Hasta hace diez años, Esteban Collago sabía la fecha exacta en la que debía sembrar en Pitana Bajo, una comunidad con 1.500 habitantes localizada en Cayambe (Pichincha). “A fines de agosto había que sembrar maíz para la fanesca. Y la última siembra era el 2 de noviembre. Ahora todo depende de las lluvias porque aquí hay hasta ocho meses de verano”, comenta su hijo.

José Pacheco, presidente de aquella comuna, agregó que “justo en las fechas de siembra, el suelo es seco”.

En la vida cotidiana de las familias residentes en la región Andina, aquellas manifestaciones de la transformación climática planetaria conllevan consigo afectaciones a las plantaciones de maíz, papas, habas, hortalizas y legumbres. Su consecuencia última es, usualmente, la disminución de esos productos en la alimentación diaria de los comuneros y en los mercados locales.

La cooperación entre Estado y sociedad genera soluciones

Para contrarrestar las consecuencias del cambio climático en las economías familiares rurales, el Gobierno Nacional ejecuta el proyecto ‘Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante los efectos adversos del cambio climático con énfasis en seguridad alimentaria y consideraciones de género en la cuenca del río Jubones y en Pichincha’ (Foreccsa), bajo el lema ‘El clima está cambiando, por una buena alimentación nos vamos adaptando’, cuyo proyecto inició en 2011 y estará vigente hasta 2018.

“En las zonas beneficiadas, junto con los socios ejecutores, se hizo primero un estudio de vulnerabilidad para conocer las amenazas. Eso permitió detectar los lugares más sensibles para actuar”, indicó Javier Rojas, gerente nacional de Foreccsa.

Actualmente, en este proyecto participan el Ministerio del Ambiente como responsable de la ejecución nacional, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), como asesor en soberanía alimentaria; el Gobierno Provincial de Pichincha y 37 gobiernos autónomos descentralizados cantonales y parroquiales de Loja, Azuay y El Oro; y, en el territorio, los socios ejecutores, 200 comunidades y 15.000 familias rurales.

Además, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas proporciona asistencia técnica para la implementación de las acciones, financiadas con recursos no reembolsables del Fondo de Adaptación, que comprometió $ 7’449.468.

El trabajo busca soberanía alimentaria y mayor equidad

Entre sus ejes de acción, el Foreccsa contempla la soberanía alimentaria y la equidad de género. Por ello, además de facilitar el acceso al agua potable entre las familias campesinas, sus intervenciones buscan contrarrestar la escasez hídrica y las pérdidas productivas en las chacras a través de la dotación de sistemas de riego, la implementación de prácticas agroecológicas y la diversificación de cultivos y crianzas.

Con respecto al género, Rojas indica que la incorporación de esa variable es importante porque los efectos del cambio climático son diferentes para hombres y mujeres, debido a las distinciones tradicionales en los roles familiares y productivos. Por eso en los estudios del proyecto se detectó que existiría mayor y mejor producción de alimentos si las mujeres tuvieran el mismo acceso y poder sobre factores productivos como tierra, materia prima, semillas, herramientas, tecnología y crédito.

Por su parte, Libia Cuaján, capacitadora de nutrición en Cayambe, señaló que “la alimentación no era la adecuada. Pero, con el proyecto, los agricultores están sensibilizados para que tengan su huerto orgánico. Así pueden variar su producción y alimentarse sanamente”.

El gerente de Foreccsa señaló que para reducir la incertidumbre ocasionada por el cambio ambiental global se instalan equipos para medir aspectos climáticos y se construyen reservorios. “No sabemos cuándo debemos sembrar; cuando queremos sembrar está seco. Pero con el reservorio, aunque no llueva, sí podemos sembrar”, dijo María Dolores Quimbiamba, quien fue declarada ‘Guardiana del agua’ en San Luis de Chisi. Ella hizo así referencia a uno de los siete reservorios que permiten almacenar más de 100.000 metros cúbicos y que fueron construidos en las parroquias La Esperanza, Tabacundo, Malchingui, Otón y Olmedo.

En Cangagua y Ascázubi, por otra parte, se mejoraron 9 kilómetros de líneas de conducción de agua de riego para pequeños agricultores. Así mismo, se optimizó la entrega de agua para 1.000 hectáreas ocupadas por 1.049 familias agricultoras. (I)