad institucional del aparato público. Finalmente se ha impulsado un sistema integrado de talento humano para lograr la excelencia y profesionalización óptima y sostenida del servicio público.

Además se ha priorizado a la transformación política que inició con el proceso constituyente y que se extiende con la
promulgación de más de 150 leyes, de ese total, más de una veintena constituyen leyes programáticas como: la
Ley Orgánica de Compras Públicas, de Emepresas Públicas, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Ley Orgánica de Regulación y Contol del Poder de Mercado, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas públicas, entre otras.

Se organizó al poder Estatal en 5 funciones: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Transparencia y Control Social, y Electoral, por primera vez institucionalizando la participación ciudadana y el control social.

Se reorganizó la Función Ejecutiva optimizando las instituciones del aparato estatal, recuperando la autoridad pública
y con ella las facultades de rectoría, planificación, regulación, control y redistribución con la finalidad de transformar
las relaciones de poder: se ha priorizado la inversión pública, con énfasis en el pago de la deuda social, privilegiando la vida y el bien de los ciudadanos por sobre una deuda externa ilegítima, se ha dado pasos firmes para eliminar a los
grupos de poder del aparato estatal y se han sentado las bases para la construcción del Estado Plurinacional.

Propuesta de la segunda reforma del Estado período 2013-2017

En los primeros pasos dados en la fase de recuperación de lo público y la construcción de un Estado democrático para el Buen Vivir, se identifican varios desafíos: la persistencia de resquicios de los grupos de poder en el aparato estatal,
la coordinación institucional para viabilizar con mayor agilidad la agenda nacional, la gerencia eficaz de las empresas
públicas, la construcción del Estado plurinacional, la consolidación del nuevo modelo territorial, el fortalecimiento de
la participación ciudadana, la optimización funcional e institucional del Estado y la promulgación de un ordenamiento
jurídico que acelere los cambios estructurales que demanda la sociedad.

Por eso el actual Régimen, en caso de ser reelecto se plantea una segunda reforma del Estado orientada al fortalecimiento de la institucionalización y radicalización de los principios democráticos con miras alcanzar los propósitos constitucionales del Buen Vivir.

El contenido programático de la agenda buscará consolidar:

1) el control de la participación de los grupos de poder en
el aparato estatal mediante la regulación de las actividades de lobby, la ampliación de la participación ciudadana y la democratización del Estado a través de mayores espacios de debate y razonamiento político en condiciones de igualdad; 2) el cambio de paradigma de desarrollo económico hacia el Buen Vivir; y, 3) una gestión pública basada en el efectivo rendimiento organizativo y regulatorio de la Función Ejecutiva.

La construcción de ese Estado se basa en mantener relaciones armónicas entre la autoridad pública, el mercado, la sociedad y la naturaleza, para ello se establecen acciones y reformas en los siguientes temas: consolidación de la sociedad del conocimiento y el cambio de la matriz productiva; consolidación del sistema económico social solidario; generación de condiciones de igualdad, equidad e inclusión social; garantía de la protección y la seguridad social; gobierno corporativo de las empresas públicas; sistema integral de gobernabilidad nacional, y racionalización
del Ejecutivo, articulación y coordinación institucional coherente. El despliegue del Estado sobre estos ejes estratégicos desarrollará las sinergias necesarias para la consecución del nuevo régimen de producción y redistribución de riqueza, generando capacidades y oportunidades productivas con una profunda igualdad e inclusión
social, que cierre las brechas de pobreza. Según Fander Falconí, titular de la Senplades, el reto es construir un posneoliberalismo.

Mejorar la eficiencia en las empresas públicas hasta llevarlas al punto en que contribuyan en forma significativa
al financiamiento, así como conformar una institucionalidad técnica para mejorar los servicios que nos prestan a
los ciudadanos.