El autodenominado grupo “Deudores de buena fe de la banca cerrada” busca sensibilizar a las autoridades del Banco Central del Ecuador (BCE) para que analicen el origen de las acreencias que  mantienen en la cartera que deben ejecutar. Ellos  aseguran que son el resultado del cobro de “intereses sobre intereses”.

Este es el caso de una vivienda adquirida en la ciudadela Los Samanes, en 1998, a un costo de 28.000 dólares. Hasta la fecha han cancelado 41.000 dólares y hay una deuda en firme por otros 43.000 dólares. La casa está en proceso de remate por el BCE.

La vivienda pertenece a Eduardo Nivela, miembro del referido grupo, quien junto con 30 personas acudieron a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, para  exponer públicamente el porqué son deudores de buena fe.

Nivela, con palabras entrecortadas, explicó que la vivienda la adquirió cuando tenía un salario de más de 2.000 dólares en el año 1998 y cerca de 400 dólares destinaba para pagarla. En ese momento cancelaba normalmente hasta que hubo la dolarización y disminuyó su sueldo, a menos de 500 dólares, y posteriormente quedó desempleado.

“En ese momento prioricé comer y pagar los estudios de mis hijas..., y dejar de cancelar  las cuotas. Con el tiempo financié la deuda hasta que quedó un saldo del capital por 13.000 dólares. El resto son intereses sobre intereses que me cobran, además de honorarios de abogados y costes del proceso”, indicó.

El grupo de deudores, en el auditorio de la universidad, pidió que se haga una auditoría de los créditos para establecer el valor real de lo adeudado sin anatocismo (capitalización de los intereses); además, que  se consideren las fechas reales de los pagos que “desaparecieron” y los que fueron aplicados con fechas posteriores.

Gisella de Nivela expresó que el Banco Central asumió la cartera que debían cobrar de los deudores de la banca cerrada sin constatar que los montos adeudados sean los reales o que no tengan impugnaciones. “Hemos reclamado a las personas del Central y afirman que no pueden hacer nada más que cobrar, porque estarían entrando en un acto de peculado. Hay deudores honestos y esos somos nosotros”, anotó.

Además, pidieron que se suspendan los juicios coactivos y el proceso de remate de los bienes inmuebles que garantizan las operaciones de crédito. Otro caso es el de Jorge Sotomayor, quien obtuvo un crédito por 300.000 dólares de Filanbanco para un proyecto bananero.

Él aseguró que ya ha  cancelado 1,8 millones de dólares, pero las haciendas están a punto de ser embargadas. “En su momento dejé de cancelar a causa del fenómeno El Niño”, subrayó.