Los pedidos de jubilación serán priorizados

El Viceministro de Trabajo, Pablo Calle, explicó los alcances del Acuerdo Ministerial No. 100 que contiene directrices para la desvinculación de servidores públicos que desean acogerse a la jubilación.

En su tercer considerando, el Acuerdo cita el artículo 129 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que recoge el derecho de quienes se acojan a la jubilación, a recibir por una sola vez salarios básicos unificados (SBU) por cada año de servicio, contados desde el quinto año y hasta un monto máximo de 150 salarios básicos unificados.  

Calle aclaró que las compensaciones se cancelarán en función de los recursos disponibles. Para ello, el Ministerio de Finanzas asignará anualmente el dinero según un sistema de priorización y la cantidad de personas que se jubilen.

Los fondos se distribuirán dependiendo de factores como edad, fecha de la solicitud y años de servicio. El Comité de Gestión Pública Interministerial priorizará las jubilaciones.

Calle habló de casos en los cuales las unidades de Talento Humano no receptaban las solicitudes por falta de disponibilidad de recursos, obligando al funcionario a permanecer en su cargo. “Ahora se cambia el sistema (…) estamos garantizando el derecho de los jubilados para que no les obliguen a estar en su puesto de trabajo en contra de su voluntad”, afirmó.

Una vez presentada la solicitud de jubilación, las unidades de Talento Humano tienen la obligación de recibir el documento, y la persona podrá despedirse de su cargo a los 15 días posteriores.

Desde 2011 a 2015, se acogieron a la jubilación y recibieron su compensación alrededor de 22.000 servidores. Además se han presentado 28.000 solicitudes correspondientes de enero a mayo de este año. En este monto se incluyen aquellas pendientes del año anterior. (I)

$ 53.100 es el máximo para las compensaciones

El Acuerdo Ministerial No. 100 establece que dentro del actual período fiscal se considerarán las solicitudes presentadas hasta abril. Aquellas presentadas después serán procesadas en el siguiente período. Las solicitudes entrarán a un proceso de revisión para verificar el cumplimiento de todos los requisitos y “que efectivamente sean para este período fiscal y de ahí se dirá cuáles son las elegidas”, explicó Calle. Un servidor público podrá recibir hasta un máximo de $ 53.100. (I)